El Partido de Acción y Responsabilidad (PAR) manifiesta su total oposición a la actual aplicación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Recogida y Tratamiento de Residuos del Ayuntamiento de Alicante.
Consideramos que esta tasa vulnera no solo la Directiva Europea 2018/851, sino también principios básicos recogidos en la Constitución Española, como la igualdad ante la ley (art. 14 CE) y la justicia tributaria (art. 31 CE).
👉 Una tasa regresiva e injusta.
La ordenanza genera desigualdades entre contribuyentes y constituye un tributo regresivo, ya que no tiene en cuenta la capacidad económica real de cada ciudadano. Además, ignora el principio europeo de “quien contamina paga”, obligando al pago a viviendas vacías que no generan residuos.
👉 Sin base objetiva.
El Ayuntamiento no dispone de ningún dato que relacione los metros cuadrados de una vivienda con la generación de más o menos basura. De esta forma, se penaliza a los propietarios sin criterio técnico ni proporcionalidad.
👉 Sin estímulos para la ciudadanía.
La actual ordenanza tampoco fomenta la colaboración ciudadana en la reducción y gestión responsable de residuos, perdiendo la oportunidad de incentivar el reciclaje y las buenas prácticas.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos que reciban la liquidación?
Desde el PAR queremos informar a la ciudadanía de sus derechos y de las vías legales disponibles:
Pagar sin recurrir, dentro del plazo voluntario (aprox. 2 meses), evitando recargos e intereses.
Recurrir en vía administrativa:
Presentar un recurso de reposición en el plazo de 1 mes. El PAR facilitará gratuitamente un modelo de recurso a quien lo solicite.
En ausencia de tribunal económico-administrativo local, el siguiente paso sería el recurso contencioso-administrativo.
Recurso contencioso-administrativo: Ante el TSJCV, si el Ayuntamiento desestima el recurso de reposición.
Pagar y recurrir: La ley permite abonar la tasa para evitar sanciones y, al mismo tiempo, impugnarla. En caso de ganar, se devuelve lo pagado con intereses.
Llamamiento a la ciudadanía
El PAR anima a todos los afectados a organizarse y defender sus derechos frente a una tasa injusta. Si existe un número suficiente de reclamantes, se promoverá un recurso colectivo para minimizar los costes económicos y reforzar la fuerza de la ciudadanía ante la Administración.
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