La mujer de 87 años regresará a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda cuando reciba el alta hospitalaria. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y la renta no podrá superar el 30% de sus ingresos netos.
Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas en el distrito madrileño de Retiro, ha aceptado el acuerdo alcanzado con Urbagestión para regresar a su casa. La vuelta se producirá cuando reciba el alta del Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada desde el desalojo.
El pacto fue alcanzado después de más de cuatro horas de negociación entre los representantes de Maricarmen y la propiedad, con la mediación de técnicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y la participación del Sindicato de Inquilinas. El nuevo contrato tendrá una vigencia de ocho años y establecerá una renta que no podrá superar el 30% de los ingresos netos de la inquilina.
Maricarmen podrá regresar a su vivienda cuando salga del hospital
El acuerdo pone fin, al menos en lo relativo al regreso a la vivienda, a varios días de incertidumbre después del desahucio ejecutado el 23 de septiembre de 2026 en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro.
Maricarmen fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón después del lanzamiento y permanece ingresada. Su abogada, Beatriz Duro, ha confirmado este martes que la afectada ha aceptado las condiciones negociadas y está deseando regresar a su domicilio. RTVE sitúa la futura renta en torno a los 500 euros mensuales, sin superar en ningún caso el 30% de sus ingresos.
El caso ha vuelto a colocar en primer plano el debate sobre el acceso y la permanencia en una vivienda, una cuestión que también tiene especial incidencia en la provincia de Alicante. DSAlicante mantiene una sección específica de actualidad sobre vivienda, donde se recoge la evolución del mercado inmobiliario, las ayudas públicas y los cambios que afectan a propietarios e inquilinos.
En Alicante, por ejemplo, el aumento del coste residencial está obligando a numerosos hogares a dedicar una parte creciente de sus ingresos al arrendamiento. Un análisis de DSAlicante sobre cuánto hay que ganar para alquilar un piso en Alicante utiliza precisamente como referencia la recomendación de no destinar más del 30% de los ingresos netos del hogar a la vivienda.
Un contrato de ocho años y una renta vinculada a sus ingresos
Uno de los elementos centrales del acuerdo es la nueva relación contractual entre Maricarmen y la empresa propietaria.
Según la información confirmada tras la negociación, el contrato tendrá una duración de ocho años y el importe del alquiler quedará vinculado a la capacidad económica de la inquilina, con un límite máximo del 30% de sus ingresos netos.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo intervendrá a través de su servicio de intermediación del alquiler. Entre las herramientas planteadas figuran garantías como un seguro de impago, una póliza multirriesgo del hogar y asesoramiento técnico y jurídico.
La solución supone un cambio sustancial respecto a las cantidades planteadas anteriormente durante el conflicto. Según la información publicada antes del acuerdo, Urbagestión llegó a reclamar inicialmente 2.650 euros mensuales, cantidad que posteriormente se redujo hasta una horquilla de aproximadamente 1.600-1.650 euros.
El nuevo escenario deja, por tanto, el alquiler en una cantidad muy inferior y vinculada directamente a los ingresos de Maricarmen.
La relación entre salario, pensión y coste del arrendamiento constituye también una de las principales preocupaciones del mercado residencial alicantino. Los últimos contenidos publicados por este medio muestran que el alquiler en varios municipios de Alicante alcanzó máximos durante 2026, especialmente en localidades costeras.
El origen del conflicto por la vivienda de Maricarmen
El conflicto se remonta a la situación contractual de la vivienda y a las sucesivas subrogaciones del antiguo contrato de alquiler.
El padre de Maricarmen firmó el contrato original en 1956. Posteriormente pasó a su madre y, tras el fallecimiento de esta en 2005, a Maricarmen. La controversia jurídica se centró en los límites establecidos para las sucesivas subrogaciones de los contratos de renta antigua.
Urbagestión adquirió posteriormente la vivienda y defendió judicialmente que el contrato había quedado extinguido. Después de un procedimiento que pasó por diferentes instancias, el conflicto terminó desembocando en el lanzamiento ejecutado el pasado 23 de septiembre.
El caso adquirió una amplia repercusión social y mediática, con concentraciones y movilizaciones contra el desahucio.
Más allá de Madrid, el problema del acceso a una vivienda asequible afecta a numerosos territorios. En la provincia alicantina, DSAlicante ha informado de que vivir de alquiler cerca de la costa de Alicante supera los 1.100 euros en numerosas zonas, en un mercado marcado por la elevada demanda y una oferta limitada.
Las administraciones alicantinas están desarrollando paralelamente diferentes actuaciones destinadas a ampliar el parque residencial asequible. Entre ellas figura el proyecto municipal para impulsar 1.300 viviendas de alquiler social en Alicante, dirigidas, entre otros colectivos, a personas mayores, jóvenes y hogares en situación de vulnerabilidad.
La mediación de la EMVS permite cerrar el acuerdo
En la reunión que permitió desbloquear el conflicto participaron la representación de Maricarmen, Urbagestión, el Sindicato de Inquilinas y técnicos municipales de la EMVS.
Por parte de Maricarmen intervino su abogada, Beatriz Duro, además de representantes del Sindicato de Inquilinas y de la familia. La empresa estuvo representada por sus gestores y asesores legales.
La mediación permitió alcanzar el nuevo contrato después de más de cuatro horas de conversaciones.
El acuerdo contempla garantías para ambas partes y abre la puerta al regreso de Maricarmen al domicilio en el que ha desarrollado prácticamente toda su vida.
La intervención pública mediante vivienda protegida, alquiler asequible y programas de mediación constituye igualmente uno de los principales instrumentos utilizados para intentar aliviar las dificultades de acceso residencial. En Alicante, además de los proyectos de alquiler social, el Ayuntamiento prepara 32 viviendas protegidas en el barrio de San Blas, parte de ellas vinculadas al alquiler joven.
Qué falta ahora para que Maricarmen vuelva a casa
La principal diferencia respecto a las informaciones difundidas inmediatamente después de la negociación es que Maricarmen ya ha aceptado el acuerdo.
Su regreso depende ahora del alta hospitalaria y de la formalización del nuevo contrato. Según ha explicado su representación legal, sus pertenencias continúan en la vivienda y la intención es que pueda regresar cuando su situación médica lo permita.
El acuerdo garantiza un arrendamiento de ocho años y limita la renta al 30% de sus ingresos netos, unas condiciones muy diferentes a las planteadas durante las etapas anteriores del conflicto.
El caso continuará teniendo relevancia dentro del debate nacional sobre vivienda, alquiler y protección de las personas vulnerables. Para los lectores de la provincia, la evolución del mercado residencial puede seguirse en la cobertura de DSAlicante sobre vivienda protegida y acceso residencial en Alicante.
