Las familias podrán solicitar la prestación hasta el 15 de octubre. No es imprescindible tener reconocida oficialmente una discapacidad para acceder a la ayuda: también podrán beneficiarse menores con necesidades especiales acreditadas mediante informe médico, pediátrico o psicopedagógico.
Las familias de Altea que afrontan gastos extraordinarios relacionados con la discapacidad o las necesidades especiales de sus hijos tienen abierta una nueva vía de apoyo económico. El Ayuntamiento ha activado una convocatoria de ayudas que permitirá recibir entre 450 y 720 euros por menor para contribuir al pago de terapias, medicamentos, ortopedia, alimentación especial, material escolar, actividades o desplazamientos, entre otros conceptos.
La cuantía dependerá de la situación del menor.
Las familias con hijos con un grado de discapacidad reconocido de entre el 33% y el 64% podrán acceder a una ayuda de 450 euros. Esa misma cantidad se contempla para menores que, aunque no tengan oficialmente reconocido un grado de discapacidad, puedan acreditar mediante un informe profesional que presentan necesidades especiales.
Cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, la prestación ascenderá a 720 euros.
Esta diferencia es importante porque amplía considerablemente el grupo de posibles beneficiarios. La convocatoria no se limita a las familias que ya han completado un procedimiento administrativo de reconocimiento de discapacidad. También contempla situaciones en las que existen necesidades específicas demostrables mediante un informe pediátrico, de un especialista, psicopedagógico o documento similar.
El plazo para solicitar la prestación permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2026.
La medida llega en un momento especialmente delicado para muchas economías domésticas. A los gastos habituales de septiembre y del comienzo del curso se suman, en determinados hogares, tratamientos, productos sanitarios, terapias o desplazamientos que se mantienen durante todo el año.
Precisamente esta semana Altea ha activado otra línea diferente de apoyo a las familias para el inicio del curso. DSAlicante ya explicó quién puede solicitar los 175 euros por hijo para la vuelta al cole en Altea. Son convocatorias independientes y no deben confundirse: la nueva ayuda de hasta 720 euros está específicamente vinculada a menores con diversidad funcional o necesidades especiales.
450 o 720 euros: la cuantía dependerá de cada situación
La convocatoria establece dos niveles principales.
La ayuda será de 450 euros cuando el menor tenga reconocido un grado de discapacidad situado entre el 33% y el 64%.
También se establece esa cantidad cuando el niño o adolescente no disponga de un grado reconocido, pero sus necesidades especiales puedan justificarse mediante documentación profesional.
El segundo nivel asciende a 720 euros y está reservado a menores con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
La diferencia económica responde a la voluntad municipal de adaptar el apoyo a situaciones que pueden implicar necesidades de mayor intensidad y, por tanto, un esfuerzo económico superior para la unidad familiar.
Porque el coste asociado a determinadas necesidades no termina necesariamente en una consulta médica.
Una familia puede tener que afrontar terapia semanal, desplazamientos continuados, productos ortopédicos, medicación no financiada, alimentación específica o actividades destinadas al desarrollo físico y social del menor.
Algunos gastos son puntuales.
Otros se repiten todos los meses.
Y cuando coinciden varios, el impacto sobre el presupuesto familiar puede ser considerable.
La concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza, ha explicado que la finalidad de estas prestaciones es respaldar a las familias y favorecer el adecuado desarrollo físico, psicológico y social de los menores, especialmente cuando sus necesidades particulares implican un desembolso adicional.
Ese enfoque hace que la lista de gastos contemplados sea especialmente amplia.
Desde terapias hasta gafas, medicamentos, pañales o material escolar
Una de las claves de la convocatoria está en aquello que podrá financiarse con la ayuda.
El Ayuntamiento contempla gastos relacionados con alimentación especial, una necesidad habitual en determinadas patologías, intolerancias o situaciones médicas.
También se incluyen productos de higiene y pañales.
Podrán justificarse además medicamentos y tratamientos que no estén cubiertos por la Seguridad Social, así como gafas, productos de ortopedia y tratamientos odontológicos.
Las terapias constituyen otro de los grandes apartados.
Para numerosas familias con niños que requieren atención especializada, este gasto puede mantenerse durante meses o incluso años. Logopedia, atención psicológica, fisioterapia, terapia ocupacional u otras intervenciones pueden convertirse en una parte estructural de la economía doméstica cuando no existe cobertura pública suficiente o cuando es necesario complementarla.
La convocatoria de Altea amplía también el concepto de apoyo más allá de la atención estrictamente sanitaria.
Se contemplan actividades deportivas, artísticas y sociocomunitarias, además de material escolar, desplazamientos, ropa y calzado, siempre dentro de las condiciones establecidas y cuando se consideren gastos necesarios.
Esta visión es relevante porque la inclusión de un menor no depende exclusivamente de disponer de tratamiento médico.
Poder practicar deporte.
Participar en una actividad junto a otros niños.
Acudir a una terapia.
Desplazarse hasta un centro especializado.
O disponer del material adecuado para seguir el curso.
Son necesidades diferentes que pueden formar parte de una misma realidad familiar.
DSAlicante ha mostrado este verano cómo distintos proyectos de la provincia intentan avanzar precisamente en esa dirección. La Escuela de Verano Inclusiva de la Fundación Casaverde, por ejemplo, reunió a menores con y sin necesidades específicas de apoyo en un programa que combinaba estimulación, autonomía, ocio y conciliación familiar.
