Maricarmen Abascal, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, ha sido desahuciada este miércoles 23 de septiembre de la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que residía desde 1956. La mujer salió del inmueble en camilla y fue trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón tras ejecutarse el cuarto intento de lanzamiento.
La comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas residiendo en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro de Madrid. La inquilina abandonó el edificio alrededor de las 13.00 horas en una camilla y fue trasladada por los servicios sanitarios al Hospital Gregorio Marañón.
El lanzamiento se produjo en el cuarto intento y después de años de litigio sobre un contrato de renta antigua cuyo origen se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen alquiló la vivienda. La mujer tiene reconocida una discapacidad del 50% y problemas de movilidad. Tras recibir atención médica, su intención era alojarse temporalmente con familiares.
El caso ha reabierto el debate sobre el acceso a la vivienda y la situación de determinados contratos antiguos en España. Una cuestión que también tiene especial relevancia en la provincia de Alicante, donde el precio del alquiler se ha situado en máximos en distintos municipios y el coste de acceder a una vivienda se ha convertido en un problema creciente para numerosos hogares.
El cuarto intento de desahucio termina con la salida de Maricarmen en camilla
Maricarmen residía en el inmueble desde 1956. Según la información difundida este miércoles por EFE, la vivienda pertenece actualmente a Urbagestión Desarrollo e Inversión y la comisión judicial terminó ejecutando el lanzamiento después de los anteriores aplazamientos.
La mujer venía pagando unos 500 euros mensuales y la propiedad reclamaba una renta de 2.650 euros al mes, según EFE y la información publicada en las horas previas al desalojo. Una donante anónima había llegado a ofrecerse a cubrir la diferencia para intentar evitar la salida de la vivienda, pero la propuesta no permitió alcanzar un acuerdo con la propiedad.
La defensa también solicitó un nuevo aplazamiento alegando razones humanitarias y planteó diferentes alternativas antes de la ejecución del lanzamiento. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, sostuvo que la propiedad no había aceptado las propuestas formuladas para evitar o retrasar el desalojo.
“Aquí se van pasando la pelota y nadie asume la responsabilidad y todo el mundo dice que es el de al lado”, manifestó Duro durante la jornada.
La situación de Maricarmen guarda relación con un problema que DSAlicante ya ha abordado desde una perspectiva local. En Alicante, otros procedimientos de desahucio de personas en situación de vulnerabilidad han generado durante los últimos años movilizaciones y peticiones para encontrar alternativas habitacionales.
Qué es la renta antigua y por qué resulta clave en este caso
El origen del conflicto está relacionado con un contrato de renta antigua, denominación utilizada habitualmente para determinados contratos de alquiler suscritos antes de las reformas que modificaron profundamente el régimen de arrendamientos urbanos.
En el caso de Maricarmen, el contrato original fue firmado por su padre en 1956. Tras el fallecimiento de sus progenitores, la continuidad del arrendamiento y las limitaciones legales a las sucesivas subrogaciones terminaron convirtiéndose en uno de los elementos centrales del procedimiento.
El caso resulta especialmente significativo porque muestra cómo un contrato firmado hace siete décadas puede terminar enfrentándose a un mercado inmobiliario completamente diferente al existente cuando comenzó el arrendamiento.
No todos los contratos de alquiler se encuentran sometidos al mismo régimen jurídico. La fecha de firma, las posibles subrogaciones y la legislación aplicable pueden modificar sustancialmente los derechos y obligaciones de las partes, por lo que cada situación debe analizarse individualmente.
Para quienes actualmente viven de alquiler en la Comunitat Valenciana también existen obligaciones específicas. Por ejemplo, la fianza de un alquiler en Alicante debe ser depositada por el arrendador ante la Generalitat Valenciana, además de las condiciones establecidas por la normativa estatal de arrendamientos urbanos.
