Dos comunidades de propietarios de Orihuela comenzaron a detectar movimientos que no cuadraban en sus cuentas bancarias. Las sospechas terminaron desencadenando una investigación policial y ahora una mujer de 45 años ha sido detenida como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental.
La investigada trabajaba como administradora de fincas y, según la investigación policial, presuntamente habría conseguido apropiarse de más de 17.800 euros pertenecientes a dos comunidades de propietarios que gestionaba.
El procedimiento que supuestamente utilizaba resulta especialmente llamativo: habría falsificado las firmas de representantes de las comunidades para cobrar de manera fraudulenta diferentes cheques bancarios.
La investigación comenzó precisamente después de que representantes de las comunidades afectadas detectaran irregularidades económicas y decidieran denunciar lo sucedido.
Dos comunidades detectaron irregularidades en sus cuentas
El caso comenzó cuando los representantes de dos comunidades de propietarios comprobaron que existían movimientos económicos que no reconocían.
Ante esas irregularidades presentaron las correspondientes denuncias.
La Policía Nacional abrió entonces una investigación para determinar qué había ocurrido con el dinero y quién podía estar detrás de las operaciones.
Las pesquisas llevaron hasta la persona encargada de administrar las fincas.
La mujer detenida tenía acceso, debido precisamente a su actividad profesional, a determinada documentación relacionada con la gestión económica de las comunidades.
Más de 17.800 euros presuntamente desviados
La cantidad investigada supera los 17.800 euros.
No se trataría, por tanto, de una única operación aislada.
Los investigadores fueron reconstruyendo los movimientos económicos hasta determinar el procedimiento presuntamente utilizado para retirar el dinero.
Uno de los elementos fundamentales de la investigación fueron los cheques bancarios.
Habría falsificado firmas para cobrar cheques
Según la investigación, la administradora presuntamente falsificaba las firmas de representantes de las comunidades de propietarios.
Con esas firmas habría podido cobrar fraudulentamente diferentes cheques.
La mecánica resulta especialmente relevante porque introduce un segundo posible delito además de la apropiación del dinero.
Por este motivo, la mujer ha sido detenida como presunta responsable de:
estafa
y falsedad documental.
Será el procedimiento judicial el que determine finalmente las responsabilidades.
La Policía reconstruyó los movimientos bancarios
Una investigación de estas características necesita seguir el recorrido del dinero.
Los agentes analizaron las operaciones denunciadas y la documentación relacionada con ellas.
El objetivo era comprobar qué cantidades habían salido de las cuentas, mediante qué procedimiento y quién había participado en las operaciones.
Las investigaciones económicas pueden resultar especialmente importantes cuando no existe un robo físico de dinero.
Aquí no hablamos de alguien que supuestamente entra en una comunidad y se lleva efectivo.
El dinero desaparece mediante operaciones que, a primera vista, pueden parecer legítimas.
El acceso a las cuentas convierte el control en algo fundamental
Las comunidades de propietarios manejan cantidades importantes de dinero.
Cada vecino paga periódicamente una cuota que puede utilizarse para:
limpieza;
ascensores;
electricidad;
seguros;
mantenimiento;
reparaciones;
obras;
jardinería;
piscinas;
servicios profesionales.
Además, muchas comunidades mantienen un fondo de reserva.
La suma puede convertirse en miles o decenas de miles de euros.
Por eso resulta especialmente importante que exista un sistema que permita controlar los movimientos económicos.
¿Cómo puede una comunidad detectar movimientos sospechosos?
Este caso sirve también para recordar algunas medidas que pueden ayudar a detectar irregularidades antes de que la cantidad aumente.
La primera es sencilla:
revisar periódicamente los extractos bancarios.
No basta con conocer el saldo total.
Conviene comprobar los movimientos.
Si aparece un cheque, transferencia o retirada que los responsables de la comunidad no reconocen, debería aclararse.
El presidente y los propietarios pueden pedir explicaciones
Una comunidad no debería funcionar como una caja negra en la que únicamente una persona conoce qué ocurre con el dinero.
Las cuentas deben poder explicarse.
Cuando existe un gasto relevante debería poder identificarse:
quién lo ha cobrado;
por qué concepto;
qué cantidad;
cuándo;
y qué documentación lo justifica.
Una factura, presupuesto o contrato puede ayudar a comprobar que el movimiento corresponde realmente a un servicio realizado.
