Hay algo que resulta difícil de aceptar para cualquier ciudadano: que cuando llegan los recortes, las dificultades o la falta de recursos, parezca que quienes tienen menos son siempre los primeros en pagar las consecuencias. Y, mientras tanto, alrededor del poder político continúan existiendo gastos, privilegios y situaciones que merecen, como mínimo, una explicación.
Hoy martes 23 de septiembre, hemos visto una imagen difícil de olvidar: una mujer de 87 años, con una salud delicada y que llevaba alrededor de setenta años viviendo en su casa de Madrid, ha sido desahuciada. La comisión judicial ejecutó el lanzamiento y la mujer tuvo que salir en camilla. El caso ha provocado una enorme movilización ciudadana.
Y una pregunta resulta inevitable: ¿no puede un Estado que se considera social encontrar una solución cuando una persona de esa edad se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad?
Porque decretos se pueden aprobar. Durante los años de la crisis económica hubo numerosos reales decretos y decretos-ley aprobados por los sucesivos Gobiernos. También durante el Gobierno de Mariano Rajoy se aprobó la supresión, desde 2013, de la deducción estatal por adquisición de vivienda habitual para quienes compraran después de esa fecha, aunque se mantuvo un régimen transitorio para quienes ya tenían derecho a ella. A día de hoy no se ha restablecido ese derecho, a pesar de los problemas de compra de una vivienda.
También hubo decisiones sobre vivienda pública que generaron una enorme controversia . Durante la etapa municipal de Ana Botella se vendieron 18 promociones de vivienda pública, con 1860 viviendas protegidas, a una sociedad vinculada a Blackstone. Aquella operación terminó teniendo recorrido judicial, aunque la condena inicial del Tribunal de Cuentas fue posteriormente revocada. Es importante contar ambas cosas, porque la justicia no puede utilizarse selectivamente según nos interese el resultado.
Y esa debería ser precisamente la regla: el mismo rasero para todos.
Si se investigan los recursos utilizados por el entorno de un presidente, también debe existir transparencia cuando se trata de Gobiernos anteriores. En el caso de Mariano Rajoy, una querella cuestionó que se hubiera financiado con recursos de La Moncloa determinados cuidados que necesitaba su padre. El Tribunal Supremo archivó aquella querella al considerar que no existían pruebas suficientes de malversación.
Ahora, la esposa del actual presidente del Gobierno ha sido enviada a juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Eso no significa que sea culpable: significa que deberá responder ante la Justicia y que será un tribunal quien determine las responsabilidades que correspondan.
Pero la ciudadanía tiene derecho a pedir exactamente lo mismo en todos los casos: que se investigue cuando existan indicios, que se juzgue cuando corresponda y que se respete la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Y mientras tanto, ¿qué ocurre con el dinero público?
¿Por qué no se revisan con mayor rigor los asesores, los gastos de los cargos públicos, los privilegios y las incompatibilidades? ¿Por qué no se refuerzan los controles sobre las llamadas puertas giratorias para evitar conflictos de intereses cuando un político abandona el poder y pasa a una empresa privada? ¿Por qué no se exige máxima transparencia sobre las funciones y remuneraciones de quienes trabajan alrededor de los dirigentes?
También podríamos preguntarnos cuánto sentido tiene mantener determinados servicios de traducción en las instituciones cuando existen lenguas cooficiales cuyo reconocimiento constitucional debe respetarse, pero al mismo tiempo la ciudadanía reclama que cada gasto público esté suficientemente justificado. La lengua oficial en España es el castellano, todos sabemos utilizarla y no se necesitan traductores.
No se trata de quitar derechos lingüísticos ni de señalar a ningún partido. Se trata de preguntarnos si cada euro procedente de nuestros impuestos está siendo utilizado de la manera más responsable posible.
Y hay algo todavía más importante: la dependencia.
En julio de 2026 el Congreso aprobó la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad; Vox votó en contra y el PP se abstuvo. Además, se aprobó un refuerzo de 6.200 millones de euros para el sistema de dependencia.
Aquí no debería existir ideología que valga. Porque todos, absolutamente todos, podemos llegar a necesitar ayuda para levantarnos de una cama, asearnos, comer o simplemente vivir con dignidad. Hoy puede ser otra persona. Mañana podemos ser nosotros.
Por eso quizá deberíamos exigir menos privilegios y más protección; menos puertas giratorias y más controles; menos gastos difícilmente justificables y más recursos para quienes realmente los necesitan. Porque la vida no pregunta a quién votamos cuando llega la vejez, la enfermedad o la dependencia.
Y cuando llegue ese momento, nadie se llevará consigo sus cargos, sus influencias ni sus millones.
Solo quedará la dignidad con la que hayamos decidido tratar a los demás.
- CONCHI BASILIO
