La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) presentó el pasado mes de mayo al Ministerio de Trabajo y Economía Social una completa propuesta para modificar varias normas laborales, que permitiría articular, entre otras novedades, un permiso retribuido por enfermedad o fallecimiento del animal de compañía.
Resulta innegable que las personas cada vez atribuyen más importancia a los animales con los que conviven, y numerosos estudios científicos muestran que el vínculo que se establece con ellos es cada vez más fuerte. Esto se refleja en manifestaciones concretas, como el tiempo que se invierte en sus cuidados, y también en el hecho de que las personas llegan a ponerse en riesgo para evitarles sufrimiento y para no separarse de ellos, como se ha visto en contextos de emergencias o en personas en situación de violencia o de vulnerabilidad. No se debe olvidar, además, que la tenencia responsable de los animales, con todo lo que ello conlleva, es ya una obligación legal.
Con el fin de aunar esas realidades, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) presentó en mayo de 2025 al Ministerio de Trabajo y Economía Social una propuesta legislativa que busca proteger el vínculo de las personas trabajadoras con sus animales de compañía, así como que se favorezca el cumplimiento de las responsabilidades legales que estas personas tienen hacia ellos.
Ya en 2021, CoPPA había presentado, con motivo de la tramitación del proyecto de ley de familias, propuestas dirigidas a ampliar el tiempo de permiso por fallecimiento de un familiar, así como a incluir modificaciones en el sistema de permisos laborales por defunción y cuidado de animales de compañía.
Permisos por enfermedad o fallecimiento del animal de compañía
Entre otras modificaciones, la propuesta incluye el permiso laboral retribuido de un día por el fallecimiento del animal de compañía. El proceso de duelo cuando se van es, según indican expertos en este ámbito, semejante al que tiene lugar ante el fallecimiento de familiares o amistades. “La pérdida de un animal querido puede tener un grave impacto negativo en las personas que convivían con él”, señala la Dra. Elsa Alonso, psiquiatra experta en síndrome de estrés postraumático y duelo y miembro de CoPPA.
“Numerosos estudios han hallado que la muerte de un animal puede generar repercusiones a nivel físico, emocional, social y cognitivo, tales como alteraciones del sueño, falta de apetito, pérdida de peso, depresión, ansiedad, preocupación, soledad, sentimiento de vacío, riesgo de conductas autolesivas o dificultad para concentrarse”, añade.
Esta petición es, además, coherente con la evolución de otras leyes, como el Código Civil que, en materia de responsabilidad civil reconoce expresamente el daño moral derivado, no sólo de la muerte, sino de cualquier menoscabo grave de la salud física o psíquica del animal. Un daño que se reconoce tanto al propietario como a quienes conviven con el animal.
En este sentido, en lo que se refiere a la enfermedad del animal, no poder prestarle los cuidados necesarios puede conllevar responsabilidades administrativas e incluso penales: “La ley tiene que garantizar que las personas trabajadoras que sean titulares, responsables o convivientes con un animal puedan cumplir con las obligaciones que les sean aplicables con respecto al mismo”, indica María González, abogada y asesora jurídica de CoPPA.
Especialistas en Derecho del Trabajo y otras disciplinas
El autor principal de la propuesta es Oriol Cremades Chueca, doctor en Derecho Económico y de la Empresa, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Barcelona e Investigador del Instituto de Estudios Laborales, autor de dos relevantes artículos sobre esta materia, publicados en 2024.
El equipo lo han completado varias profesionales miembros de CoPPA, del ámbito de la psicología, la psiquiatría y el derecho, especialistas en duelo, vínculo humano-animal, familia, trabajo y legislación relativa a los animales.
Para cubrir los diferentes ámbitos de la normativa laboral y desde una perspectiva integral, la propuesta plantea modificaciones al vigente articulado del Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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