Mucho cuidado con los cheques
El caso investigado en Orihuela pone el foco precisamente en los cheques.
Aunque actualmente muchas operaciones se realizan mediante transferencia bancaria, todavía pueden utilizarse otros instrumentos de pago.
Cuando una operación requiere firma, resulta importante comprobar quién está autorizado y qué mecanismos utiliza la entidad bancaria para validar esa autorización.
Una comunidad puede valorar además qué sistema ofrece mayor trazabilidad.
Una transferencia deja normalmente información sobre:
fecha;
importe;
cuenta de destino;
concepto.
Esto facilita posteriormente revisar una operación.
Revisar las cuentas antes de aprobarlas
Uno de los momentos más importantes suele llegar con la junta de propietarios.
Cuando se presentan las cuentas del ejercicio, los vecinos no deberían limitarse necesariamente a escuchar únicamente el saldo final.
Conviene prestar atención a los gastos más importantes y a cualquier variación significativa.
Por ejemplo:
¿Por qué ha aumentado tanto el mantenimiento?
¿Por qué aparece un proveedor nuevo?
¿Existe factura?
¿Se aprobó esa obra?
¿Quién autorizó este pago?
No se trata de desconfiar automáticamente de todo.
Se trata de aplicar controles normales sobre dinero que pertenece al conjunto de propietarios.
Comparar presupuesto y gasto real
Otra medida útil consiste en comparar:
lo que se esperaba gastar
frente a
lo que realmente se gastó.
Si una comunidad había presupuestado 5.000 euros para determinado servicio y termina pagando 12.000, debería existir una explicación.
Puede ser completamente legítima.
Quizá surgió una reparación urgente.
Pero debería poder documentarse.
Las desviaciones importantes pueden servir como señal para revisar con más atención determinadas partidas.
Las facturas son fundamentales
Todo servicio pagado por una comunidad debería contar con la documentación correspondiente cuando resulte exigible.
Una factura permite comprobar:
empresa;
CIF;
concepto;
fecha;
importe;
impuestos.
Además, ayuda a detectar situaciones extrañas.
Por ejemplo, pagos repetidos a una empresa desconocida o cantidades que no coinciden con los servicios contratados.
¿Qué hacer si descubres un movimiento que no reconoces?
Lo primero debería ser recopilar información.
Extractos.
Facturas.
Actas.
Presupuestos.
Contratos.
Cheques.
Correos electrónicos.
Cualquier documentación relacionada con el movimiento.
Después conviene solicitar una explicación formal.
Si existen indicios de que puede haberse cometido un delito, la comunidad puede buscar asesoramiento jurídico y presentar una denuncia.
Precisamente las denuncias de los representantes de las dos comunidades afectadas fueron las que dieron origen a la investigación de Orihuela.
No modificar ni destruir documentación
Si existe sospecha de una irregularidad, resulta importante conservar los documentos originales.
No deberían alterarse archivos, anotaciones o documentos que puedan resultar posteriormente relevantes.
También conviene guardar comunicaciones electrónicas.
Correos.
Mensajes.
Presupuestos enviados.
Justificantes bancarios.
Cuanta mayor trazabilidad exista, más sencillo resultará reconstruir lo sucedido.
¿Puede una comunidad cambiar de administrador?
Los propietarios pueden plantearse sustituir a la persona o empresa encargada de la administración cuando pierden la confianza en su gestión, siguiendo los procedimientos establecidos para la comunidad.
Pero antes de realizar un cambio conviene garantizar una correcta entrega de documentación.
Entre otras cosas:
cuentas;
facturas;
contratos;
claves y accesos que correspondan;
documentación laboral;
pólizas;
actas;
información de proveedores.
Un cambio desordenado puede provocar posteriormente problemas para reconstruir la gestión anterior.
El administrador maneja información especialmente sensible
Un administrador de fincas no gestiona únicamente facturas.
Puede tener acceso a información sobre:
propietarios;
deudas;
cuentas;
proveedores;
contratos;
incidencias;
datos personales.
Por eso la relación exige un nivel elevado de confianza y profesionalidad.
Eso no significa que los vecinos deban renunciar al control.
Precisamente una buena gestión debería facilitar la transparencia.
Separar funciones puede reducir riesgos
Cuando una única persona puede ordenar, autorizar y justificar un pago sin ningún control adicional, existe una concentración excesiva de funciones.
