Aena y Adif: ¿quién gestiona, quién decide y quién responde?

Cuando compramos un billete de avión o de tren, también contribuimos a financiar las infraestructuras que utilizamos. La pregunta es sencilla: ¿se está administrando ese dinero de la mejor manera posible?

Las víctimas de los accidentes ferroviarios y sus familias merecen todo nuestro respeto, solidaridad y el esclarecimiento riguroso de lo ocurrido. Precisamente por ello, los recientes debates sobre el estado de nuestra red ferroviaria deberían servir también para reflexionar sobre cómo se administran y mantienen unas infraestructuras que han costado miles de millones de euros a los españoles.

España cuenta con dos grandes gestores de infraestructuras de transporte: Aena y ADIF Alta Velocidad. Ambos están bajo la responsabilidad del mismo Ministerio, aunque funcionan con modelos diferentes. Precisamente por ello resulta interesante compararlos.

Estamos acostumbrados a escuchar anuncios de nuevas inversiones, ampliaciones y grandes proyectos. Sin embargo, pocas veces se habla del coste de conservar lo que ya existe.

Una vía de alta velocidad necesita inspecciones, reparaciones y renovaciones periódicas. Un aeropuerto requiere mantener pistas, terminales, sistemas eléctricos y equipamientos de seguridad. Construir es importante, pero mantener lo construido es igual de esencial.

ADIF Alta Velocidad destinó en 2025 más de 430 millones de euros al mantenimiento de su red, mientras que la inversión en renovación de infraestructuras existentes descendió aproximadamente un 25 % respecto al año anterior. Al mismo tiempo, aumentaba el tráfico ferroviario.

Aena también incrementó sus gastos específicos de mantenimiento, pasando de 231 a casi 259 millones de euros.

Las cifras, por sí solas, no permiten concluir quién gestiona mejor. Sus infraestructuras y necesidades son diferentes. Pero sí plantean preguntas razonables: ¿se está actuando sobre las instalaciones antes de que aparezcan los problemas? ¿Se priorizan correctamente las renovaciones? ¿Se ejecutan realmente las inversiones anunciadas?

Porque una infraestructura bien mantenida rara vez ocupa titulares. Su conservación es fundamental para reducir riesgos y mantener la calidad del servicio, aunque ningún sistema pueda eliminar completamente la posibilidad de accidentes.

¿Qué pagamos realmente cuando viajamos?

El mantenimiento necesita financiación. Las aerolíneas pagan por utilizar los aeropuertos y las compañías ferroviarias abonan importantes cantidades a ADIF por el uso de la red.

Esos ingresos ayudan a sostener las infraestructuras, junto con otras fuentes de financiación. Por ello resulta legítimo preguntar: ¿cuánto se recauda, qué parte se destina a conservar las infraestructuras y cuánto cuesta administrar esos recursos?

No se trata de exigir que todo vaya al mantenimiento, sino de conocer cómo se distribuye el dinero y qué resultados se obtienen.

¿Influye la falta de nuevos presupuestos?

España continúa en 2026 funcionando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados.

Ello no impide el funcionamiento de las administraciones, pero sí invita a preguntarse si ha condicionado la planificación y ejecución de determinadas inversiones.

ADIF depende parcialmente de aportaciones públicas, mientras que Aena financia habitualmente sus inversiones aeroportuarias con los ingresos de su actividad.

¿Se han ejecutado todas las inversiones previstas? ¿Han influido las prórrogas presupuestarias en algunas decisiones?

Son preguntas que merecen respuestas claras, sin convertir las sospechas en conclusiones anticipadas.

¿Quién administra tantos millones?

Hay otro aspecto al que prestamos menos atención de la que merece: la composición de los consejos de administración.

Las grandes entidades públicas manejan presupuestos multimillonarios y participan en decisiones de enorme trascendencia económica y social. Por ello, sus órganos de dirección y supervisión deberían contar, ante todo, con profesionales de experiencia acreditada en ingeniería, economía, gestión empresarial, seguridad y mantenimiento de infraestructuras.

La representación política o institucional puede ser legítima, pero no debería prevalecer sobre la preparación profesional. Lo mismo cabe plantear respecto a la representación sindical, que dispone de órganos propios para defender los intereses de los trabajadores.

No se trata de excluir a nadie por su procedencia, sino de garantizar que los conocimientos y la experiencia sean determinantes para ocupar puestos de tanta responsabilidad.

España ya aprendió algunas lecciones con la crisis de las cajas de ahorros, que también puso de manifiesto la importancia de contar con órganos de dirección preparados y controles eficaces.

Un consejo de administración no debería limitarse a representar intereses. Debe estar preparado para supervisar decisiones, controlar riesgos y exigir resultados.

Porque la buena gestión no depende únicamente del dinero disponible, sino también de quienes deciden cómo utilizarlo.

¿Y qué resultados obtenemos?

Aena cerró 2025 con un beneficio neto superior a 2.100 millones de euros para el conjunto de su grupo empresarial, mientras que ADIF Alta Velocidad presentó pérdidas.

Eso no significa, por sí solo, que una entidad esté mejor gestionada que otra. Sus obligaciones y modelos de financiación son distintos.

Lo importante es comprobar si los recursos disponibles se transforman en infraestructuras seguras, eficientes y correctamente mantenidas.

Por eso considero necesario avanzar en tres objetivos:

Cuentas claras y comprensibles, que expliquen cuánto se ingresa, cuánto se gasta y qué inversiones se realizan realmente.
Auditorías técnicas independientes, con información pública sobre el estado de las infraestructuras, las deficiencias detectadas y las medidas adoptadas para corregirlas.
Resultados medibles y accesibles, que permitan evaluar el cumplimiento de los planes de mantenimiento y renovación.

Cuentas claras, sin rincones oscuros

La transparencia no consiste únicamente en publicar cientos de páginas de datos. Consiste en que cualquier ciudadano pueda entender qué se hace con su dinero y qué resultados se obtienen.

No deberíamos necesitar conocimientos especializados para saber cuánto cuesta mantener una vía ferroviaria, conservar un aeropuerto o sostener la estructura administrativa de las entidades que los gestionan.

Lo mismo que exigimos a quienes administran grandes infraestructuras nacionales debería exigirse a cualquier ayuntamiento: presupuestos comprensibles, mantenimiento planificado, inversiones ejecutadas y resultados verificables.

Y cuando se producen accidentes o incidencias graves, corresponde investigar sus causas con rigor, sin adelantar responsabilidades, pero también sin dejar preguntas importantes sin responder.

Porque gastar mucho no garantiza una buena gestión. Pero gastar menos tampoco significa necesariamente ahorrar.

Las infraestructuras públicas son un patrimonio construido con el esfuerzo de generaciones. Nuestra obligación es conservarlo, mejorarlo y transmitirlo en las mejores condiciones posibles.

Y quienes tienen la responsabilidad de administrarlo deben explicar sus decisiones, sus gastos y sus resultados.

Gobierne quien gobierne.