La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante solicita una pena de cinco años y medio de prisión para un intermediario inmobiliario acusado de utilizar documentación presuntamente falsa para cerrar la venta de una vivienda situada en La Nucía, en la Marina Baixa.
El Ministerio Público le atribuye un delito continuado de falsedad documental en concurso con un delito de estafa, al considerar que habría engañado a los compradores mediante contratos y documentos en los que figuraban supuestamente firmas falsas de los propietarios del inmueble, que además ya habían fallecido.
La venta se cerró por 100.000 euros
Según mantiene la acusación, los hechos se remontan a marzo de 2013, cuando el procesado presentó a los compradores un contrato de gestión y un mandato de venta en los que aparecían, presuntamente, las firmas de los dueños de la vivienda.
La Fiscalía sostiene que esas rúbricas no eran auténticas y que el acusado habría ocultado a los compradores una circunstancia clave: los verdaderos propietarios del inmueble habían fallecido.
La operación de compraventa se cerró finalmente por un importe de 100.000 euros, de acuerdo con el relato del Ministerio Público.
Un poder notarial presuntamente falsificado
El caso dio un nuevo paso en junio de 2014, cuando, durante el trámite para elevar la compraventa a escritura pública, el acusado habría aportado un poder notarial presuntamente falsificado.
Ese documento, según la Fiscalía, le autorizaba para formalizar la venta de la propiedad, pese a que la acusación considera que no contaba con una autorización válida de los titulares reales del inmueble.
La investigación se centra, por tanto, en si el procesado utilizó documentos falsos para dar apariencia legal a una operación inmobiliaria que, según el Ministerio Público, no podía realizarse en los términos presentados a los compradores.
El caso salió a la luz en 2015
La situación se descubrió en 2015, cuando el administrador judicial de la herencia de los propietarios fallecidos interpuso una demanda contra el comprador de la vivienda.
En esa demanda reclamó la nulidad de la operación, al considerar que la transmisión del inmueble no se había realizado correctamente y que existían irregularidades en la documentación utilizada.
El procedimiento penal se centra ahora en determinar la responsabilidad del intermediario inmobiliario y si los documentos empleados en la operación fueron falsificados para cerrar la compraventa.
La Fiscalía acusa por falsedad documental y estafa
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante solicita para el acusado cinco años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad documental en concurso con un delito de estafa.
La acusación entiende que el procesado no solo habría utilizado documentación falsa, sino que esa actuación habría servido para engañar a los compradores y lograr que abonaran el precio de la vivienda.
No se han facilitado declaraciones de las partes ni más detalles sobre la identidad del acusado o de los afectados. El caso queda pendiente de la decisión judicial que corresponda tras la vista.
