Cada día, miles de trabajadores en España se ven obligados a utilizar su vehículo particular para acudir a su puesto de trabajo ante la inexistencia de un transporte público viable. Una realidad que contrasta con la de quienes, en muchas ciudades, disponen de sistemas de transporte subvencionados que permiten desplazarse durante todo el año por un coste reducido.
Mientras se anuncian ayudas específicas para sectores como el transporte profesional o la agricultura, estos trabajadores —sin alternativas reales— continúan asumiendo íntegramente el coste de desplazarse para poder mantener su empleo.
Una desigualdad silenciosa que afecta a miles de familias
No se trata de comodidad, sino de necesidad. Muchos puestos de trabajo se encuentran a más de una hora en transporte público, cuando existe, o directamente carecen de conexión. En estos casos, el vehículo privado no es una elección: es la única opción.
El coste real de esta situación es significativo. Un trabajador que recorre 80 kilómetros diarios con un vehículo de 23.000 € financiado a ocho años afronta cada mes:
- 189 € en combustible (a 1,65 €/L)
- 300 € de financiación
- 60 € en mantenimiento
- 20 € en neumáticos
- 43 € en seguro e impuestos
Total: 612 € mensuales solo para poder trabajar.
Con un salario neto de 1.300 €, casi la mitad del sueldo desaparece antes incluso de comenzar el mes.
El contraste: transporte público subvencionado
En numerosas ciudades españolas, los ciudadanos pueden desplazarse durante todo el año por importes muy inferiores:
- 1.032 €/año (bono más caro)
- 360 €/año (bono más económico)
Estos sistemas están financiados con fondos públicos, es decir, con los impuestos de todos los contribuyentes, incluidos aquellos que no disponen de transporte público, no lo utilizan o no tienen previsión de tenerlo.
Impacto en el acceso al empleo
Ante esta realidad, resulta comprensible que algunas personas que perciben prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, el desempleo o ayudas específicas no puedan aceptar determinados empleos si ello implica destinar más de 600 € mensuales únicamente al desplazamiento.
No es una cuestión de voluntad.
Es una cuestión de viabilidad económica.
Propuesta de medidas
Para corregir esta desigualdad estructural, se plantea la necesidad de articular medidas específicas que garanticen un acceso equitativo al empleo:
- Establecer deducciones o compensaciones para los trabajadores que deban utilizar su vehículo privado cuando no exista transporte público viable o el tiempo de desplazamiento supere 1 hora y 30 minutos.
- Permitir la deducción de los gastos de transporte público cuando sea necesario utilizar varios abonos de distintos sistemas (municipales, provinciales o autonómicos), de modo que cualquier coste que exceda el precio máximo de un bono anual de referencia sea igualmente compensado.
Estas medidas permitirían equilibrar una desigualdad que impacta directamente en la capacidad de trabajar, en la economía de los hogares y en la cohesión territorial.
“No puede hablarse de igualdad cuando unos llegan con un bono… y otros llegan pagando medio sueldo.”
- Pepe Poveda
- Coordinador de la Provincia de Alicante y Secretario Autonómico de Organización de Ciudadanos
