Las irregularidades detectadas en marzo exigían seguimiento, controles y transparencia. Ocho meses después, sigue pendiente conocer con detalle las actuaciones administrativas posteriores.
La reciente aparición de Elda en el programa Horizonte, en relación con presuntas irregularidades en los empadronamientos, ha vuelto a situar el padrón municipal en el centro del debate público.
Que ahora se soliciten explicaciones al Ayuntamiento resulta legítimo y necesario. Pero hay una pregunta fundamental: ¿qué se hizo cuando aparecieron las primeras advertencias y, especialmente, después de la operación policial de marzo?
Las advertencias ya estaban sobre la mesa
El 5 de febrero publiqué una primera reflexión sobre los empadronamientos fraudulentos, advirtiendo de la necesidad de reforzar los mecanismos de comprobación de residencia y la coordinación entre administraciones.
Un mes después, el 8 de marzo, Cadena SER informó de una operación de la Policía Nacional en Elda, desarrollada con la colaboración del Ayuntamiento, que permitió investigar una presunta trama de empadronamientos ficticios que afectaba al menos a 28 personas y culminó con la detención de dos presuntos responsables.
Entonces reconocí públicamente aquella actuación policial y municipal, pero también insistí en la necesidad de establecer controles permanentes para prevenir nuevas irregularidades.
Ocho meses después, ¿qué sabemos?
Hasta donde alcanza la información de la que dispongo, seguimos sin conocer con suficiente detalle qué medidas administrativas se adoptaron después.
¿Se revisaron las inscripciones relacionadas con los inmuebles investigados? ¿Se tramitaron expedientes de baja por inscripción indebida? ¿Se reforzaron las comprobaciones de residencia? ¿Se implantaron nuevos protocolos?
No afirmo que el Ayuntamiento haya permanecido inactivo. Lo que reclamo es una explicación pública y verificable sobre las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.
La oposición también debe rendir cuentas
La legislación atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de mantener actualizado el padrón municipal. Pero los grupos de la oposición tienen entre sus principales responsabilidades políticas fiscalizar la gestión del gobierno.
Por ello, considero legítimo preguntar al Partido Popular y a Vox qué iniciativas de seguimiento promovieron desde que se conoció aquella operación policial.
Reconozco que la portavoz de Vox, Paqui Vicente, ha planteado públicamente esta cuestión, también en el pleno municipal de noviembre, y ha anunciado una petición de información. Sin embargo, cabe preguntarse igualmente qué seguimiento se realizó durante los meses anteriores.
Desconozco el alcance de las iniciativas desarrolladas por ambos grupos durante este periodo. Precisamente por ello sería conveniente que explicaran públicamente qué actuaciones impulsaron, cuándo las realizaron y qué resultados obtuvieron.
Porque la fiscalización no debería depender de que una noticia alcance repercusión nacional. Debe formar parte del trabajo cotidiano de cualquier oposición responsable.
Transparencia y prevención, no sospechas
El padrón municipal es un instrumento esencial para conocer la población real y planificar adecuadamente los servicios públicos.
Conviene recordar que empadronarse no concede automáticamente residencia legal ni derecho al voto. Tampoco la situación administrativa irregular de una persona extranjera convierte su inscripción en fraudulenta. Lo que debe comprobarse es la residencia efectiva.
La experiencia demuestra que los problemas administrativos no se resuelven únicamente mediante actuaciones policiales. También requieren controles permanentes, comprobaciones eficaces y mecanismos preventivos capaces de detectar anomalías antes de que se conviertan en problemas mayores.
No se trata de alimentar sospechas ni de señalar a colectivos. Se trata de garantizar que las administraciones cumplen sus obligaciones y que los representantes públicos ejercen adecuadamente las responsabilidades que les han sido encomendadas.
El Ayuntamiento debe explicar qué controles realiza y qué medidas adoptó después de marzo. Y la oposición debe poder acreditar qué iniciativas promovió para fiscalizar esa gestión.
Porque gobernar exige gestionar y prevenir; ejercer la oposición exige vigilar y fiscalizar.
Y la transparencia no consiste en afirmar que todo funciona correctamente.
Consiste en poder demostrarlo.
- Pepe Poveda
- Candidato a la Alcaldía de Elda
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