La convocatoria de Altea aborda el problema desde otra perspectiva: ayudar económicamente a las familias para que determinados gastos no impidan acceder a recursos necesarios.
No hace falta tener reconocida una discapacidad en todos los casos
Este es probablemente el punto que más conviene aclarar.
Una familia podría leer el anuncio de una ayuda para menores con diversidad funcional y asumir que necesita disponer obligatoriamente de una resolución oficial que reconozca un porcentaje de discapacidad.
La convocatoria de Altea también contempla menores que no tengan reconocido ese grado.
En esos casos será necesario disponer de un documento que acredite las necesidades especiales.
El Ayuntamiento menciona expresamente informes pediátricos, de especialistas o psicopedagógicos, además de documentación similar que permita justificar la situación.
Esto puede resultar importante para familias que se encuentran en una fase de diagnóstico, seguimiento o intervención pero todavía no disponen de una resolución administrativa de discapacidad.
Cuando sí existe reconocimiento oficial, el porcentaje determina además la cuantía.
Entre el 33% y el 64%, 450 euros.
A partir del 65%, 720 euros.
Junto a esta condición específica existen otros requisitos económicos y administrativos.
La unidad familiar deberá contar con un mínimo de seis meses de empadronamiento en Altea, no superar el nivel de ingresos establecido en la convocatoria y haber justificado correctamente anteriores ayudas económicas municipales que hubiera recibido.
La solicitud deberá presentarse mediante registro de entrada, acompañada de la documentación requerida.
Por eso resulta aconsejable no esperar al último día.
El plazo termina el 15 de octubre, pero una familia que necesite obtener un informe, localizar documentación o resolver una incidencia tendrá mucho más margen si inicia el trámite durante septiembre.
DSAlicante mantiene además una guía general con ayudas y descuentos que pueden aprovechar las familias de Alicante durante 2026, porque buena parte de estas prestaciones tienen plazos y administraciones diferentes y pueden pasar desapercibidas si no se consultan periódicamente.
Las facturas tendrán tanta importancia como la solicitud
Conseguir la ayuda no será el último paso.
Las familias deberán posteriormente justificar los gastos.
La convocatoria establece que las compras, tratamientos y servicios que se quieran imputar a la prestación tendrán que haberse realizado entre el 1 de septiembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
Y deberán acreditarse mediante las correspondientes facturas o justificantes.
El plazo final para realizar esa justificación será el 31 de marzo de 2027.
Esto obliga a pensar en la ayuda como un procedimiento que se prolongará durante varios meses.
Primero se solicita.
Después se realizan los gastos admitidos.
Y finalmente se acredita que el dinero se ha destinado a aquello para lo que fue concedido.
Guardar correctamente las facturas desde septiembre puede evitar problemas posteriores.
No es un detalle menor. En muchas subvenciones, la justificación resulta tan importante como cumplir inicialmente los requisitos para obtenerlas.
Las familias deberían conservar la documentación de terapias, medicamentos, productos de higiene, material, ortopedia, desplazamientos y demás conceptos que pretendan presentar posteriormente, comprobando que los justificantes cumplen las condiciones establecidas.
La experiencia de las familias con menores que requieren apoyos específicos demuestra además que estos gastos rara vez aparecen de forma aislada. El desarrollo y la autonomía pueden necesitar la intervención coordinada de profesionales de ámbitos muy diferentes.
En Alicante existen iniciativas de neurorrehabilitación infantil en las que trabajan conjuntamente neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, como explicó DSAlicante al informar sobre la Escuela de Verano Inclusiva creada para menores con necesidades de apoyo.
Esa atención multidisciplinar permite entender mejor por qué una familia puede acumular distintos gastos alrededor de las necesidades de un solo menor.
La ayuda municipal no elimina ese coste, pero sí puede reducir una parte.
Una fecha límite: 15 de octubre
La convocatoria deja varias cifras que las familias interesadas deberían guardar.
450 euros para menores con discapacidad reconocida entre el 33% y el 64%, y también para aquellos que acrediten necesidades especiales mediante informe profesional aunque no tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad.
720 euros para menores con un grado reconocido igual o superior al 65%.
Seis meses de empadronamiento mínimo en Altea.
15 de octubre de 2026, último día para solicitar la ayuda.
Los gastos justificables deberán haberse producido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
Y la documentación justificativa podrá presentarse hasta el 31 de marzo de 2027.
Pero detrás de esas fechas y cantidades hay una cuestión más amplia.
Las necesidades especiales de un niño no desaparecen cuando termina una convocatoria pública.
Las terapias continúan.
Los desplazamientos continúan.
El material sigue siendo necesario.
Los productos sanitarios se agotan.
Y determinadas actividades que favorecen autonomía, socialización y desarrollo tienen un coste que las familias deben asumir mes tras mes.
Por eso la ayuda de Altea contempla conceptos que van desde un medicamento hasta una actividad deportiva.
El objetivo es que una dificultad económica no termine convirtiéndose en otra barrera para el menor.
Las familias que cumplan las condiciones disponen ahora de varias semanas para presentar la solicitud.
No es necesario esperar a tener reconocido un porcentaje de discapacidad en todos los casos: un informe pediátrico, médico o psicopedagógico que acredite necesidades especiales puede abrir también la puerta a la prestación de 450 euros.
Para los casos con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía alcanza los 720 euros.
Y la fecha que marca todo el procedimiento ya está fijada:
el 15 de octubre termina el plazo.
