El Ayuntamiento de Alicante ha impuesto multas de 600 euros a dos mujeres que protagonizaron una protesta durante el pleno municipal del 29 de enero de 2026, en plena polémica por las viviendas protegidas de Les Naus. Las sancionadas son Susana García, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), e Isabel López, una mujer que había sufrido un desahucio. Según la información publicada este lunes, 12 de octubre, por Radio Alicante, se trata de las únicas personas sancionadas por protestas en sesiones plenarias durante la actual legislatura. La decisión ha provocado críticas de la PAH y del PSOE, que cuestionan la proporcionalidad de las multas y reclaman explicaciones al gobierno municipal de Luis Barcala.
Dos multas de 600 euros por una protesta durante el pleno de Alicante
La controversia se remonta al 29 de enero de 2026.
Aquel día, el pleno del Ayuntamiento de Alicante se celebraba en un contexto de fuerte tensión política por el caso de las viviendas de protección pública de Les Naus.
Durante la sesión, dos mujeres vinculadas a la reivindicación del derecho a la vivienda intentaron entregar una carta al alcalde, Luis Barcala.
Se trataba de Susana García, portavoz de la PAH, e Isabel López, una mujer afectada por un desahucio.
Según la reconstrucción publicada por Radio Alicante, la protesta fue breve y consistió en intentar hacer llegar el escrito al primer edil.
La información señala que no hubo pancartas ni resistencia durante la intervención.
Sin embargo, ambas participantes recibieron posteriormente una sanción de 600 euros.
El caso ha vuelto a la actualidad este 12 de octubre después de conocerse que, durante la presente legislatura, no se han impuesto otras multas por protestas en los plenos municipales.
Esta circunstancia es el principal argumento utilizado por las afectadas y por la oposición para cuestionar la actuación del Ayuntamiento.
Qué ocurrió el 29 de enero
La protesta tenía como objetivo trasladar al alcalde una reclamación relacionada con el acceso a la vivienda.
La sesión municipal se desarrollaba mientras crecía la controversia sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus.
La PAH y otros colectivos sociales venían denunciando las dificultades de numerosas familias para acceder a una vivienda asequible.
En ese contexto, Susana García e Isabel López trataron de entregar una carta a Barcala.
El gesto interrumpió brevemente el desarrollo del pleno.
La actuación dio lugar a las sanciones que ahora han generado polémica.
No consta en la información consultada que la protesta provocara daños materiales o agresiones.
Tampoco se dispone del texto íntegro de las resoluciones sancionadoras, por lo que no es posible precisar todos los fundamentos jurídicos utilizados por el Ayuntamiento.
Por qué la PAH considera injustas las sanciones
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca sostiene que las multas representan una respuesta desproporcionada a una protesta pacífica.
Susana García ha criticado especialmente que se haya sancionado a personas que trataban de trasladar al alcalde una situación de vulnerabilidad residencial.
La representante de la PAH ha acusado al gobierno municipal de actuar de forma autoritaria y de limitar la expresión de las reivindicaciones sociales.
Estas valoraciones corresponden a la plataforma y no constituyen por sí mismas una resolución judicial sobre la legalidad de las multas.
El debate de fondo gira alrededor de dos cuestiones.
Por un lado, la Presidencia del pleno tiene facultades para mantener el orden y garantizar el desarrollo de las sesiones.
Por otro, las personas que asisten a un acto público pueden expresar reclamaciones dentro de los límites establecidos por la normativa.
Determinar si una sanción concreta es proporcionada requiere examinar los hechos, la norma aplicada y el procedimiento seguido.
La PAH considera que esos criterios no se han aplicado de forma equitativa.
El dato que provoca la polémica: solo dos personas sancionadas en la legislatura
La información publicada este lunes señala que las dos mujeres son las únicas personas sancionadas por protestar en un pleno de Alicante durante la actual legislatura.
El dato resulta relevante porque en otras sesiones también se han producido manifestaciones de descontento.