Una comunidad puede establecer mecanismos para que determinadas operaciones importantes necesiten más de una validación.
Especialmente cuando hablamos de cantidades elevadas.
Este principio se utiliza continuamente en empresas:
quien propone un gasto no debería ser necesariamente la única persona capaz de aprobarlo y ejecutarlo.
Alertas bancarias para movimientos
Existe además una herramienta extremadamente sencilla que muchas comunidades pueden valorar:
las notificaciones bancarias.
Algunas entidades permiten generar avisos cuando se produce:
una transferencia;
una retirada;
un cargo;
una operación superior a determinada cantidad.
De esta manera, los responsables autorizados pueden conocer prácticamente en tiempo real que se ha producido un movimiento.
Detectar una operación sospechosa rápidamente puede evitar que se repita.
Revisar quién mantiene permisos bancarios
Con el paso de los años pueden cambiar:
presidentes;
vicepresidentes;
secretarios;
administradores.
Por eso conviene revisar periódicamente quién continúa autorizado para operar con las cuentas.
Una persona que dejó su cargo hace años no debería conservar permisos simplemente porque nadie recordó actualizarlos.
La misma precaución puede aplicarse a:
certificados digitales;
plataformas;
correos electrónicos;
servicios online.
Las comunidades manejan cada vez más dinero
El aumento de los costes de mantenimiento hace que muchas comunidades administren presupuestos considerables.
Ascensores.
Rehabilitación.
Eficiencia energética.
Piscinas.
Garajes.
Fachadas.
Seguros.
Una reparación importante puede costar decenas de miles de euros.
Por tanto, la gestión económica de una comunidad pequeña puede terminar teniendo una complejidad parecida a la de una pequeña empresa.
Los fondos extraordinarios necesitan especial vigilancia
El riesgo económico aumenta cuando se aprueba una derrama.
Imaginemos una comunidad de 60 viviendas que necesita recaudar 2.000 euros por propietario para una rehabilitación.
Estamos hablando de:
120.000 euros.
En operaciones de este tamaño resulta especialmente recomendable mantener:
presupuestos;
acuerdos de junta;
facturas;
certificaciones;
justificantes de pago;
control del saldo.
Cuanto mayor sea la cantidad administrada, mayor debería ser también el control.
Estafa y falsedad documental
En el caso de Orihuela, la investigación atribuye provisionalmente a la detenida dos posibles delitos.
El primero es estafa.
El segundo, falsedad documental.
La presunta falsificación de firmas resulta especialmente relevante porque habría permitido presentar como autorizadas operaciones que los responsables de las comunidades no habrían firmado realmente.
La investigación policial deberá ahora continuar su recorrido judicial.
Una detención no equivale a una condena
Es importante hacer esta precisión.
La mujer ha sido detenida como presunta autora.
Eso no significa que exista ya una sentencia condenatoria.
La responsabilidad penal deberá determinarse dentro del correspondiente procedimiento judicial.
Hasta entonces debe respetarse la presunción de inocencia.
Orihuela vuelve a la actualidad de sucesos
La operación incorpora una nueva investigación policial a la actualidad de la Vega Baja.
DSAlicante mantiene una sección específica con las últimas noticias de Orihuela, donde pueden consultarse sucesos, servicios públicos, movilidad, actividades y novedades del municipio.
Además, todas las operaciones policiales y emergencias de la provincia se agrupan en Sucesos en Alicante.
Este enlazado nos permite reforzar simultáneamente:
Sucesos → Orihuela → Vega Baja.
Las claves del caso de la administradora de fincas de Orihuela
La información conocida hasta el momento puede resumirse así:
- Lugar: Orihuela.
- Detenida: mujer de 45 años.
- Profesión: administradora de fincas.
- Comunidades afectadas: dos.
- Cantidad investigada: más de 17.800 euros.
- Delitos atribuidos provisionalmente: estafa y falsedad documental.
- Método investigado: presunta falsificación de firmas para cobrar cheques.
- Origen de la investigación: irregularidades detectadas y denunciadas por representantes de las comunidades.
- Cuerpo policial: Policía Nacional.
El caso demuestra además por qué revisar periódicamente las cuentas de una comunidad no debería considerarse una cuestión de desconfianza.
Es simplemente control financiero básico sobre dinero que pertenece a todos los propietarios.
