La huelga indefinida de los docentes en la Comunitat Valenciana no es, en el fondo, un conflicto laboral. O no solo eso. Es el último síntoma visible de un sistema educativo que lleva décadas sin suelo firme bajo los pies. Un sistema que cambia de ley casi con cada cambio de gobierno, que acumula reformas sin sedimentar ninguna, y que arrastra a sus protagonistas —profesores, familias, alumnos— a una permanente sensación de provisionalidad. Mientras debatimos sobre complementos salariales o condiciones de trabajo, el edificio sigue sin cimientos. Y eso es lo que nadie quiere nombrar.
España ha tenido más leyes educativas que ningún país comparable de Europa occidental. LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE, LOMLOE… Cada mayoría parlamentaria ha traído su propia reforma, y cada reforma ha llegado envuelta en el mismo lenguaje: modernización, calidad, equidad. El resultado acumulado es una educación que no termina de saber qué es, ni qué quiere ser. No porque le falten ideas —le sobran—, sino porque le falta algo mucho más escaso en la política española: acuerdo sobre los pilares.
Llevo desde 2009 en el ámbito educativo de manera activa. He sido profesor de Secundaria y Bachillerato, Jefe de Estudios y Director Académico; Formación Profesional y Universidad. He trabajado en la escuela concertada, en la privada y en la pública. He visto el sistema desde la tiza, desde el despacho, desde el taller y desde el aula universitaria. Y lo que he aprendido, más que cualquier teoría pedagógica, es que los problemas reales de la educación española no son ideológicos: son estructurales. Y que resolverlos exige algo que la clase política lleva décadas evitando: sentarse a construir, no a ganar.
El nudo gordiano que nadie quiere desatar.
Hay una particularidad del sistema educativo español que los grandes titulares sobre la educación raramente mencionan, y que sin embargo condiciona todo lo demás: la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estado fija los mínimos curriculares y la legislación básica; las Comunidades los desarrollan, los amplían y los aplican. En teoría, un modelo que respeta la diversidad territorial. En la práctica, una fuente permanente de desigualdad estructural.
La prueba más escandalosa —y más cotidiana— de esta fractura es la selectividad, PAU, EVAU, … . Que un alumno de Extremadura y uno del País Vasco accedan a la universidad con pruebas distintas, con criterios distintos y con calificaciones que no son comparables, no es pluralismo. Es discriminación encubierta. Dos jóvenes con el mismo talento, el mismo esfuerzo y el mismo horizonte vital compiten en condiciones objetivamente distintas según el código postal de su instituto. Décadas de intentos para unificar esta prueba han naufragado ante la resistencia de los gobiernos autonómicos. Y eso debería hacernos reflexionar: si no somos capaces de acordar un examen común, ¿de qué pacto educativo hablamos?
Un pacto educativo verdadero exige, antes o durante, abrir un debate que en España se trata casi como un tabú: la reforma de la Constitución en lo que respecta al modelo competencial en educación. No para centralizar por centralizar, sino para garantizar que la igualdad de oportunidades —que es el primer valor de cualquier sistema educativo que se precie— no dependa de en qué Comunidad Autónoma nació un niño. Ese debate incomoda. Pero sin él, cualquier pacto educativo será cosmético.
El problema de quién habla en nombre de la educación.
Hay otro obstáculo que un pacto educativo honesto debe nombrar sin eufemismos: la politización de buena parte de los agentes que teóricamente representan al sector. Los sindicatos docentes mayoritarios en España no son ajenos a las lógicas partidistas. Esto no es un insulto: es una realidad que cualquier docente que haya vivido una campaña sindical en un claustro reconoce sin dificultad. Y las federaciones de padres y madres, en muchos casos, tampoco escapan a esa gravitación.
Esto no significa que sindicatos y asociaciones no tengan nada que decir. Tienen mucho, y deben tener voz. Pero un pacto educativo que se construya solo con las representaciones tradicionales reproducirá las mismas trincheras de siempre. Lo que necesitamos es una mesa más amplia y menos corporativa: docentes de base —no solo sus representantes sindicales—, equipos directivos con experiencia real en la gestión cotidiana de los centros, familias no encuadradas en ninguna federación, alumnado organizado, y también expertos en pedagogía, en economía de la educación y en derecho educativo comparado.
Un proceso así requiere tiempo y voluntad política. Requiere, sobre todo, la decisión de blindarlo de los ciclos electorales. España lo hizo con las pensiones a través del Pacto de Toledo: estableció una comisión con mandato sostenido en el tiempo, con participación plural y con la convicción de que hay materias demasiado importantes para dejarlas a merced de la alternancia. La educación lo merece, al menos, tanto.
La trinchera que nos agota a todos.
No podemos hablar de un pacto educativo sin abordar la que es quizás la dicotomía más estéril del debate educativo español: pública frente a concertada y privada. Una confrontación que consume energías ingentes, que alimenta discursos de unos y otros, y que en la práctica no ha mejorado la educación de ningún niño.
Conviene partir de una premisa que debería ser obvia pero que el debate ideológico ha conseguido oscurecer: la educación es un derecho constitucional. En ese sentido, toda la educación es pública en su finalidad, porque ningún titular —sea la Administración, sea una congregación religiosa, sea una cooperativa de familias— puede guardársela para sí. Lo que varía es la titularidad jurídica de los centros y el modelo de financiación. Eso es legítimo discutirlo. Lo que no es legítimo es convertir esa discusión en un juicio moral sobre quién merece estar en el sistema y quién no.
En España, más de un tercio del alumnado cursa sus estudios en centros concertados o privados. Ignorar esa realidad, o tratarla como un problema a eliminar, no es defender la educación pública: es empobrecerla. Un pacto educativo real tiene que incluir a todos los centros que educan a niños españoles, con independencia de su titularidad, y establecer para todos ellos las mismas exigencias de calidad, inclusión y rendición de cuentas.
Lo que le pedimos a la política.
Un pacto educativo no puede ser un documento de intenciones firmado ante las cámaras para ganar un titular. Tampoco puede ser el resultado de una negociación entre partidos que solo buscan que el acuerdo les perjudique lo menos posible. Tiene que ser otra cosa: un proceso serio, largo, incómodo y necesario.
Le pedimos a la política —a toda, no solo a la que gobierna— que convoque ese proceso con honestidad. Que acepte que hay materias en las que el interés general debe imponerse al interés electoral. Que escuche a quienes trabajan en los centros, a quienes los dirigen, a quienes los financian con sus impuestos y a quienes aprenden en ellos. Que revise, sin complejos, si el marco constitucional actual permite o impide garantizar la igualdad educativa en todo el territorio. Y que, al final de ese proceso, se comprometa a no deshacer con la siguiente mayoría lo que se ha construido con el esfuerzo de todos.
La huelga en Valencia pasará. Como han pasado otras antes. Pero el problema seguirá ahí, esperando. España tiene un sistema educativo lleno de profesionales extraordinarios que merecen trabajar sobre cimientos sólidos. Y tiene generaciones de alumnos que merecen algo más que ser el campo de pruebas de cada nueva mayoría parlamentaria.
YA VA SIENDO HORA.
Manuel Martínez Sirvent es profesor asociado universitario, docente de secundaria y bachillerato; politólogo colegiado en el Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Admin. Pública de Madrid.
