Bárbara Soler advierte tras la reunión de la Ejecutiva Provincial que “Alicante no puede permitirse que la mala gestión y la sombra de la corrupción sigan dañando su imagen y comprometiendo su futuro”
El Partido Socialista de la provincia de Alicante ha advertido este martes del grave daño reputacional que los diversos escándalos recientes vinculados a la gestión del Partido Popular en diferentes administraciones están provocando en la imagen institucional y económica de la provincia. Así lo ha señalado la vicesecretaria general y portavoz provincial del PSOE, Bárbara Soler, tras la reunión del Comité Ejecutivo Provincial, celebrada hoy.
Durante el encuentro, la dirección provincial socialista ha analizado la situación política y económica de la provincia y ha expresado su preocupación por una sucesión de episodios que, a juicio del partido, “están proyectando una imagen profundamente negativa de Alicante”.
“Estamos asistiendo a una concatenación de escándalos que deterioran la credibilidad de nuestras instituciones y desgastan la confianza de la ciudadanía. Alicante no merece una gestión pública continuamente asociada a polémicas o irregularidades”, ha señalado Soler.
El escándalo de las VPP de Les Naus
Entre los asuntos abordados por la ejecutiva socialista figura el caso de las viviendas de protección pública (VPP) de la urbanización Les Naus, en la Playa de San Juan, que actualmente está siendo investigado judicialmente por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
Para el PSOE, este episodio “es especialmente grave” porque afecta a vivienda protegida destinada a personas con menos recursos.
“No hablamos solo de posibles irregularidades en las adjudicaciones, hablamos de que la normativa del PP para el acceso a estas viviendas constituye un modelo que abre la puerta a que la vivienda pública pierda su función social”, ha afirmado Soler.
La investigación por el Bono Comercio
La dirección provincial socialista también ha mostrado su preocupación por la reciente detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con la gestión de subvenciones destinadas a bonos de consumo impulsados para apoyar al comercio local.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), analiza un posible fraude en la gestión de fondos públicos vinculados a campañas de bonos comercio desarrolladas entre 2022 y 2024 en varios municipios de la provincia. El presidente de la Cámara quedó posteriormente en libertad con cargos mientras continúan las diligencias judiciales.
“Estamos hablando de ayudas públicas destinadas a sostener el comercio local tras la pandemia. Si finalmente se confirmaran irregularidades en su gestión, estaríamos ante un hecho inaceptable que exige asunción de responsabilidades”, ha señalado Soler.
En este sentido, Soler ha reclamado también prudencia institucional en la gestión de los recursos públicos vinculados a la Cámara de Comercio mientras continúe abierta la investigación judicial. “No se trata de cuestionar el papel de una institución que es importante para el tejido empresarial de la provincia, pero sí de exigir la máxima transparencia y responsabilidad en el uso de dinero público”.
La portavoz socialista ha señalado que el PSPV ya ha reclamado al Consell que suspenda cautelarmente las ayudas públicas a la Cámara de Comercio de Alicante mientras persista la investigación judicial y que, al mismo tiempo, se aparte temporalmente de sus responsabilidades al actual presidente de la entidad mientras siga investigado. “Lo mínimo exigible en una situación como esta es prudencia institucional. No puede haber normalidad en la gestión de recursos públicos mientras quien dirige una institución que los recibe está siendo investigado por un posible fraude en subvenciones”, ha afirmado.
Soler ha insistido en que esta medida debe servir para proteger tanto el dinero público como la propia credibilidad de la institución cameral. “Las ayudas destinadas a apoyar al comercio y a las pymes deben garantizarse por otras vías si es necesario, pero siempre con plena seguridad jurídica y absoluta claridad en su gestión. La reputación institucional de la provincia también depende de que se actúe con firmeza cuando surgen dudas sobre la utilización de recursos públicos”.
La amenaza económica para Benidorm
Otro de los asuntos analizados por la ejecutiva socialista ha sido la situación financiera del Ayuntamiento de Benidorm, derivada de la sentencia sobre los terrenos del sector APR-7 de Serra Gelada, que le obliga a abonar más de 350 millones de euros a los propietarios de los terrenos, incluyendo los intereses generados, y que compromete de forma muy significativa las finanzas municipales.
Para el PSOE provincial, este caso es un ejemplo de decisiones urbanísticas y políticas que terminan teniendo un impacto directo sobre los ciudadanos.
“Lo que propone el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, solo sirve para ganar tiempo ante una condena judicial de tal magnitud. Hablamos de una factura que supera con creces el presupuesto anual de muchos municipios y que acabarán asumiendo los vecinos benidormenses”, ha señalado Soler.
“Alicante merece instituciones limpias y una gestión responsable”
Ante este escenario, el PSOE provincial ha reclamado más transparencia, responsabilidades políticas y una gestión pública rigurosa en todas las instituciones de la provincia.
“Alicante necesita pasar página de una etapa que ha puesto en jaque la credibilidad de nuestras instituciones y la imagen de toda la provincia”, ha afirmado la portavoz socialista.
Soler ha concluido señalando que Alicante necesita recuperar una política basada en la transparencia, la responsabilidad y el interés general, frente a lo que ha calificado como “una acumulación de escándalos y decisiones irresponsables que no pueden seguir marcando el futuro de la provincia”.
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