El TACRC suspende cautelarmente una licitación de bienestar animal del Ayuntamiento de Chiva tras un recurso impulsado por alimentadoras de colonias felinas
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha acordado la suspensión cautelar del procedimiento de contratación impulsado por el Ayuntamiento de Chiva relacionado con servicios de bienestar animal, tras los recursos especiales interpuestos por ciudadanas vinculadas al cuidado y gestión de colonias felinas.
Según la resolución de fecha 14 de mayo de 2026, el Tribunal considera que continuar el procedimiento podría generar perjuicios de “difícil o imposible reparación”, motivo por el cual acuerda paralizar cautelarmente la licitación mientras se estudia el fondo del asunto.
Aunque el recurso todavía no ha sido resuelto definitivamente, esta decisión supone un paso relevante y poco habitual, especialmente teniendo en cuenta que la iniciativa no parte de grandes operadores económicos, sino de personas implicadas directamente en la protección animal y la gestión diaria de colonias felinas.
Las recurrentes cuestionan diversos aspectos de los pliegos de contratación, entre ellos posibles restricciones a la competencia y determinadas condiciones que, a su juicio, podrían limitar injustificadamente la participación de otros profesionales y entidades.
Desde el entorno de las recurrentes consideran que esta suspensión demuestra que la ciudadanía organizada también puede ejercer labores de fiscalización sobre los contratos públicos cuando existen dudas razonables sobre su planteamiento.
“Muchas veces quienes están sobre el terreno viendo la realidad de los animales son precisamente las alimentadoras, voluntarias y personas que llevan años sosteniendo esta situación sin apenas recursos. Esta resolución demuestra que la ciudadanía no tiene por qué quedarse inmóvil”, señalan.
El caso también ha servido como impulso para el nacimiento de FAULEX, una nueva asociación orientada a la defensa jurídica y administrativa del bienestar animal y de las personas implicadas en su protección.
Según explican sus impulsoras, este procedimiento ha evidenciado la necesidad de crear estructuras capaces de documentar, visibilizar y combatir situaciones relacionadas con bienestar animal, contratación pública y posibles irregularidades administrativas, desde un enfoque técnico y basado en herramientas legales.
“Todavía queda recorrido jurídico y el recurso no está resuelto definitivamente, pero esta suspensión cautelar ya supone una pequeña victoria colectiva para muchas personas que durante años han sentido que no tenían herramientas para actuar.”
Las impulsoras esperan que este caso anime a más ciudadanos y asociaciones a ejercer sus derechos, solicitar transparencia y utilizar las vías legales y administrativas disponibles cuando consideren que el interés público o el bienestar animal pueden verse afectados.
