Trump expresa su preocupación por presuntas “redadas muy agresivas contra iglesias” en Corea del Sur
La atención internacional se centra en denuncias de discriminación religiosa bajo el liderazgo posterior a la destitución presidencial
Presidente y primer ministro acusados de estigmatizar a un grupo religioso específico
Las investigaciones reiteradas contra Shincheonji generan inquietud internacional en materia de derechos humanos
Las críticas al Gobierno de Corea del Sur están aumentando después de que altos cargos públicos estigmatizaran públicamente a un grupo religioso concreto. Se emitió una orden para investigar y “erradicar” a dicho grupo, lo que ha dado lugar a denuncias de persecución religiosa.
Líderes mundiales —incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— han expresado su preocupación por que estas acciones puedan socavar principios fundamentales de la democracia, en particular la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado.
Numerosos observadores también han manifestado su inquietud ante el contraste entre la imagen internacional de Corea del Sur como potencia cultural del K-Pop y los K-dramas, y la creciente percepción de que el país muestra signos de regresión democrática.
El presidente Trump menciona redadas contra iglesias en Corea del Sur durante una cumbre en agosto de 2025. (Crédito de la foto: Cheong Wa Dae)
El presidente y el primer ministro de Corea del Sur califican a un grupo religioso de “secta” y piden su “erradicación”, generando críticas
Presidente surcoreano Lee Jae-myung (Crédito de la foto: Cheong Wa Dae)
El 12 de enero, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, condenó públicamente a la Iglesia de Jesús Shincheonji, el Templo del Tabernáculo del Testimonio (en adelante, “Shincheonji”), así como a otros grupos religiosos, declarando que “los daños que causan a la sociedad han sido tolerados durante demasiado tiempo, lo que ha dado lugar a perjuicios graves”.
Al día siguiente, el primer ministro Kim Min-seok reiteró las declaraciones del presidente durante una reunión del Consejo de Ministros, ordenando una investigación conjunta sobre el “grupo pseudorreligioso” y la “secta”, con el objetivo de su “erradicación”.
Tras estas declaraciones, se conformó un equipo conjunto de agencias de seguridad y las investigaciones están actualmente en curso. Paralelamente, los debates en la Asamblea Nacional sobre el nombramiento de un fiscal especial han suscitado preocupación por la posible adopción de medidas coercitivas adicionales, incluidas operaciones de registro y confiscación.
El artículo 20 de la Constitución de Corea del Sur garantiza la libertad religiosa como un derecho fundamental. No obstante, las declaraciones del presidente Lee Jae-myung —realizadas sin que exista una resolución judicial— que señalan a Shincheonji como responsable de daños sociales han generado inquietud por el hecho de que “la autoridad estatal esté fomentando el estigma y la hostilidad hacia una religión específica”.
Los críticos sostienen que las palabras del presidente parecen socavar los principios constitucionales y democráticos. La elección de Lee Jae-myung se produjo tras la destitución del anterior presidente de Corea del Sur, que tuvo lugar después de una declaración inconstitucional de la ley marcial.
Respuesta de Shincheonji: “Las investigaciones selectivas y reiteradas equivalen a discriminación religiosa
El presidente Lee Jae-myung durante las operaciones de registro y confiscación en instalaciones de Shincheonji en 2020(Crédito de la foto: Provincia de Gyeonggi)
La Iglesia de Jesús Shincheonji, fundada en 1984 por su presidente Lee Man-hee, es una organización cristiana de rápido crecimiento, que informa de incrementos de más de 100.000 miembros al año. Algunos analistas sugieren que la expansión y visibilidad del grupo podrían haber contribuido a un mayor escrutinio político y social.
La organización se convirtió por primera vez en un foco central de la acción estatal durante el brote de COVID-19 en 2020. En aquel momento, las autoridades llevaron a cabo investigaciones a gran escala por supuestas violaciones de la legislación sobre enfermedades infecciosas. Shincheonji informó de más de diez operaciones de registro y confiscación dirigidas a su sede central y a iglesias afiliadas.
El presidente Lee Jae-myung, que entonces era gobernador de la provincia de Gyeonggi, adoptó una postura dura, liderando personalmente una entrada forzosa en la sede de Shincheonji.
Posteriormente, los tribunales surcoreanos absolvieron a Shincheonji de los principales cargos, incluidas las presuntas violaciones de la Ley de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas. En respuesta, la organización declaró que “aunque se han presentado numerosas denuncias y acusaciones contra nosotros, los tribunales han archivado sistemáticamente los casos o han dictado sentencias absolutorias”, añadiendo que “asuntos ya resueltos por el poder judicial están siendo reciclados como herramientas de ataque político y público”.
La Iglesia subrayó que es “una comunidad religiosa sin intención de involucrarse en conflictos políticos” e instó a las autoridades a “dejar de utilizar a una religión específica como chivo expiatorio mientras se habla de unidad nacional”.
Aumenta el escrutinio internacional tras las declaraciones del presidente Trump y de organizaciones defensoras de la democracia
Captura de pantalla de una publicación del presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social
La preocupación internacional se ha intensificado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera referencia a denuncias según las cuales el Gobierno surcoreano habría llevado a cabo “redadas muy agresivas” contra iglesias e incluso habría ingresado en bases militares estadounidenses para recabar información. En agosto, una publicación del presidente en Truth Social indicaba que podría estar produciéndose “una purga o una revolución” en Corea del Sur.
Los observadores señalan que es altamente inusual que el líder de un país aliado exprese públicamente su preocupación por las prácticas internas de aplicación de la ley de otra nación.
En diciembre, la Unión Democrática Internacional (IDU) afirmó que Corea del Sur debería ser vigilada en cuanto al cumplimiento de los principios fundamentales de gobernanza y la protección de los derechos básicos. Resoluciones de este tipo dirigidas a Corea del Sur son poco frecuentes, especialmente en cuestiones relacionadas con la gobernanza y el Estado de derecho.
La libertad religiosa está expresamente protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y cualquier interferencia estatal debe cumplir criterios de legalidad, proporcionalidad y restricción mínima.
Este caso plantea una cuestión fundamental para las democracias liberales: ¿hasta qué punto puede el Estado intervenir en asuntos religiosos y en derechos civiles fundamentales? La atención internacional se dirige ahora al futuro de la democracia surcoreana ante el peso de este interrogante.