Entre los colectivos que han protagonizado protestas se encuentran bomberos, conductores de autobús y representantes sindicales.
Según la información conocida, esas movilizaciones no dieron lugar a sanciones equivalentes.
La comparación ha provocado críticas sobre el criterio utilizado por el gobierno municipal.
Sin embargo, para concluir que existió un trato jurídicamente discriminatorio sería necesario analizar las circunstancias de cada protesta.
No todas las interrupciones de una sesión tienen necesariamente la misma duración, intensidad o consecuencias.
Tampoco se ha acreditado que todas fueran objeto de las mismas actuaciones administrativas.
Lo confirmado es que existe una diferencia en el resultado sancionador que la PAH y el PSOE consideran injustificada.
¿Por qué no se multó a otros colectivos?
Esa es una de las preguntas centrales de la controversia.
Las afectadas reclaman conocer por qué su intervención terminó con dos multas mientras que otras protestas municipales no tuvieron la misma consecuencia.
La información disponible no permite establecer una explicación oficial detallada de esa diferencia.
Tampoco demuestra, por sí sola, que el Ayuntamiento estuviera obligado a sancionar todas las protestas anteriores.
Lo que plantea es una cuestión de transparencia administrativa: conocer qué criterios se aplicaron en cada caso.
Una respuesta institucional permitiría aclarar si existieron diferencias relevantes entre los hechos o si se utilizaron procedimientos distintos.
El PSOE critica la actuación del alcalde Luis Barcala
El Grupo Municipal Socialista también ha cuestionado las sanciones.
La portavoz socialista, Trini Amorós, ha criticado la falta de sensibilidad que, a su juicio, demuestra el gobierno local hacia personas en situación de vulnerabilidad.
El PSOE considera especialmente preocupante que las multas recaigan sobre dos mujeres vinculadas a la defensa del derecho a la vivienda.
La formación reclama explicaciones sobre la actuación municipal y sobre las razones por las que otras protestas no fueron sancionadas.
Estas críticas se suman a los enfrentamientos políticos que ya existen en Alicante por la gestión de la vivienda pública.
No obstante, conviene distinguir los dos asuntos.
Las posibles irregularidades en la promoción de Les Naus son objeto de investigaciones y procedimientos propios.
Las multas a las participantes en el pleno constituyen una controversia administrativa diferente.
Ambas cuestiones están relacionadas por el contexto de la protesta, pero no deben confundirse.
El caso Les Naus, origen del clima de tensión política
La protesta de enero se produjo en plena polémica por las viviendas protegidas de Les Naus, en la zona de Playa de San Juan.
La promoción ha sido objeto de controversia por las condiciones de adjudicación de sus viviendas y por la vinculación de algunos beneficiarios con personas del ámbito político o administrativo.
Las dudas sobre el procedimiento dieron lugar a actuaciones de comprobación y a una investigación judicial.
DSAlicante informó sobre las inspecciones de la Policía Local en Les Naus para comprobar posibles alquileres irregulares y el uso efectivo de las viviendas protegidas.
Aquellas actuaciones tenían como finalidad contrastar si los inmuebles se utilizaban conforme a las condiciones de la protección pública.
También se han producido movimientos dentro de la propia promoción.
En febrero, este periódico recogió las renuncias de adjudicatarios a viviendas protegidas de Les Naus tras el estallido de la controversia.
La repercusión del caso explica por qué las reclamaciones relacionadas con la vivienda adquirieron especial visibilidad en los plenos municipales.
Sin embargo, el hecho de que exista una investigación sobre Les Naus no determina automáticamente la legalidad o ilegalidad de las protestas realizadas durante las sesiones del Ayuntamiento.
La investigación judicial de Les Naus sigue su propio recorrido
La controversia por las viviendas protegidas también ha llegado a los tribunales.
La investigación se centra en esclarecer posibles irregularidades en los procedimientos relacionados con la promoción y adjudicación de los inmuebles.
En marzo, DSAlicante informó de que la jueza del caso Les Naus había trasladado documentación a la UDEF para su análisis.
