La jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública del Residencial Les Naus, en Playa de San Juan, ha requerido al Ayuntamiento de Alicante que entregue en un plazo de cinco días documentación relacionada con la enajenación de la parcela municipal sobre la que se construyó la promoción. La magistrada también ha reiterado a la Policía Nacional la necesidad de avanzar en las diligencias solicitadas.
El requerimiento, recogido en una providencia judicial y comunicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se dirige a los Servicios Jurídicos municipales. La documentación solicitada incluye actuaciones administrativas, comunicaciones internas e informes relacionados con el procedimiento de venta del terreno durante 2018.
La jueza advierte al Ayuntamiento de Alicante de posibles responsabilidades
La magistrada ha establecido un «plazo inexcusable de cinco días», contado desde la recepción del requerimiento, para que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento aporten la documentación que ya había solicitado mediante un oficio fechado el 7 de octubre.
La providencia incorpora además una advertencia expresa al consistorio: en caso de un nuevo incumplimiento, podría incurrir en las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.
Esta advertencia no implica que se hayan declarado responsabilidades, sino que constituye un requerimiento judicial para obtener información considerada necesaria para la investigación.
La documentación pendiente está relacionada con el procedimiento administrativo de enajenación de una parcela de titularidad municipal destinada posteriormente a la construcción de viviendas protegidas en el Residencial Les Naus, situado en Playa de San Juan.
Qué documentación reclama la jueza sobre la parcela de Les Naus
Según la información trasladada por el TSJCV, la investigación se centra, entre otras cuestiones, en las actuaciones que pudo realizar el Ayuntamiento de Alicante entre dos fechas concretas del procedimiento de venta del suelo.
El 10 de julio de 2018, la Junta de Gobierno Local aprobó la valoración de la parcela. Posteriormente, el 5 de septiembre de ese mismo año, se publicó el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La magistrada quiere conocer si durante ese intervalo se desarrollaron actuaciones administrativas y, en su caso, disponer de la documentación correspondiente.
Entre los documentos solicitados figuran:
Las comunicaciones entre las concejalías de Gestión Patrimonial y Contratación.
Las comunicaciones internas mantenidas dentro de cada una de esas áreas municipales.
Las peticiones de informes y los informes que pudieran haberse emitido.
La documentación relacionada con las dudas surgidas sobre el precio de la parcela.
Las actuaciones relativas a la suspensión del expediente y su posterior reanudación, en caso de haberse producido.
La información sobre la publicidad que recibió el acuerdo municipal del 10 de julio de 2018, al margen de la Plataforma de Contratación.
Uno de los aspectos relevantes es la petición de documentación sobre las dudas relacionadas con el precio del terreno. La jueza pretende disponer de las comunicaciones administrativas que permitan reconstruir cómo se tramitó el expediente.
También solicita aclaraciones sobre la eventual decisión de suspender las actuaciones de impulso del procedimiento y sobre el levantamiento de esa suspensión.
La investigación deberá determinar el alcance de la información recopilada, sin que estas solicitudes permitan concluir por sí solas que se cometieron irregularidades.
La Policía Nacional debe continuar las pesquisas sobre las viviendas protegidas
La providencia también se dirige al grupo investigador de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, al que la magistrada ha reiterado el cumplimiento de un oficio fechado el 23 de febrero.
La instructora había autorizado previamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a recopilar información y comenzar las pesquisas policiales relacionadas con los hechos investigados.
La intervención de esta unidad se enmarca en las diligencias de investigación y no supone, por sí misma, que se hayan acreditado delitos económicos o responsabilidades penales.
La documentación municipal y los resultados de las actuaciones policiales pueden contribuir a esclarecer las circunstancias del procedimiento de enajenación de la parcela y los hechos relacionados con las adjudicaciones de las viviendas protegidas.
Por qué es importante esta investigación para Alicante
El procedimiento judicial tiene especial interés público por su relación con la vivienda protegida y la gestión de patrimonio municipal en Alicante.
Las viviendas de protección pública están sujetas a condiciones específicas y forman parte de las políticas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda a personas que cumplen determinados requisitos.
En este caso, la investigación afecta a una promoción construida sobre un terreno que anteriormente pertenecía al Ayuntamiento de Alicante.
El esclarecimiento de la tramitación administrativa resulta relevante para conocer cómo se gestionó ese suelo público y qué actuaciones se realizaron antes de su licitación.
Para los vecinos de Playa de San Juan y el conjunto de la ciudad, el procedimiento plantea cuestiones de interés sobre la transparencia administrativa, la gestión del patrimonio municipal y las garantías que deben acompañar a las promociones de vivienda protegida.
No obstante, la información disponible no acredita que el nuevo requerimiento judicial implique cambios en la situación de los residentes, modificaciones de las adjudicaciones o medidas que afecten directamente a la ocupación de las viviendas.
Qué ocurrirá ahora con la investigación de Les Naus
El siguiente paso previsto es la entrega de la documentación reclamada por el juzgado. El plazo de cinco días comenzará a contar desde la recepción del requerimiento por los Servicios Jurídicos municipales, de acuerdo con el contenido de la providencia.
Paralelamente, la Policía Nacional deberá atender las diligencias que la magistrada ha reiterado.
La documentación que aporte el Ayuntamiento y los resultados de las pesquisas policiales permitirán continuar con el esclarecimiento de los hechos investigados.
Por el momento, la información facilitada no concreta cuándo se producirán nuevas resoluciones ni cuál será el siguiente trámite procesal una vez recibidos los documentos.
El caso Les Naus continúa así vinculado a dos cuestiones fundamentales para Alicante: la investigación de las adjudicaciones de vivienda protegida y el examen judicial de las actuaciones administrativas relacionadas con la venta de suelo municipal.
La actuación policial se suma a otras diligencias conocidas durante la investigación. DSAlicante ya informó de la intervención de la UDEF en el caso Les Naus, centrada en la recopilación de información relevante para las pesquisas judiciales.
En paralelo, el residencial ha sido objeto de comprobaciones administrativas sobre el uso de las viviendas. Entre los antecedentes figuran las inspecciones policiales realizadas en Les Naus y la investigación de posibles alquileres irregulares en viviendas protegidas.
Añadir después del apartado «Por qué es importante esta investigación para Alicante»:
El caso también ha tenido consecuencias en el debate público sobre la adjudicación de viviendas protegidas. Entre las informaciones publicadas por este periódico se encuentran las renuncias comunicadas por adjudicatarios de Les Naus y las dudas sobre otras adjudicaciones de la promoción. Son antecedentes distintos del requerimiento judicial sobre la parcela municipal.
El debate se extiende además al régimen jurídico de estas promociones, abordado en el análisis sobre la duración de la protección de las viviendas de Les Naus.
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