Shincheonji Iglesia de Jesús cuestiona las declaraciones del presidente Lee Jae-myung y advierte del riesgo de estigmatizar a minorías religiosas
Las recientes declaraciones del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y del primer ministro, Kim Min-seok, en las que se aludió de forma crítica a una organización religiosa concreta, han reabierto el debate sobre los límites de la intervención del Estado en asuntos de fe. Shincheonji Iglesia de Jesús ha expresado su preocupación por lo que considera un señalamiento institucional que podría vulnerar la libertad religiosa garantizada por la Constitución.
Los pronunciamientos se produjeron los días 12 y 13 de enero, primero durante un encuentro del presidente con líderes religiosos y, posteriormente, en una sesión del Consejo de Ministros. En ese contexto, se utilizaron expresiones como “secta” y “herejía” y se anunciaron investigaciones y posibles medidas de actuación antes de que existiera una conclusión oficial. Para Shincheonji, estas afirmaciones transmiten la impresión de que se ha alcanzado una conclusión previa desde el poder político.
La organización recuerda que el artículo 20 de la Constitución surcoreana establece la libertad religiosa y la separación entre religión y Estado, y cuestiona con qué atribuciones el Gobierno puede valorar o calificar públicamente a una confesión religiosa concreta. A su juicio, este tipo de declaraciones pueden condicionar la percepción social y generar dudas sobre la independencia de los procesos de investigación en curso.
Desde el ámbito religioso, Shincheonji sostiene que la distinción entre ortodoxia y herejía no puede establecerse desde criterios políticos ni por presión social, sino únicamente a través del estudio de las Escrituras. La Iglesia recuerda que, históricamente, Jesucristo también fue acusado de herejía y perseguido por las autoridades religiosas de su tiempo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo sus enseñanzas se consolidaron como el núcleo de la fe cristiana.
En este contexto, la organización afirma haber propuesto en varias ocasiones la celebración de un examen bíblico abierto y público para abordar las diferencias doctrinales ante la sociedad, una iniciativa que, según indica, no ha recibido hasta ahora una respuesta imparcial.
Shincheonji subraya además que, a lo largo de los años, ha sido objeto de numerosas denuncias e investigaciones, muchas de las cuales han concluido con resoluciones absolutorias o sin responsabilidad penal. A pesar de ello, sostiene que las acusaciones reaparecen de forma recurrente en el debate político y mediático sin que se aporten hechos concretos y verificables que acrediten un daño específico.
La Iglesia destaca también la participación de sus miembros en la vida cívica del país a través de actividades de voluntariado, apoyo en emergencias nacionales y campañas de donación de sangre, y afirma que estas acciones forman parte de su compromiso social como ciudadanos de la República de Corea.
Más allá del caso concreto, la organización advierte de que el señalamiento de una confesión religiosa desde el poder político puede sentar un precedente que afecte a otras minorías religiosas o incluso a otros colectivos sociales: “Si hoy una religión es señalada como objetivo, mañana podrían serlo otras denominaciones religiosas o incluso otro sector social”. En este sentido, apela a la responsabilidad de las instituciones para promover la cohesión social y garantizar que ninguna creencia sea objeto de discriminación.
El debate abierto en torno a Shincheonji vuelve a situar en el centro una cuestión sensible para la democracia surcoreana: cómo equilibrar la acción del Estado con el respeto a la diversidad religiosa en una sociedad plural, y hasta dónde puede llegar el poder político sin erosionar los derechos fundamentales que la Constitución protege.
