Los algoritmos permiten relacionar datos, ordenar acontecimientos e identificar patrones que, contemplados por separado, podrían pasar inadvertidos. Si aplicáramos uno a las exploraciones energéticas frente a Canarias, la proyección marítima marroquí desde el Sáhara Occidental, los cambios diplomáticos y las crisis migratorias, probablemente formularía una pregunta incómoda: ¿estamos ante una sucesión de casualidades o ante una estrategia política, territorial y económica cuyos acuerdos completos desconocemos?
No existe, hasta donde se conoce públicamente, un documento que pruebe un pacto formal entre Madrid y Rabat. Sí encontramos una concatenación de decisiones e intereses que obliga a exigir explicaciones claras y garantías escritas.
Los recursos investigados por España
Mediante el Real Decreto 1462/2001, el Gobierno español concedió a Repsol nueve permisos de investigación de hidrocarburos, denominados “Canarias-1” a “Canarias-9”, frente a Lanzarote y Fuerteventura.
Los permisos no se encontraban estrictamente dentro del mar territorial español de doce millas, sino en espacios marítimos donde España ejercía derechos económicos sobre la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Nuestro país tenía, por tanto, capacidad para investigar y, en su caso, explotar los recursos naturales del subsuelo.
Las expectativas eran importantes. Los objetivos estudiados presentaban una estimación central cercana a 898 millones de barriles y un potencial máximo de hasta 2.277 millones. Solo Sandía y Chirimoya podían contener, según las estimaciones preliminares, aproximadamente 330 y 165 millones de barriles, respectivamente. También se calculó una posible producción de entre 100.000 y 150.000 barriles diarios.
No eran reservas demostradas, porque todavía debía comprobarse mediante perforaciones su existencia y rentabilidad. Pero tampoco eran cifras improvisadas: procedían de estudios geológicos y sísmicos suficientemente relevantes como para justificar una inversión exploratoria superior a cien millones de euros.
La técnica prevista no era el fracking, sino la perforación marina convencional en aguas profundas.
En noviembre de 2014 se perforó Sandía, a unos 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura. El sondeo alcanzó 3.093 metros y confirmó la presencia de gas, desde metano hasta hexano. También acreditó que en aquella cuenca se habían generado hidrocarburos, aunque en el punto perforado aparecieron en capas muy finas, saturadas de agua y sin volumen ni calidad suficientes para una explotación comercial.
Pero Sandía fue solamente uno de los objetivos. Chirimoya no llegó a perforarse y tampoco se investigó completamente el resto del área autorizada. Un sondeo sin rentabilidad permitió a Repsol abandonar el proyecto, pero no demostró que en toda aquella enorme superficie no pudieran existir otros yacimientos.
En 2017, los nueve permisos fueron declarados extinguidos por caducidad. Aquella campaña exploratoria española quedó definitivamente cerrada sin haber comprobado la mayor parte del potencial inicialmente identificado.
Mientras España se retiraba, Marruecos avanzaba
Marruecos continuó concediendo permisos y atrayendo inversiones internacionales. En 2012, Galp entró en Tarfaya Offshore y, en 2017, la italiana Eni firmó con la empresa pública marroquí ONHYM un acuerdo sobre doce permisos situados frente a Sidi Ifni, Tan-Tan y Tarfaya.
En enero de 2020, Rabat aprobó unilateralmente dos leyes para delimitar sus espacios marítimos, proyectándolos también desde la costa del Sáhara Occidental. La decisión abrió la posibilidad de solapamientos con los espacios marítimos que afectan a Canarias.
Una ley marroquí no puede apropiarse por sí sola de zonas sobre las que España pueda ejercer derechos. Tampoco existe una delimitación definitiva entre ambos países de sus zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en el Atlántico.
Hay, además, una cuestión jurídica fundamental: las aguas adyacentes al Sáhara Occidental no pueden considerarse automáticamente marroquíes mientras la soberanía sobre ese territorio continúe pendiente de resolución internacional.
La estrategia de Rabat, sin embargo, parece clara: consolidar su control sobre el Sáhara, proyectarlo hacia el Atlántico y disponer de sus posibles recursos energéticos y minerales.
Del reconocimiento estadounidense al giro español
El 10 de diciembre de 2020, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La decisión coincidió con el compromiso de Marruecos de normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel.