El acceso a la vivienda también preocupa en Alicante
Aunque el desahucio se ha producido en Madrid, el debate sobre el coste de la vivienda tiene una dimensión claramente nacional y encuentra un reflejo directo en Alicante y otros municipios de la Costa Blanca.
Los precios anunciados del alquiler han aumentado en numerosos municipios alicantinos durante 2026. Alicante capital, Benidorm, Torrevieja, Dénia, Jávea y Orihuela Costa figuran entre los mercados sometidos a una importante presión residencial, según los datos inmobiliarios recopilados por DSAlicante.
La dificultad no reside únicamente en encontrar vivienda disponible, sino también en que la renta resulte compatible con los ingresos familiares. Un análisis sobre cuánto hay que ganar para alquilar un piso en Alicante permite comprobar cómo cambia el esfuerzo económico de un hogar cuando la mensualidad alcanza los 700, 900, 1.100 o 1.300 euros.
La presión es especialmente visible en las localidades costeras. Durante este verano, los alquileres próximos a la costa de Alicante han superado los 1.100 euros en numerosas zonas, en un mercado condicionado por factores como la oferta residencial disponible y una elevada demanda.
La compraventa tampoco permanece ajena al encarecimiento. El precio anunciado de la vivienda en Alicante alcanzó en agosto de 2026 los 2.721 euros por metro cuadrado, aunque las diferencias entre barrios y municipios de la provincia son considerables.
Cientos de personas acudieron a apoyar a Maricarmen
El desahucio estuvo acompañado por una movilización ciudadana. Cientos de personas acudieron al entorno de la vivienda para mostrar su apoyo a Maricarmen y tratar de impedir el lanzamiento. RTVE informó de que unas 500 personas se habían concentrado ya durante la jornada anterior ante el inmueble.
Finalmente, los servicios sanitarios sacaron a la mujer en camilla poco antes de las 13.00 horas. Una ambulancia del Samur la trasladó posteriormente al Hospital Gregorio Marañón.
El caso llega además en un momento en el que las administraciones alicantinas buscan diferentes fórmulas para ampliar el parque residencial. Entre ellas figura la previsión incluida en el Plan General de Alicante para desarrollar más de 22.000 viviendas en nuevas zonas residenciales, junto con vivienda dotacional destinada al alquiler asequible.
La evolución del mercado puede seguirse también en la sección de Vivienda de DSAlicante, que reúne información sobre alquileres, compraventa, ayudas públicas, vivienda protegida y trámites relacionados con el mercado residencial en Alicante y la Comunitat Valenciana.
Qué ocurrirá ahora con Maricarmen
Después del desahucio, Maricarmen fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón para recibir atención médica. Según la información publicada durante la tarde de este miércoles, posteriormente tenía previsto permanecer temporalmente con familiares.
El lanzamiento pone fin a su residencia en la vivienda de Retiro en la que había vivido desde 1956, pero mantiene abierto el debate sobre las alternativas habitacionales para personas mayores y vulnerables y sobre la evolución del mercado del alquiler.
En Alicante, donde el precio de la vivienda también registra máximos en diferentes indicadores, la cuestión tiene una lectura cercana: el acceso a un alquiler estable y compatible con los ingresos del hogar se ha convertido en uno de los principales retos residenciales para jóvenes, familias y personas mayores de la provincia.
Información útil y contexto:
Hecho: ejecución del desahucio de Maricarmen Abascal.
Edad: 87 años.
Fecha: miércoles, 23 de septiembre de 2026.
Lugar: calle Alcalde Sáinz de Baranda, distrito de Retiro, Madrid.
Residencia en la vivienda: desde 1956.
Discapacidad reconocida: 50%.
Renta que venía abonando: alrededor de 500 euros mensuales.
Nueva renta reclamada por la propiedad: 2.650 euros mensuales, según EFE.
Resultado: lanzamiento ejecutado en el cuarto intento y traslado de Maricarmen al Hospital Gregorio Marañón.
Situación posterior conocida: alojamiento temporal previsto con familiares.
