Gobierne Quien Gobierne

La democracia española no necesita únicamente cambiar de presidente. Necesita instituciones independientes, una representación más equilibrada, controles efectivos sobre el poder y gobernantes obligados a rendir cuentas ante los ciudadanos.

Cada cierto tiempo buscamos un culpable de nuestros problemas políticos. Ayer fue Zapatero. Después Rajoy. Hoy Pedro Sánchez. Mañana será otro. Personalizar los errores resulta cómodo. Permite señalar a una persona y confiar en que un cambio de rostro resolverá aquello que no funciona. Pero muchos de los problemas que denunciamos no nacieron con un presidente concreto ni desaparecerán automáticamente cuando llegue el siguiente.

La cuestión no debería limitarse a juzgar a quien gobierna, sino a preguntarnos por qué determinadas prácticas permanecen, independientemente de quién ocupe el poder. Durante décadas, PSOE y PP han protagonizado una competición donde los mismos actores parten con ventaja. Los demás pueden concurrir, pero las reglas no siempre permiten competir en igualdad de condiciones. Y cuando resulta necesario alcanzar acuerdos para gobernar, aparecen pactos que en ocasiones contradicen compromisos adquiridos durante las campañas electorales.

Pactar es legítimo en democracia. Lo que exige explicaciones es abandonar compromisos ante los electores sin justificar suficientemente el cambio de criterio. Porque los ciudadanos votan, los gobiernos cambian, pero determinadas prácticas permanecen.

Nuestra Constitución reconoce el pluralismo político y el derecho de participación de los ciudadanos. Sin embargo, el sistema electoral español genera diferencias significativas en la conversión de votos en escaños. La combinación de circunscripciones provinciales, asignación mínima de diputados por provincia y aplicación del método D’Hondt puede provocar que formaciones con cientos de miles de votos repartidos por España obtengan menos representación que otras con menos sufragios, pero concentrados territorialmente. El reducido número de diputados que se eligen en muchas provincias acentúa especialmente estas diferencias.

Es cierto que el sistema también responde a criterios de representación territorial. Pero resulta legítimo preguntarse si el equilibrio entre ese objetivo y la proporcionalidad política sigue siendo el más adecuado. Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho al voto, pero el sistema no siempre transforma sus votos en escaños con la misma proporcionalidad. Revisar este modelo no supone cuestionar la legitimidad de las elecciones, sino debatir cómo mejorar la representatividad respetando nuestra Constitución y nuestra diversidad territorial. Una democracia no debería temer la entrada de nuevos competidores, sino que los ciudadanos dejen de creer que merece la pena participar.

A esta realidad se añade otra transformación preocupante: las campañas electorales se parecen cada vez más a campañas publicitarias. Se diseñan relatos, se analizan emociones y se identifica al adversario más útil para movilizar al electorado. Con demasiada frecuencia importa más captar atención que explicar soluciones. Después llegan los cambios de criterio y las promesas olvidadas, acompañados de explicaciones que rara vez figuraban en los programas electorales.

La política no debería consistir en elegir al mejor vendedor, sino en identificar a quienes demuestren preparación, capacidad y compromiso para gestionar los asuntos públicos. Y, sobre todo, debería permitir evaluar después si han cumplido lo prometido. Porque una campaña puede ganarse con un buen relato. Un país, no.

Respetar la voluntad de la mayoría es esencial en democracia. Pero una mayoría parlamentaria no equivale a un cheque en blanco. La calidad democrática no depende únicamente de cómo se elige a los gobernantes, sino también de cómo se limita y controla su poder. Cuando los acuerdos parlamentarios dejan de responder a proyectos compartidos y se convierten exclusivamente en mecanismos de supervivencia política, surge una pregunta incómoda: ¿se gobierna para resolver los problemas de España o se administran los problemas de España para seguir gobernando?

Esta reflexión no afecta únicamente al Gobierno actual. Afecta a cualquier formación que interprete una mayoría parlamentaria como una autorización para extender su influencia más allá de lo razonable. La Constitución atribuye a las Cortes Generales la función de controlar la acción del Gobierno y establece que los parlamentarios no están sometidos a mandato imperativo. Sin embargo, la disciplina interna de los partidos puede limitar en la práctica la autonomía de los representantes.

Mantener una línea política común es legítimo. Lo que no resulta saludable es que esa disciplina sustituya al debate interno o debilite la función de control. La lealtad a un partido no debería confundirse con la renuncia al criterio propio, especialmente cuando se trata de fiscalizar al poder.

La misma exigencia debe extenderse a las instituciones llamadas a actuar como contrapeso. La independencia judicial, los órganos reguladores y las entidades de fiscalización necesitan autonomía real, pero también deben transmitir esa independencia a la ciudadanía. Los nombramientos institucionales no deberían percibirse como repartos de cuotas entre partidos. Un Parlamento fuerte y unas instituciones independientes no debilitan al Gobierno. Fortalecen la democracia.

Existe, además, una cuestión que debería ocupar un lugar central en cualquier debate sobre calidad institucional: la gestión del dinero público. Quien solicita administrar recursos procedentes de los impuestos debe explicar qué pretende hacer con ellos, cómo piensa hacerlo y qué resultados obtiene. Los presupuestos no deberían ser simples declaraciones de intenciones ni herramientas de comunicación política, sino compromisos cuya ejecución y resultados puedan comprobarse.

