Una nación puede debatir sobre política, economía, impuestos o modelos sociales, puede discrepar sobre casi cualquier asunto, sin embargo, existe un principio que debería situarse por encima de cualquier diferencia ideológica, la defensa de sus fronteras y el respeto a la soberanía del Estado.
La reciente entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta ha vuelto a sacudir la conciencia de muchos ciudadanos. Más allá de las cifras, que ya de por sí resultan impactantes, el verdadero problema reside en el mensaje que transmite un episodio de estas características. Ningún país puede contemplar con normalidad que, en apenas unas horas, una parte tan importante de su frontera quede prácticamente desbordada.
No estamos hablando de personas que huyen de una guerra como las que desgraciadamente asolan otras regiones del mundo. Marruecos no vive un conflicto bélico, ello no significa que no existan ciudadanos marroquíes que busquen legítimamente mejorar sus condiciones de vida, pero esa realidad no puede justificar que se produzcan entradas masivas al margen de los procedimientos legales establecidos.
España lleva años destinando importantes recursos, junto con la Unión Europea, a la cooperación con Marruecos. Una parte de esa colaboración persigue precisamente reforzar el control fronterizo, combatir las mafias que trafican con seres humanos y favorecer la estabilidad en una zona especialmente sensible para Europa. Por ello resulta inevitable que muchos ciudadanos se pregunten si esos compromisos están siendo cumplidos cuando, en momentos de tensión, los controles parecen relajarse de forma tan llamativa.
La inmigración jamás debería utilizarse como instrumento de presión política, cuando miles de personas son empleadas como elemento de negociación entre Estados, se deshumaniza tanto a quienes cruzan la frontera como a quienes reciben las consecuencias de una situación que desborda la capacidad de respuesta de cualquier administración. Ningún ser humano debería convertirse en una pieza dentro de una estrategia diplomática.
A ello se añade una inquietud creciente entre buena parte de la sociedad española.
Si un episodio de semejante magnitud puede producirse en Ceuta, muchos ciudadanos se preguntan qué garantías existen para que no vuelva a repetirse en el futuro. La estabilidad de una frontera no puede depender de circunstancias coyunturales ni de la mayor o menor sintonía política entre gobiernos. Debe descansar sobre el respeto a los acuerdos internacionales y sobre el compromiso firme de ambas partes.
En los últimos días también han circulado diversas hipótesis acerca de posibles influencias geopolíticas derivadas de las buenas relaciones entre Marruecos y la Administración estadounidense. Es legítimo que surjan preguntas cuando confluyen intereses internacionales de tanta relevancia, sin embargo, también es una obligación ética reconocer que, hasta la fecha, no existen pruebas públicas que permitan establecer una relación directa entre esos vínculos diplomáticos y la reciente crisis migratoria. La prudencia nunca debilita un argumento, al contrario, lo fortalece.
Lo que sí constituye un hecho indiscutible es que España tiene derecho a exigir que los acuerdos de cooperación se cumplan, del mismo modo que nuestro país contribuye económica y políticamente a mantener una colaboración estable con Marruecos, también puede reclamar reciprocidad, lealtad institucional y responsabilidad en la gestión de una frontera que no solo pertenece a España, sino que representa una de las puertas de entrada a la Unión Europea.
Defender las fronteras no es un gesto de insolidaridad, tampoco supone negar ayuda a quienes realmente necesitan protección internacional. Una democracia madura puede y debe distinguir entre el deber humanitario de atender a quienes tienen derecho al asilo y la obligación de impedir que la inmigración irregular se convierta en un fenómeno descontrolado. Ambas responsabilidades son perfectamente compatibles cuando existe voluntad política y cooperación sincera entre los Estados.
Ceuta y Melilla no son únicamente dos ciudades situadas al otro lado del Estrecho, son parte de España y como tal merecen la misma protección institucional que cualquier otro rincón del territorio nacional. Su estabilidad no puede quedar sometida a pulsos diplomáticos ni a decisiones unilaterales que generen incertidumbre entre sus habitantes.
La política exterior exige dialogo, inteligencia y capacidad de negociación, pero también requiere firmeza cuando están en juego la soberanía, la seguridad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La cooperación entre países solo puede sostenerse sobre la confianza mutua. Cuando esa confianza se resquebraja, corresponde a los gobiernos reconstruirla con hechos y no únicamente con declaraciones.
España no puede permitirse que sus fronteras se conviertan en una moneda de cambio. Porque cuando la política utiliza a miles de personas como instrumento de presión, no pierde únicamente un Estado, perdemos todos.
- CONCHI BASILIO
