El Partido Animalista y PETA recorren Valencia con un camión para denunciar las subvenciones en tauromaquia frente a los recortes en servicios públicos

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) y la organización internacional PETA han lanzado una contundente acción de protesta en Valencia para denunciar el gasto de fondos públicos en tauromaquia, en contraposición con la necesidad urgente de reforzar los servicios públicos ante emergencias climáticas y recortes significativos en infraestructuras esenciales.

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Durante este fin de semana, un camión publicitario con pantallas LED recorrió las calles de Valencia con una imagen impactante de un torero y un bombero, acompañada de la pregunta «¿A dónde quieres que vayan tus impuestos?». La acción busca visibilizar la incongruencia de destinar recursos a espectáculos que PACMA y PETA consideran «violentos y arcaicos», mientras se recortan inversiones en servicios públicos esenciales.

El Gobierno de la Generalitat, presidido por Carlos Mazón (PP), eliminó en noviembre de 2023 la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), pocos meses después de su puesta en marcha. Paralelamente, en octubre de ese mismo año, se anunció una adjudicación de 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia, además de incluir la tauromaquia en una partida presupuestaria de 1,7 millones de euros para actividades y proyectos culturales. Por su parte, la Diputación de Valencia aumentó en 2024 un 30% su asignación a la tauromaquia, alcanzando 1,11 millones de euros.

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«Es inaceptable que en pleno siglo XXI se sigan financiando espectáculos basados en el sufrimiento animal, mientras se desatienden necesidades urgentes de la ciudadanía. La eliminación de la UVE y la falta de inversión en infraestructuras de prevención climática son un claro ejemplo de prioridades mal gestionadas«, ha declarado Javier Luna, presidente nacional de PACMA.

La formación animalista y PETA instan a las instituciones a revisar las partidas presupuestarias destinadas a subvencionar la tauromaquia, eliminarlas y redirigirlas hacia servicios esenciales que garanticen la seguridad y bienestar de la población.