La Constitución obliga al Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado dentro de los plazos establecidos. No presentarlos y no conseguir su aprobación son situaciones distintas, porque un Gobierno puede cumplir su obligación y encontrarse con una negativa legítima del Parlamento. Pero esa obligación tampoco debería convertirse en un simple trámite. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué se prometió, cuánto se presupuestó, cuánto se gastó y qué objetivos se alcanzaron.

Cada administración debería presentar anualmente un balance público, claro y verificable, que permita comparar los compromisos anunciados, los recursos presupuestados, el gasto ejecutado y los resultados obtenidos. Cuando se haya gastado más de lo previsto, habrá que explicarlo. Cuando se haya gastado menos, también. Porque gastar menos no siempre significa ahorrar. A veces significa que una inversión prometida nunca llegó a realizarse. Y gastar todo tampoco garantiza una buena gestión si los objetivos comprometidos no se alcanzaron.

No se trata de criminalizar el error, sino de diferenciar el error del engaño. Cuando existan indicios objetivos de manipulación, ocultación de información relevante o irregularidades graves, deben poder investigarse y fiscalizarse con independencia, respetando las competencias de los órganos de control y las garantías legales. Pero, incluso cuando no existan irregularidades, los responsables políticos deben responder por los resultados de su gestión.

El presidente del Gobierno debería presentar anualmente ante el Parlamento un balance público de ejecución presupuestaria y cumplimiento de objetivos, acompañado de las explicaciones de los ministros responsables de las principales desviaciones. La misma obligación, adaptada a cada nivel institucional, debería extenderse a comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Aunque ya existen cuentas públicas y mecanismos de fiscalización, esa información debería convertirse en un verdadero balance de gestión, comprensible para cualquier ciudadano. Todos tenemos derecho a conocer qué ocurrió con el presupuesto de nuestro municipio, de nuestra comunidad autónoma y del Estado, con las mismas exigencias de transparencia y claridad.

Gestionar bien no consiste en gastar más ni en gastar menos. Consiste en utilizar eficazmente los recursos públicos para obtener resultados. Porque el dinero público no pertenece a los gobiernos. Pertenece a los ciudadanos.

También merece una reflexión la abstención electoral. Millones de ciudadanos deciden no participar en las elecciones por motivos muy diversos: desinterés, decepción, protesta, desconfianza o circunstancias personales. La abstención no constituye una posición política única, pero sí representa una realidad que merece atención.

Podría estudiarse, incluso, cómo mantener visible durante toda la legislatura el porcentaje de participación y abstención electoral en nuestras instituciones, sin alterar la representación parlamentaria ni atribuir una posición política común a quienes no votaron. Se trataría simplemente de recordar que una parte de la ciudadanía no participó en la elección de sus representantes. Una democracia no debería preguntarse únicamente cuántos ciudadanos votan, sino también por qué tantos dejan de hacerlo.

Ahora bien, sería demasiado cómodo atribuir toda la responsabilidad a los políticos. Los ciudadanos también desempeñamos un papel fundamental. Una sociedad madura necesita gobernantes responsables, pero también ciudadanos informados, críticos y dispuestos a exigir coherencia a quienes solicitan su confianza. La fidelidad incondicional a unas siglas empobrece la vida pública tanto como la indiferencia.

Necesitamos ciudadanos capaces de reconocer la buena gestión y exigir responsabilidades por los incumplimientos, con independencia del partido que los protagonice. Porque la calidad democrática depende tanto de quienes gobiernan como de quienes los eligen.

España es una democracia consolidada. Tenemos libertades, pluralismo político, elecciones libres e instituciones constitucionales. Precisamente por eso debemos aspirar a mejorarla. Necesitamos una representación electoral más equilibrada, un Parlamento que ejerza eficazmente su función de control, instituciones independientes, mayor transparencia en los acuerdos políticos y una verdadera cultura de rendición de cuentas.

Necesitamos también partidos más democráticos internamente, representantes más vinculados a los ciudadanos y gobiernos obligados a explicar no solo sus decisiones, sino también sus resultados. No para favorecer unas siglas frente a otras ni para sustituir unas mayorías por otras, sino para garantizar que cualquier gobierno, del signo que sea, encuentre límites claros, controles efectivos y ciudadanos suficientemente informados para exigir responsabilidades.

¿Fue un error votar a Sánchez? Para algunos españoles, sí. Para otros, no. Y ambas posiciones son legítimas. Pero el verdadero error sería creer que nuestros problemas desaparecerán simplemente cambiando de presidente. Sería igualmente un error sustituir una mayoría por otra dispuesta a reproducir las mismas prácticas.

España no necesita nuevos dueños del poder. Necesita instituciones capaces de limitarlo, parlamentos que fiscalicen realmente a los gobiernos, presupuestos transparentes y ciudadanos que puedan exigir responsabilidades.

La democracia no consiste en confiar en que siempre gobernarán los nuestros. Consiste en construir instituciones tan fuertes que también controlen a quienes votamos cuando llegan al poder.

Porque los gobiernos pasan, las instituciones permanecen y la libertad de los ciudadanos depende de que esas instituciones sean capaces de poner límites a cualquier gobierno.

Porque importa quién gobierna. Pero importa todavía más que nadie pueda gobernar sin controles, sin transparencia y sin rendir cuentas.

Gobierne quien gobierne.