En mayo de 2021, alrededor de 8.000 personas entraron irregularmente en Ceuta coincidiendo con una relajación de los controles fronterizos marroquíes, en plena crisis diplomática por la acogida en España del dirigente del Frente Polisario Brahim Ghali.
Aquel episodio demostró hasta qué punto los flujos migratorios podían convertirse en un elemento de presión dentro de una crisis diplomática.
Diez meses después, en marzo de 2022, Pedro Sánchez comunicó al rey Mohamed VI que consideraba el plan marroquí de autonomía como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto saharaui.
La decisión se adoptó sin consenso parlamentario, modificó la posición tradicional española y provocó una grave crisis diplomática con Argelia. España no efectuó formalmente el mismo reconocimiento jurídico realizado por Estados Unidos, pero respaldó una propuesta de autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí.
Pocas semanas después, el 7 de abril de 2022, España y Marruecos suscribieron una declaración conjunta que incorporó a una misma hoja de ruta la cuestión del Sáhara, la cooperación migratoria, la normalización de las fronteras de Ceuta y Melilla y la reactivación del grupo encargado de delimitar los espacios marítimos atlánticos, que llevaba aproximadamente quince años sin reunirse.
España realizó una concesión política pública y comprobable sobre el Sáhara. Marruecos, por el contrario, no reconoció expresamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla ni renunció formalmente a sus reivindicaciones.
La contrapartida marroquí quedó limitada a la normalización fronteriza, el control migratorio y posibles garantías diplomáticas cuyo alcance completo no conocemos.
¿Pudo existir un entendimiento tácito?
La coincidencia temporal permite formular una pregunta legítima:
¿Pudo existir un entendimiento tácito por el cual Marruecos reforzaba nuevamente sus controles migratorios y normalizaba las fronteras de Ceuta y Melilla, mientras España modificaba su posición sobre el Sáhara y aceptaba reactivar la negociación marítima atlántica?
Expresado en términos sencillos: Marruecos recuperaría la normalidad fronteriza y la cooperación migratoria; España respaldaría la solución marroquí para el Sáhara y aceptaría negociar los espacios marítimos.
No conocemos ningún documento que demuestre que ese intercambio se pactara. Por eso debe plantearse como hipótesis y no como acusación.
Existen, al menos, tres explicaciones posibles.
La primera sería un entendimiento tácito con contrapartidas políticas y operativas que no fueron publicadas.
La segunda es que las decisiones estatales y empresariales respondieran a intereses convergentes —seguridad, estabilidad, influencia regional y oportunidades energéticas— sin necesidad de un pacto explícito.
La tercera posibilidad es que España priorizara la estabilidad fronteriza y la cooperación migratoria por razones de seguridad y orden público, realizando una concesión política sobre el Sáhara sin pretender renunciar jurídicamente a sus derechos territoriales o marítimos.
Ninguna de estas hipótesis puede darse por demostrada. Pero todas justifican exigir transparencia.
Empresas e intereses energéticos
A esta secuencia se añade un interés empresarial concreto.
NewMed Energy, antigua Delek Drilling, es una importante compañía energética israelí cotizada en la Bolsa de Tel Aviv e integrada en la estructura empresarial del grupo Delek. En diciembre de 2022 alcanzó, junto con la empresa marroquí Adarco Energy y la entidad pública ONHYM, un acuerdo para explorar gas y petróleo en el bloque Boujdour Atlantique, frente a la costa del Sáhara Occidental.
La participación se distribuyó entre NewMed Energy y Adarco Energy, con un 37,5 % cada una, y ONHYM, con el 25 % restante. NewMed figura como operadora de la licencia. Estos porcentajes también aparecen recogidos en la información corporativa de Adarco Energy.
El 17 de julio de 2023, Israel reconoció oficialmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
No puede afirmarse que ese reconocimiento, el acuerdo energético y el giro del Gobierno español formen parte de una única operación. Pero resulta evidente que hay intereses políticos y económicos que avanzan en la misma dirección.
El riesgo para las aguas canarias
La delimitación de las zonas económicas exclusivas y plataformas continentales se rige por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y requiere acuerdos entre los Estados afectados.
La dificultad consiste en determinar desde qué territorio pretende Marruecos proyectar sus derechos marítimos.
Si España negociara las aguas situadas frente al Sáhara como si este fuera indiscutiblemente territorio marroquí, podría terminar reconociendo de facto la capacidad de Rabat para proyectar desde allí una zona económica exclusiva y disponer de sus hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales.
