El desahucio ejecutado esta mañana en el barrio alicantino de Carolinas ha dejado en la calle a una mujer de 61 años que llevaba cerca de tres décadas residiendo en la misma vivienda. Un caso que, más allá del lanzamiento judicial, pone el foco en las condiciones en las que esta mujer habría vivido durante años y en la dejadez del propietario del inmueble.
Según ha podido saber DSAlicante.com a través del entorno familiar, la vivienda presentaba un estado muy deteriorado debido a la falta de mantenimiento por parte del casero. Uno de los problemas más graves se produjo cuando una avería eléctrica, derivada de un cortocircuito, dejó sin suministro de luz aproximadamente a la mitad de la casa. Una situación que nunca fue solucionada.
Lejos de tratarse de un corte intencionado, la avería se originó por el abandono prolongado del inmueble y la negativa del propietario a realizar las reparaciones necesarias. Como consecuencia, la familia se vio obligada durante años a utilizar alargadores y “ladrones” para poder llevar electricidad desde la parte de la vivienda que sí tenía suministro, incluyendo el uso del calentador de agua, situado en la zona con luz.
A esta situación se sumaba la falta de agua caliente durante largos periodos y el deterioro general de la vivienda, sin que el propietario asumiera sus responsabilidades legales. Según relata el hijo de la afectada, el casero se excusaba de forma reiterada en que el contrato de alquiler era antiguo y que la renta que pagaban era baja, utilizando este argumento para no hacerse cargo de ninguna reparación ni mejora básica.
El familiar denuncia que estas condiciones deplorables se mantuvieron durante años y que esta actitud del propietario acabó convirtiéndose en una forma de presión constante sobre una mujer mayor, enferma y en situación de vulnerabilidad. Una situación que, según su versión, derivó finalmente en el desahucio.
El lanzamiento se produjo a primera hora de la mañana en la calle Donoso Cortés, en medio de la protesta de vecinos y colectivos sociales que intentaron frenar el desalojo. La intervención policial impidió el acceso al edificio y la orden judicial se ejecutó sin que, en ese momento, la mujer dispusiera de una alternativa habitacional inmediata.
Este caso vuelve a evidenciar la grave problemática de la vivienda en Alicante, especialmente en barrios como Carolinas, donde cada vez son más frecuentes las situaciones de vulnerabilidad, abandono de inmuebles y conflictos derivados de alquileres antiguos sin una supervisión efectiva.
Colectivos sociales reclaman mayor control sobre las condiciones de habitabilidad y una actuación más firme por parte de las administraciones para evitar que personas mayores y enfermas acaben siendo expulsadas de sus hogares tras años viviendo en condiciones indignas.
