En pleno siglo XXI, cuando creíamos que la igualdad había alcanzado un punto de no retorno, asistimos con preocupación a un fenómeno inquietante, una parte de la sociedad está tratando de frenar o incluso revertir los avances logrados por las mujeres durante décadas. Lo que parecía consolidado, el reconocimiento de derechos, la participación en todos los ámbitos y la posibilidad de decidir sobre la propia vida, vuelve a ponerse en entredicho.
No es casualidad, cada paso hacia delante de la mujer ha supuesto una pérdida de privilegios para quienes, durante siglos se habían beneficiado de la desigualdad. Y, como ocurre tantas veces en la historia, esa pérdida provoca miedo, resistencia y un intento de restaurar el orden anterior. Así emergen discursos que, disfrazados de libertad de expresión o de “opiniones diferentes”, no son otra cosa que un regreso al machismo más crudo.
A esta situación se suma la mala imagen que transmiten los políticos. Tanto dentro del Congreso como fuera de él, las discusiones se han convertido en un espectáculo de ataques, descalificaciones y faltas de respeto, “y tú más”. Esa crispación no se queda en el ámbito parlamentario, se traslada a la calle, donde los seguidores de unos partidos u otros repiten el mismo patrón. Primero fue el enfrentamiento verbal, después los insultos personales, y ahora estamos asistiendo incluso a agresiones físicas, incluso a periodistas. Ese salto es intolerable. Una democracia no puede permitirse que la confrontación política se traduzca en golpes, acosos, porque con cada acto violento se erosiona el propio sistema que nos garantiza la convivencia.
Lo más preocupante es la normalización del insulto gratuito.
En lugar de confrontar ideas con argumentos, se recurre a la descalificación personal. Y si quien opina es mujer, la violencia verbal se multiplica. No basta con rebatir sus planteamientos, se cuestiona su valía, su derecho a hablar, “existe libertad de expresión”. El mensaje implícito es claro, “opina, pero hasta donde te dejemos”.
Ante esto, surge una pregunta inevitable, ¿hasta dónde vamos a llegar? La respuesta depende de todos. Una democracia no se mide solo por sus urnas, sino por el respeto que se profesa a quienes piensan diferente. No hay ideología que justifique la humillación, no hay discrepancia política que excuse el desprecio, y mucho menos puede justificarse un retroceso que relegue a la mujer a un papel secundario.
La educación es la clave. No solo la que se imparte en las aulas, sino la que se transmite en el día a día, en casa, en las conversaciones, en el ejemplo de cada cual.
Una sociedad que no enseña a respetar, acaba produciendo que confunde la libertad con la agresión, en todos los sentidos.
El valor de la mujer, al igual que cualquier ciudadano, no necesita ser “concedido” ni “tolerado”, es inherente, innegociable y fundamental para el progreso. Perder de vista esta verdad sería condenarnos a repetir los errores del pasado.
La igualdad no es un capricho ni una moda, es la base de la convivencia justa. Defenderla no debería ser una cuestión ideológica , sino un compromiso común. Porque sin respeto no hay democracia, y sin igualdad, no hay futuro.
Los pueblos que olvidan el valor del respeto y la fuerza de la educación se condenan a caminar en círculos. Resurgen de nuevo odios del pasado, se repiten los mismos errores. La política divide, las ideologías cambian, pero la dignidad humana no tiene color ni partido. Si no aprendemos esto, jamás llegaremos a ninguna parte.
- CONCHI BASILIO