Esta cuestión puede afectar directamente a Canarias y no debería resolverse mediante conversaciones reservadas entre Madrid y Rabat.
Canarias debe estar presente en cualquier negociación relacionada con sus espacios marítimos. También deben participar expertos independientes en Derecho del Mar y conocerse previamente los criterios jurídicos y económicos que España piensa defender.
Transparencia y garantías escritas
El Gobierno debe explicar qué conocía cuando cambió su posición sobre el Sáhara, qué solicitó Marruecos y qué garantías recibió España.
Resulta necesario:
- Publicar el alcance de las negociaciones y los documentos que fundamentaron el cambio de posición española.
- Someter a control parlamentario cualquier decisión que afecte a la delimitación marítima y a los intereses estratégicos de Canarias, Ceuta y Melilla.
- Exigir garantías escritas y verificables sobre cooperación migratoria y fronteriza, con mecanismos de supervisión.
- Proteger expresamente los derechos españoles sobre los recursos y actividades económicas de la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
- Incorporar a Canarias y a expertos independientes en las negociaciones marítimas.
¿Asumió Marruecos algún compromiso para impedir que los flujos migratorios volvieran a convertirse en un elemento de presión en sus relaciones con España? ¿Se comprometió a congelar sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla? ¿Se habló de aceptar, total o parcialmente, su proyección marítima desde el Sáhara? ¿Conocía el Gobierno español las negociaciones energéticas desarrolladas en esas aguas?
No existen pruebas suficientes para denunciar una trama. Pero sí existe una cronología coherente, unos intereses económicos y unos beneficiarios identificables.
Cuando el algoritmo ordena los acontecimientos, el resultado es evidente: Marruecos ha fortalecido su control sobre el Sáhara, ha avanzado en su proyección marítima, ha conseguido respaldo internacional y ha atraído inversiones energéticas. España, mientras tanto, parece haber obtenido una tregua fronteriza y migratoria cuya continuidad depende, en buena medida, de la voluntad de Rabat.
La soberanía sobre Ceuta y Melilla, los derechos marítimos de Canarias y los recursos naturales del Atlántico no pueden descansar sobre promesas verbales, silencios diplomáticos o treguas provisionales.
Cronología documentada
- 21 de diciembre de 2001. El Gobierno español concede a Repsol los permisos de investigación “Canarias-1” a “Canarias-9”.
- 3 de diciembre de 2012. Galp anuncia su entrada, con una participación del 50 %, en el área Tarfaya Offshore.
- 2014. Los estudios previos atribuyen a Sandía y Chirimoya un potencial aproximado de 330 y 165 millones de barriles. El conjunto de los objetivos alcanza una estimación central de 898 millones y un potencial máximo de 2.277 millones.
- 18 de noviembre de 2014. Comienza la perforación de Sandía, a unos 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura.
- 16 de enero de 2015. Repsol comunica que el sondeo encontró gas, pero sin volumen ni calidad suficientes para una extracción comercial.
- 14 de julio de 2017. El Gobierno declara extinguidos por caducidad los nueve permisos.
- 20 de diciembre de 2017. Eni anuncia su entrada en doce permisos de Tarfaya Offshore junto con ONHYM.
- 22 de enero de 2020. El Parlamento marroquí aprueba las leyes destinadas a delimitar sus espacios marítimos atlánticos, con posibles solapamientos respecto de Canarias.
- 10 de diciembre de 2020. Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
- 17 y 18 de mayo de 2021. Alrededor de 8.000 personas entran irregularmente en Ceuta durante la crisis entre España y Marruecos.
- 14 de marzo de 2022. Pedro Sánchez remite al rey Mohamed VI la carta en la que respalda el plan marroquí de autonomía.
- 7 de abril de 2022. La declaración conjunta España-Marruecos incorpora la posición sobre el Sáhara, la cooperación migratoria, la normalización fronteriza y la reactivación del grupo de delimitación marítima atlántica.
- 6 de diciembre de 2022. NewMed Energy y Adarco Energy alcanzan el acuerdo para participar, junto con ONHYM, en la exploración del bloque Boujdour Atlantique. Fuente: información corporativa de Adarco Energy.
- 17 de julio de 2023. Israel reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Fuente: información de Reuters basada en el comunicado oficial israelí.