Posteriormente, el 8 de octubre, se conoció la citación como investigados de tres responsables del consejo rector de la cooperativa promotora, dentro de unas diligencias que alcanzaban a 18 personas investigadas.
Es importante recordar que la condición de investigado no implica culpabilidad.
La finalidad de las diligencias es esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.
El procedimiento judicial sobre Les Naus y las multas por la protesta de enero son asuntos distintos, aunque comparten un mismo contexto social y político.
La vivienda protegida continúa en el centro del debate
El caso Les Naus ha puesto sobre la mesa preguntas relacionadas con la transparencia de las adjudicaciones, la utilización de suelo público y los controles administrativos.
También ha intensificado la discusión sobre las dificultades de acceso a la vivienda en Alicante.
En este contexto, la PAH reivindica que las instituciones escuchen a las personas que afrontan situaciones de vulnerabilidad residencial.
La plataforma considera que una protesta breve para entregar una carta no debería desembocar en una sanción económica de esta cuantía.
El Ayuntamiento, por su parte, tiene la responsabilidad de garantizar que los plenos puedan celebrarse con normalidad.
La controversia consiste en determinar cómo deben conciliarse ambas cuestiones y si la actuación concreta fue proporcionada.
¿Puede el Ayuntamiento sancionar a una persona por interrumpir un pleno?
Las sesiones plenarias de los ayuntamientos son, con carácter general, públicas.
Sin embargo, su carácter público no significa que cualquier asistente pueda interrumpir libremente el desarrollo de los debates.
La Presidencia de la sesión dispone de facultades para mantener el orden y adoptar las medidas previstas en la normativa aplicable.
Ahora bien, ordenar el desarrollo de una sesión y sancionar económicamente a una persona son actuaciones diferentes.
Una multa requiere una base legal, un procedimiento y una resolución que identifique los hechos y la infracción atribuida.
También deben respetarse las garantías correspondientes a cualquier procedimiento sancionador.
Entre ellas figuran el derecho a conocer la acusación administrativa, formular alegaciones y utilizar los recursos legalmente previstos.
En este caso, sin acceso al expediente íntegro, no puede determinarse si las sanciones cumplen todos esos requisitos.
Tampoco sería correcto afirmar que son ilegales únicamente porque otras protestas no hayan terminado con multas.
Esa conclusión exigiría una revisión jurídica de las resoluciones y de las circunstancias concretas.
Qué significa que la protesta no figure en el acta del pleno
Otro aspecto destacado en la información publicada es que la intervención de las dos mujeres no aparece reflejada en el acta oficial de aquella sesión, según la documentación examinada por Radio Alicante.
La circunstancia ha generado nuevas preguntas sobre cómo quedó registrada la protesta.
No obstante, un acta municipal no siempre reproduce literalmente todos los acontecimientos ocurridos durante una sesión.
Su contenido y alcance dependen de las normas que regulan la documentación de los acuerdos y las incidencias.
Por ello, la ausencia de una referencia en el acta no demuestra automáticamente que la protesta no ocurriera ni que una eventual sanción carezca de fundamento.
Lo relevante sería comprobar qué otros documentos, informes o pruebas se incorporaron a los expedientes.
Entre ellos podrían encontrarse comunicaciones oficiales, informes de los servicios municipales o grabaciones de la sesión, si existen y forman parte del procedimiento.
Sin esa información, no es posible ofrecer una conclusión definitiva.
La situación de Isabel López añade una dimensión social a la polémica
La situación personal de una de las sancionadas ha incrementado la repercusión del caso.
Según la información publicada, Isabel López había sufrido un desahucio y se encontraba viviendo en la calle.
La multa de 600 euros adquiere una especial relevancia en ese contexto de vulnerabilidad.
La PAH sostiene que la Administración debería atender a estas circunstancias antes de adoptar medidas que puedan agravar la situación económica de una persona.
La portavoz socialista Trini Amorós también ha centrado sus críticas en este aspecto.
