Llevamos desde el lunes con la educación pública valenciana en huelga indefinida. Cuatro días ya. Y este viernes, sindicatos y Conselleria se sientan de nuevo a negociar, después de que la consellera Carmen Ortí haya convocado una reunión reiterando su voluntad de «diálogo» y de «avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo». Veremos si esta vez hay propuesta real sobre la mesa o si seguimos en el intercambio de gestos.
El fondo del conflicto es serio y hay que reconocerlo sin ambages. Los docentes valencianos se encuentran a la cola de las retribuciones en España, y la parte autonómica de su salario no se ha actualizado desde 2010. Según datos del CSIF, cobran de media hasta 300 euros menos al mes que sus compañeros de otras comunidades, situándose en el puesto 13 de 17 en el ranking autonómico. A eso hay que añadir reivindicaciones sobre ratios, infraestructuras y carga burocrática que cualquier docente en activo reconoce como reales. Cuando la Generalitat ofreció como propuesta de cierre una subida de 1.050 euros anuales, los sindicatos la rechazaron por considerarla insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido en dieciséis años. No les falta razón en eso.
Ahora bien, que las causas sean justas no significa que los medios y el momento sean los más acertados. Y aquí es donde quien lleva años en las aulas se permite discrepar.
Estamos a 14 de mayo. Quedan tres semanas escasas de curso. La propia COVAPA, que agrupa a las asociaciones de madres y padres de toda la Comunitat, ha advertido del grave impacto de la huelga sobre el alumnado de cursos finales de etapa —6º de Primaria, 4º de ESO—, y especialmente sobre quienes van a realizar las pruebas de acceso a la universidad o finalizan un ciclo formativo, cuyo futuro profesional está en juego. No lo dice la Conselleria: lo dicen las familias. Y tienen razón.
Desde COVAPA y sus federaciones provinciales —entre ellas la FAPA Gabriel Miró de Alicante— se ha subrayado que la huelga se produce «en un momento especialmente sensible», y han rechazado la convocatoria porque «nuestros hijos e hijas verán mermado su derecho a la educación, sin posibilidad alguna de ofrecerle otra alternativa que no sean los servicios mínimos, insuficientes a nuestro entender». También han considerado «un despropósito» que la educación esté sometida a «vaivenes políticos», reclamando desde hace tiempo un gran pacto social y normativo estable. Comparto ese diagnóstico de fondo.
Entiendo la lógica de presionar en el momento más incómodo para la administración: es una táctica tan antigua como el sindicalismo. Pero en educación, los perjudicados directos de esa presión son los alumnos, no los políticos. Y eso obliga a una responsabilidad adicional que no siempre se asume con la misma claridad con que se proclaman los derechos.
Hay otro aspecto que chirría. El discurso de esta huelga gira, una vez más, en torno a la «educación pública» como si fuera la única que existe. Pero en la Comunitat Valenciana hay decenas de miles de alumnos en centros concertados y privados, con profesores que trabajan con los mismos currículos, afrontan las mismas ratios y, en muchos casos, cobran menos. ¿Por qué se les excluye del relato? CCOO y UGT tienen representación también en los convenios de la concertada. ¿Piensan de distinta manera según el titular del centro?
Y queda, inevitablemente, la pregunta política. Las reivindicaciones se concentran casi en exclusiva en competencias autonómicas, con el PP gobernando la Generalitat. Cuando el color del gobierno cambia, cambia también la intensidad de ciertas convocatorias. No lo afirmo como certeza; lo señalo como sospecha razonable que el propio movimiento sindical debería esforzarse por despejar.
Ojalá mañana haya acuerdo. Se lo deben a los alumnos. Y si no, que al menos alguien explique por qué estas reivindicaciones tan urgentes no encontraron el mismo ímpetu en otros momentos del curso, cuando el daño a las familias hubiera sido bastante menor.
