Hay algo profundamente contradictorio en nuestra sociedad, tenemos leyes destinadas a proteger nuestra intimidad, nuestros datos personales y nuestro derecho a no ser molestados, pero basta con tener un teléfono para descubrir que, en demasiadas ocasiones, esos derechos parecen quedarse en el papel.
Las llamadas comerciales no solicitadas se han convertido en una forma de intromisión cotidiana. Durante un tiempo fueron los números móviles los protagonistas, cuando llegaron las restricciones, aparecieron otras fórmulas, números fijos, prefijos provinciales y diferentes líneas desde las que una misma campaña puede llamar insistentemente a miles de ciudadanos. El teléfono cambia, la molestia permanece.
Y conviene aclararlo, no toda llamada comercial es legal. Desde junio de 2023, la Ley General de Telecomunicaciones reconoce el derecho de los usuarios a no recibir llamadas comerciales no solicitadas, salvo que exista consentimiento previo o una base jurídica válida, como determinados supuestos de interés legítimo. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha establecido, además, que estas excepciones deben interpretarse de manera restrictiva.
El problema aparece cuando la norma se convierte en una carrera de obstáculos para quien debería estar protegido. El ciudadano recibe una llamada, contesta, pregunta quién es, le ofrecen cambiar de compañía, contratar un servicio, reducir un producto que jamás solicitó. Si manifiesta que no desea recibir más comunicaciones, la empresa debe atender inmediatamente esa oposición. Al inicio de la llamada, además, debe identificarse, explicar la finalidad comercial y facilitar el ejercicio de los derechos correspondientes (Agencia Española de Protección de Datos).
Pero ¿qué ocurre cuando al día siguiente vuelve a sonar el teléfono desde otro número? Ahí comienza el laberinto.
El ciudadano puede bloquear el número, pero mañana aparecerá otro. Puede inscribirse en un sistema de exclusión publicitaria, como la Lista Robinson, pero determinadas situaciones permiten excepciones. Puede ejercer su derecho de oposición, pero si las llamadas continúan tendrá que reunir pruebas suficientes para demostrar quién está detrás de ellas. La propia AEPD señala que, para actuar, necesita elementos como el número llamante, fecha y hora, identificación de la empresa y, en determinados casos, una grabación u otros indicios que permitan acreditar la infracción. (Agencia Española de Protección de Datos)
Y aquí reside una de las mayores paradojas, la persona acosada tiene que convertirse casi en investigadora para demostrar que está siendo acosada. Anotar llamadas, conservar capturas, identificar empresas, registrar fechas, reclamar y esperar. Todo ello para defender algo que debería resultar elemental, el derecho a que nuestra vida privada no sea convertida en un mercado telefónico permanente.
La situación puede llegar incluso a adquirir relevancia en materia de consumo. La propia AEPD advierte de que las propuestas comerciales no deseadas y reiteradas pueden constituir prácticas agresivas por acoso y ser consideradas desleales con los consumidores cuando concurren las circunstancias previstas legalmente.
No se trata, por tanto, de estar en contra de la actividad comercial. Las empresas tienen derecho a vender y los ciudadanos tienen derecho a contratar, lo que resulta difícilmente justificable es que el derecho de una empresa a buscar clientes termine convirtiéndose en el supuesto derecho a irrumpir repetidamente en la tranquilidad de una persona.
Pero quizá haya llegado el momento de cambiar el enfoque, no debería ser el ciudadano quien tenga que demostrar continuamente que no quiere publicidad. Debería corresponder a quien llama demostrar, desde el principio, que tiene derecho a hacerlo. Porque un teléfono no es una puerta abierta.
Es una propiedad privada de nuestra vida cotidiana, y cuando una llamada comercial llega sin haber sido solicitada, una vez puede resultar molesta, diez veces, insistente, pero cuando se convierte en una práctica sistemática, deja de parecer publicidad y empieza a parecer acoso. La ley existe, los derechos también, lo que falta, demasiadas veces, es que hacerlos respetar resulte tan sencillo como marcar un número de teléfono.
- CONCHI BASILIO
