La denuncia de FAADA por la muerte de Trunks se salda con una condena de 12 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para tener animales. La fundación advierte de que una intervención municipal y policial a tiempo podría haber evitado este desenlace.
El caso de Trunks, un perro que en febrero de 2023 murió de hambre y sed tras permanecer encerrado en una vivienda de un municipio del Ripollès (Girona), ha concluido con una sentencia condenatoria. Su propietaria ha sido condenada a 12 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para la tenencia de animales, después de reconocer los hechos y aceptar su responsabilidad por un delito de maltrato animal con resultado de muerte.
La sentencia, dictada el pasado 19 de octubre por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia núm. 1 de Girona, pone fin a un procedimiento judicial en el que la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha ejercido la acusación popular.
La condena incluye también la prohibición de ejercer actividades profesionales relacionadas con animales durante cuatro años. No obstante, la ejecución de la pena de prisión ha quedado suspendida durante dos años, condicionada a que la condenada no vuelva a delinquir y participe en un programa formativo en materia de protección animal.
FAADA consigue la máxima inhabilitación prevista por la ley
FAADA aceptó el acuerdo de conformidad alcanzado durante el procedimiento judicial teniendo en cuenta las dificultades procesales que presentaba el caso y que podían comprometer la obtención de una sentencia condenatoria. Entre estas dificultades se encontraban las dudas sobre el cumplimiento de las garantías legales durante la entrada en la vivienda, así como determinadas cuestiones relacionadas con la trazabilidad y conservación de las pruebas.
Aunque la fundación aspiraba inicialmente a conseguir la mayor pena de prisión posible, la legislación aplicable establecía un máximo de 18 meses. Además, al carecer la acusada de antecedentes penales, tanto una condena de 12 meses como una de 18 podían ser objeto de suspensión, por lo que una pena superior no garantizaba su ingreso efectivo en prisión.
«Ante las dificultades probatorias que presentaba el procedimiento, consideramos fundamental asegurar una condena y evitar el riesgo de que los hechos quedaran impunes. Conseguir cuatro años de inhabilitación, el máximo previsto legalmente, era una prioridad para impedir que esta persona pudiera volver a tener animales durante ese periodo», explica Anna Estaran, abogada de FAADA.
La actuación municipal, bajo el punto de mira
Más allá de la responsabilidad penal de la propietaria, el caso de Trunks plantea importantes interrogantes sobre la respuesta de las administraciones públicas ante situaciones de posible maltrato animal. Durante el procedimiento judicial, FAADA manifestó su preocupación por la actuación del Ayuntamiento y de los Mossos d’Esquadra, que había recibido avisos sobre la situación del perro antes de que fuera encontrado muerto.
Según la fundación, las actuaciones municipales y policiales fueron insuficientes para comprobar de forma efectiva el estado del animal y garantizar su protección, pese a las señales de alarma existentes. Por este motivo, FAADA solicitó que se investigara la posible responsabilidad penal de las autoridades por su actuación ante los hechos. Sin embargo, esta petición fue desestimada y no se ha declarado responsabilidad penal municipal.
«Cuando una administración recibe avisos de que un animal puede encontrarse en peligro, es imprescindible que actúe con diligencia y compruebe de manera efectiva su situación. No basta con realizar actuaciones que no permitan verificar si el animal está a salvo. En casos como este, el tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte», señala Sandra Vega, abogada de FAADA.
La fundación insiste en la necesidad de que las administraciones asuman un papel activo en la prevención del maltrato animal y utilicen los mecanismos legales de protección a su alcance cuando existen indicios de que un animal puede estar sufriendo, sin perjuicio del respeto a las resoluciones judiciales.
La importancia de las pruebas para esclarecer la muerte de Trunks
La investigación de los hechos también puso de relieve la importancia de la intervención de los profesionales que participaron en la conservación del cadáver y en la determinación de las causas de la muerte.
FAADA ha querido destacar especialmente la labor de los Agents Rurals en la realización de la necropsia, así como la profesionalidad y colaboración de la veterinaria que conservó el cuerpo de Trunks en condiciones óptimas, permitiendo disponer de pruebas fundamentales para esclarecer lo sucedido.
Su trabajo resultó especialmente relevante en un procedimiento en el que la correcta obtención y conservación de las pruebas constituía una cuestión determinante.
Una muerte que podría haberse evitado
La sentencia supone el reconocimiento judicial de la gravedad de los hechos y establece consecuencias penales para la persona responsable. Sin embargo, ninguna condena puede reparar el sufrimiento de Trunks ni devolverle la vida.
«No podemos conformarnos con que la justicia actúe cuando el animal ya ha muerto. La verdadera protección animal pasa por detectar estas situaciones, intervenir a tiempo y evitar que se produzcan desenlaces como el de Trunks», concluye Anna Estaran.
FAADA advierte de que este caso evidencia la necesidad de reforzar la respuesta de las administraciones ante los avisos de posible maltrato animal, así como de garantizar una intervención rápida y eficaz cuando existen indicios de que la vida de un animal puede estar en peligro.
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