Llevamos ya varios meses escuchando noticias y rumores sobre políticos como José Luis Ábalos y otros altos cargos que supuestamente han pagado por sexo. Pero lo que más me preocupa en todo esto no es tanto el morbo mediático que rodea a estas acusaciones, sino el hecho de que el foco de la discusión se está desviando hacia las trabajadoras sexuales involucradas, en lugar de centrarse en el verdadero problema: el dinero público.
Estamos, una vez más, colocando a personas como «Jésica» en una situación que ya es insostenible. ¿Estamos repitiendo la historia de Monica Lewinsky? ¿Es justo que se criminalice y se señale a las trabajadoras sexuales como las malas del cuento cuando, en realidad, ellas son las que menos poder tienen en esta ecuación? La verdadera pregunta aquí debería ser: ¿qué está pasando con el dinero público?
Hay que recordar que las trabajadoras sexuales no son las delincuentes en este escenario. El verdadero problema radica en aquellos que, aprovechándose de su posición de poder, utilizan dinero público para contratar estos servicios. Esta situación no solo refleja una falta de ética, sino también una cultura de impunidad que permite que las personas más vulnerables se conviertan en objetos de abuso por parte de quienes tienen el poder para silenciarlas.
¿Qué es lo que realmente estamos ignorando al centrar el debate en las trabajadoras sexuales? Estas personas, en su mayoría, no tienen acceso a los derechos básicos que deberían tener. Son invisibilizadas y criminalizadas . En muchos casos, muchas de ellas se encuentran en situaciones aún más precarias debido a su estatus migratorio, sin papeles y, por lo tanto, expuestas a abusos. El sistema no las protege.
Lo más indignante es que, mientras algunos políticos, incluso altos cargos del país, se aprovechan de la situación, prometen una vida mejor, papeles y trabajos a cambio de su silencio, se mantienen en la sombra. Estas trabajadoras sexuales, que son coaccionadas y amenazadas para callar, se convierten en las víctimas de una sociedad que no las protege. ¿Y qué pasa con los responsables? ¿Qué están haciendo nuestros políticos al respecto?
Nada, pensar en una abolición para que sigan siendo víctimas del sistema
El verdadero cambio debería ser la lucha por la regularización y los derechos de las trabajadoras sexuales, no la abolición. Porque, ¿quiénes son los que realmente deberían ser investigados? No son ellas. Son aquellos que, aprovechándose de su estatus, continúan explotando y manipulando a personas que carecen de los derechos fundamentales. Son los que abusan de una situación de vulnerabilidad y silencian a aquellos que, a cambio de su poder, mantienen estas prácticas ocultas.
Ya es hora de que todos recordemos que, en estos casos, no son las trabajadoras sexuales las que deberían ser juzgadas ni criminalizadas, sino aquellos con poder que las exponen a una vida de miedo y coacción. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué están haciendo nuestros políticos para defenderlas? ¿Están realmente comprometidos con la protección y el bienestar de estas personas, o simplemente son realmente la parte que las explota?
Es hora de dejar de culpar a las víctimas y empezar a cuestionar a quienes realmente son responsables de que estas situaciones de abuso continúen ocurriendo.
Susana Pastor
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