La Audiencia Provincial de Alicante tiene previsto juzgar a un abogado y a sus cuatro hijos por su presunta implicación en un delito de apropiación indebida relacionado con la gestión del patrimonio de una mujer que, según sostiene la Fiscalía, padecía deterioro cognitivo en el momento de los hechos. El caso, que se remonta a marzo de 2017, ha generado una notable atención social por la especial vulnerabilidad de la presunta víctima y por el perfil profesional del principal acusado.
La investigación judicial apunta a que el letrado, que administraba los bienes de la mujer, habría aprovechado su posición de confianza y la limitada capacidad de la afectada para comprender y controlar sus decisiones económicas, facilitando una serie de transferencias bancarias que terminaron en las cuentas de sus propios hijos.
Un presunto abuso de confianza bajo la apariencia de legalidad
Cuatro transferencias de 20.000 euros en una sola jornada
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2017, cuando el abogado acudió junto a la mujer a una entidad bancaria situada en Benissa. En el interior de la sucursal, la presunta víctima realizó cuatro transferencias bancarias, cada una por un importe de 20.000 euros, alcanzando un total de 80.000 euros.
Las cantidades fueron ingresadas directamente en las cuentas bancarias de los cuatro hijos del abogado, y las operaciones se justificaron bajo el concepto de “aguinaldo de Navidad”, una denominación que, para la Fiscalía, no se corresponde con la realidad de los hechos ni con la situación personal y económica de la mujer.
Capacidad cognitiva limitada, según la acusación
El Ministerio Público sostiene que la mujer tenía seriamente mermada su capacidad para gestionar su patrimonio, así como para otorgar un consentimiento válido en operaciones económicas de esa envergadura. Esta circunstancia, siempre según la acusación, habría sido conocida y aprovechada por el abogado, quien ejercía como administrador de sus bienes.
Desde la óptica fiscal, el acusado principal no solo habría facilitado las operaciones, sino que habría desempeñado un papel activo y decisivo en la disposición del dinero, lo que fundamenta su imputación como autor del delito.
Responsabilidades penales solicitadas por la Fiscalía
Penas de prisión diferenciadas
La Fiscalía ha solicitado distintas penas en función del grado de participación de cada acusado:
Para el abogado:
Dos años de prisión, al considerarlo autor principal del presunto delito de apropiación indebida.
Para cada uno de sus cuatro hijos:
Un año de prisión, al ser considerados cooperadores necesarios en la ejecución del delito.
Además de las penas privativas de libertad, no se descarta que el proceso judicial pueda derivar en la obligación de devolver las cantidades presuntamente apropiadas, así como en otras responsabilidades civiles.
Un caso que reabre el debate sobre la protección de personas vulnerables
El control del patrimonio en situaciones de dependencia
Este procedimiento judicial vuelve a poner el foco sobre la protección Legal de las personas con deterioro cognitivo, especialmente cuando delegan la gestión de su patrimonio en terceros. Expertos en Derecho civil y penal advierten de la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión, tanto en el ámbito familiar como profesional.
Entre los aspectos más debatidos se encuentran:
La fiscalización de los administradores de bienes.
La intervención temprana de servicios sociales y sanitarios.
El papel de las entidades bancarias ante operaciones de elevado importe realizadas por personas vulnerables.
La confianza como eje del conflicto
El caso adquiere especial relevancia por el hecho de que el principal acusado es un abogado, una figura que, por su formación y función social, está llamada a proteger los intereses de sus clientes. La presunta quiebra de esa confianza es uno de los elementos que más impacto genera tanto en el ámbito judicial como en la Opinión pública.
Testimonios exclusivos para dsalicante.com
Desde DSAlicante.com hemos recabado testimonios que reflejan la preocupación social que despiertan este tipo de situaciones:
“Mi madre pasó por algo parecido. Cuando una persona ya no está al cien por cien, es muy fácil que otros decidan por ella sin que sea realmente consciente”, explica María L., vecina de la Marina Alta.
“Las familias y los profesionales deberían estar mucho más vigilados. No todo vale cuando alguien no puede defenderse solo”, señala José A., cuidador de personas dependientes, que prefiere mantenerse en el anonimato.
“Estos casos generan desconfianza incluso hacia quienes sí hacen bien su trabajo. Por eso es importante que la Justicia actúe con firmeza”, apunta Ana R., jubilada de Alicante.
Preguntas y respuestas clave sobre el caso
¿De qué delito se acusa al abogado y a sus hijos?
Se les acusa de un presunto delito de apropiación indebida, relacionado con la gestión irregular del patrimonio de una mujer con deterioro cognitivo.
¿Cuánto dinero se habría transferido?
Un total de 80.000 euros, distribuidos en cuatro transferencias de 20.000 euros cada una.
¿Por qué la Fiscalía considera inválido el consentimiento?
Porque sostiene que la mujer no tenía capacidad suficiente para comprender y controlar las decisiones económicas adoptadas.
¿Qué papel habrían tenido los hijos?
La acusación los considera cooperadores necesarios, al recibir el dinero en sus cuentas y beneficiarse de las transferencias.
¿Cuándo se celebrará el juicio?
El procedimiento se encuentra en fase de enjuiciamiento ante la Audiencia Provincial de Alicante, que será la encargada de fijar las fechas.
Un proceso judicial con especial interés público
El desarrollo del juicio será clave para determinar si existió realmente un aprovechamiento ilícito de la vulnerabilidad de la mujer y si las operaciones bancarias se realizaron con pleno conocimiento y consentimiento. La resolución del caso podría sentar un precedente relevante en materia de delitos patrimoniales cometidos contra personas con capacidades cognitivas limitadas.
Desde DSAlicante.com seguiremos informando sobre cualquier novedad relacionada con este procedimiento judicial, manteniendo nuestro compromiso con un periodismo independiente, riguroso y centrado en la defensa del interés público.
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