Un reconocido académico denuncia que el caso representa «una mancha en las credenciales democráticas de Corea del Sur», mientras el ministro de Justicia es acusado de prejuzgar un proceso aún en curso.
Un líder religioso de 95 años permanece encarcelado por cargos relacionados con un partido político que no implican delitos violentos.
El ministro de Justicia de Corea del Sur cita públicamente un pasaje bíblico para condenar a una minoría religiosa antes del juicio.
Expertos sostienen que la detención viola las Reglas Mandela de las Naciones Unidas y los principios internacionales sobre Detención Arbitraria.
Está aumentando la crítica internacional por la detención y el procesamiento del presidente Lee Man-hee, de 95 años, líder de Shincheonji Iglesia de Jesús, así como por las recientes declaraciones públicas del ministro de Justicia de Corea del Sur, Jeong Seong-ho.
El 30 de junio, el ministro Jeong anunció en su cuenta de redes sociales que el presidente Lee había sido formalmente acusado mientras permanecía detenido, escribiendo que «es inevitable un castigo penal severo acorde con su responsabilidad». Concluyó la publicación citando Mateo 7:15: «Guardaos de los falsos profetas».
El Dr. Massimo Introvigne, sociólogo italiano especializado en religión, ha publicado dos artículos en Bitter Winter, medio dedicado a la libertad religiosa y los derechos humanos, sobre esta situación: el primero, el 24 de junio de 2026, criticando la detención del presidente Lee en el momento de su arresto; y el segundo, el 2 de julio de 2026, formulando una crítica detallada a las declaraciones públicas del ministro Jeong.
■ La detención del presidente de 95 años: «Encarcelar a un líder religioso anciano viola las normas internacionales»
El presidente Lee fue detenido el 24 de junio bajo cargos que incluyen la presunta violación de la Ley de Partidos Políticos y fue formalmente acusado el 30 de junio mientras seguía bajo custodia.
Los investigadores alegan que, entre julio de 2021 y enero de 2024, Lee organizó la afiliación de aproximadamente 50.000 miembros de Shincheonji al Partido del Poder Popular (PPP), con el objetivo de influir en las elecciones primarias presidenciales y parlamentarias del partido.
El Dr. Introvigne sostuvo que mantener detenido a un líder religioso de edad avanzada por un caso que no implica violencia ni otros delitos graves no cumple con los estándares de proporcionalidad exigidos por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las «Reglas Mandela») ni con los principios establecidos por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.
También relacionó este caso con el de Han Hak-ja, líder de 83 años de la Iglesia de la Unificación (Federación para la Paz Mundial y la Unificación), quien estaba siendo investigada en un caso distinto, advirtiendo que «no se trata de un problema limitado a un solo grupo religioso; está surgiendo un patrón en el que la detención física se utiliza repetidamente contra líderes religiosos de edad avanzada».
Inmediatamente después de la detención, Shincheonji Iglesia de Jesús respondió afirmando que «el presidente Lee y la iglesia han cooperado plenamente en todas las etapas de la investigación, incluidas las operaciones de registro e incautación», calificando la detención como «en la práctica, un castigo físico impuesto a un sospechoso de 95 años».
■ Declaraciones públicas del ministro de Justicia dirigidas contra una religión específica: «Un conflicto con la neutralidad del Estado»
Lo que el Dr. Introvigne consideró especialmente preocupante fue el momento en que el ministro Jeong hizo sus declaraciones.
Jeong pidió públicamente un «castigo penal severo» el mismo día en que el presidente Lee fue formalmente acusado mientras permanecía detenido. Introvigne señaló que, cuando el funcionario responsable del sistema de justicia y de la fiscalía declara públicamente la necesidad de castigar a un acusado justo cuando comienza el proceso judicial, puede interpretarse como un prejuzgamiento del resultado.
El Dr. Introvigne también indicó que el uso, por parte de un funcionario público, de un versículo bíblico que podría presentar al acusado bajo una luz negativa puede entrar en conflicto con el principio de neutralidad religiosa del Estado.
Dado que las declaraciones públicas de un ministro de Justicia en funciones probablemente sean interpretadas como algo más que una opinión personal —es decir, como la posición oficial del Gobierno—, sostuvo que ese tipo de comentarios exige mucha mayor prudencia.
■ La cuestión central será determinar si existió coacción
La cuestión jurídica fundamental del caso no es que los miembros se afiliaran a un partido político, sino si fueron obligados a hacerlo.
La fiscalía sostiene que las pruebas apuntan a una campaña organizada de afiliaciones forzadas, mientras que Shincheonji Iglesia de Jesús mantiene que sus miembros no fueron obligados mediante fuerza ni directrices.
El Dr. Introvigne predijo que el juicio dependerá de las pruebas y del razonamiento jurídico utilizados para demostrar la existencia de coacción.
Sostuvo que «estos cargos corren el riesgo de criminalizar la participación cívica ordinaria simplemente porque las personas pertenecen a una minoría religiosa», añadiendo que «los miembros de Shincheonji, como cualquier otro ciudadano surcoreano, tienen derecho a afiliarse a un partido político y apoyar a un candidato».
■ «Una mancha en las credenciales democráticas de Corea del Sur»
El Dr. Introvigne afirmó que este caso está siendo seguido muy de cerca en los círculos internacionales dedicados a la libertad religiosa, no solo como una cuestión de culpabilidad o inocencia de un grupo religioso, sino como una prueba de «si un Estado democrático aplica los mismos estándares de Estado de derecho y derechos humanos a los grupos religiosos que son controvertidos o están clasificados como minorías».
Si las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno parecen influir en la independencia judicial, en el derecho de defensa de un acusado o en la libertad política de los creyentes, el perjuicio va más allá de la imparcialidad de un solo caso: puede socavar la confianza en el compromiso del Estado con el Estado de derecho y los derechos humanos.
Según afirmó, una democracia auténtica debe garantizar a los grupos minoritarios los mismos procedimientos y derechos que al resto de la población.
El Dr. Introvigne describió la situación como «una mancha en las credenciales democráticas de Corea del Sur» y afirmó que «es un asunto al que el mundo debería prestar atención».