No obstante, las circunstancias personales de una persona sancionada no permiten establecer, sin examinar la normativa y el expediente, si corresponde legalmente una reducción, suspensión o anulación de la multa.
La controversia plantea una cuestión social y política, además de la estrictamente administrativa.
DSAlicante ha abordado anteriormente las medidas estatales sobre alquileres y protección frente a desahucios aprobadas en septiembre de 2026, cuyo recorrido legislativo y aplicación deben distinguirse de este caso municipal.
Qué opciones tienen las personas sancionadas
Las personas que reciben una sanción administrativa pueden disponer de vías para cuestionarla, según el tipo de resolución y el procedimiento aplicable.
El primer paso consiste en revisar la notificación.
Es importante comprobar qué hechos se atribuyen a la persona, qué norma se considera infringida y qué recursos se indican.
También deben revisarse los plazos, porque varían según el procedimiento y la situación administrativa de la resolución.
En determinados casos pueden formularse alegaciones o presentarse recursos administrativos.
Una vez agotada la vía administrativa, puede existir la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin embargo, no se ha podido confirmar en las fuentes consultadas si Susana García e Isabel López han recurrido formalmente las multas ni en qué fase se encuentran sus respectivos expedientes.
Por tanto, no debe darse por hecho que las sanciones sean firmes o que exista ya una resolución judicial sobre ellas.
Qué explicaciones están pendientes
La noticia publicada este 12 de octubre deja abiertas varias cuestiones relevantes.
La primera es conocer los fundamentos jurídicos concretos de las dos sanciones.
La segunda consiste en determinar qué documentación se utilizó para acreditar los hechos.
También sería importante conocer los criterios aplicados por el Ayuntamiento ante otras protestas desarrolladas durante la legislatura.
Finalmente, falta saber si las multas han sido recurridas y cuál será su resultado.
La información conocida permite afirmar que existe una controversia política y social sobre dos sanciones económicas.
Pero no permite anticipar su posible anulación ni establecer responsabilidades que no hayan sido acreditadas.
Preguntas frecuentes sobre las multas del pleno de Alicante
¿Cuánto tienen que pagar las dos mujeres sancionadas?
Cada una ha recibido una multa de 600 euros, según la información publicada el 12 de octubre.
¿Quiénes son las sancionadas?
Susana García, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, e Isabel López, una mujer afectada por un desahucio.
¿Cuándo ocurrió la protesta?
Durante el pleno del Ayuntamiento de Alicante celebrado el 29 de enero de 2026.
¿Qué intentaban hacer?
Según la información publicada, intentaban entregar una carta al alcalde, Luis Barcala, relacionada con la situación de la vivienda.
¿Por qué se han generado críticas?
Porque serían las únicas personas multadas por protestas en plenos durante la actual legislatura, mientras que otras movilizaciones no recibieron sanciones equivalentes.
¿Las multas han sido declaradas ilegales?
No consta una resolución judicial que haya declarado ilegales estas sanciones.
¿Qué relación tiene el caso con Les Naus?
La protesta se produjo en el contexto de la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en esa promoción de Alicante.
¿Se sabe si las afectadas han recurrido?
No se ha podido confirmar en la información consultada el estado de posibles recursos.
Un nuevo debate sobre las protestas ciudadanas en Alicante
Las multas de 600 euros impuestas a Susana García e Isabel López han reabierto la discusión sobre la respuesta municipal a las protestas durante los plenos.
La PAH y el PSOE cuestionan la proporcionalidad de las sanciones y señalan que otros colectivos no han recibido multas por movilizaciones desarrolladas en sesiones municipales.
El Ayuntamiento debe garantizar el funcionamiento de sus órganos, pero sus actuaciones sancionadoras también están sujetas a normas y garantías.
Por ahora, la información disponible no permite concluir que las multas sean ilegales ni que exista una decisión judicial sobre ellas.
La controversia seguirá abierta mientras no se conozcan los fundamentos completos de las sanciones y las respuestas a las reclamaciones planteadas.
