La investigación judicial sobre la gestión de la DANA que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 da un nuevo giro. La magistrada instructora ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) solicitando que se investigue formalmente al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su actuación —o falta de ella— durante la jornada en la que fallecieron 230 personas y decenas resultaron heridas.
En un documento jurídico de más de un centenar de páginas, la jueza sostiene que existió una “exclusión voluntaria” por parte del máximo responsable autonómico en un momento clave de la emergencia, y que esa pasividad tuvo “repercusión decisiva” en el desenlace trágico.
La decisión judicial reabre el debate político y social sobre la coordinación institucional durante aquella DANA histórica y sitúa el foco en las responsabilidades individuales en la gestión de catástrofes.
La investigación judicial apunta a una “omisión equiparable a la acción”
La instructora considera que el comportamiento del entonces jefe del Consell no fue meramente anecdótico ni circunstancial. Según detalla en su exposición, la falta de intervención directa en la coordinación de la emergencia podría constituir una omisión con consecuencias penales.
El nexo causal entre la pasividad y los fallecimientos
Uno de los elementos clave del escrito judicial es la referencia al “nexo causal” entre la actuación del president y el resultado mortal. La magistrada argumenta que:
La Presidencia de la Generalitat ostenta funciones de coordinación en situaciones de emergencia.
Durante las horas críticas de la DANA, no se adoptaron medidas eficaces de alerta a la población.
La ausencia de avisos generalizados fue determinante en muchos de los fallecimientos.
La jueza subraya que numerosos decesos se produjeron en:
Viviendas particulares.
Garajes anegados.
Accidentes de tráfico durante desplazamientos.
Vía pública en zonas inundadas.
En todos esos casos, sostiene el auto, habría sido posible emitir alertas preventivas que permitieran a la ciudadanía adoptar medidas de autoprotección.
El papel del restaurante y las comunicaciones
El documento judicial señala que el entonces president permaneció buena parte de la jornada en un reservado de un restaurante, en pleno desarrollo del episodio meteorológico más grave.
La magistrada destaca:
El “escaso intercambio” de llamadas telefónicas.
La corta duración de las comunicaciones.
La falta de interacción directa con responsables autonómicos en momentos críticos.
Desde el punto de vista judicial, esta conducta podría calificarse como negligente si se acredita que incumplió deberes inherentes al cargo.
El mensaje Es-Alert y las dudas sobre el confinamiento
Otro de los puntos centrales de la investigación gira en torno al envío del mensaje masivo Es-Alert a la población y al debate sobre el confinamiento.
Indicios sobre la intervención indirecta
La jueza analiza los intercambios de mensajes entre el jefe de gabinete de Presidencia y la entonces consellera de Interior, también investigada en la causa. Según el escrito:
El jefe de gabinete, por su condición y cercanía con el president, no actuaría como mero asesor.
Determinados mensajes tendrían carácter imperativo.
Existiría una comunicación constante entre ambos durante la emergencia.
La instructora considera que estos elementos podrían apuntar a una participación indirecta en decisiones clave, como la eventual orden de no confinar a la población en determinados momentos.
El plan especial frente al riesgo de inundaciones
El auto recuerda que el confinamiento está contemplado en el plan especial ante riesgo de inundaciones. La falta de aplicación de esta medida, en un contexto de lluvias torrenciales y desbordamientos, es uno de los ejes de la investigación.
La magistrada también reprocha que existieran dudas competenciales en el seno del Gobierno autonómico, lo que habría generado una parálisis en momentos determinantes.
Impacto social y reacción ciudadana tras la nueva petición judicial
La noticia ha reavivado el dolor de familiares y supervivientes de la DANA, que siguen reclamando explicaciones más de un año después de la tragedia.
En declaraciones exclusivas a DSAlicante.com, varios afectados han compartido su testimonio.
“Mi padre murió en el garaje intentando sacar el coche. Nunca llegó ningún aviso al móvil. Si nos hubieran alertado antes, no habría bajado”, relata María L., vecina de Paiporta.
“Esa tarde estábamos en casa y el agua empezó a subir de golpe. No sabíamos la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Nos sentimos abandonados”, asegura José Antonio R., afectado en Aldaia.
“No buscamos venganza, buscamos responsabilidades. Queremos saber por qué nadie nos avisó a tiempo”, afirma Carmen S., familiar de una de las víctimas.
Estas voces reflejan una percepción compartida: la sensación de falta de información en los momentos más críticos.
Claves para entender la posible imputación
Desde el punto de vista jurídico, la elevación de una exposición razonada al TSJCV implica que la instructora considera que existen indicios suficientes para investigar formalmente al aforado.
¿Qué significa que se pida la imputación?
No supone una condena.
Abre la puerta a una investigación formal.
Permite practicar diligencias específicas respecto al aforado.
Podría derivar en archivo o en la apertura de juicio oral si se acreditan responsabilidades.
La clave del procedimiento radica en determinar si la conducta analizada puede encajar en delitos de homicidio imprudente por omisión o en otras figuras penales relacionadas con la gestión de emergencias.
Preguntas y respuestas sobre la investigación de la DANA
¿Por qué interviene el Tribunal Superior de Justicia?
Porque el entonces president era aforado. Solo el TSJCV puede investigar penalmente a miembros del Consell en el ejercicio de sus funciones.
¿Se le acusa ya formalmente?
No. La jueza ha solicitado que se le investigue. Será el tribunal quien decida si admite la petición y abre causa formal.
¿Cuál es el elemento central del caso?
El análisis del nexo causal entre la ausencia de medidas de coordinación y alerta y el resultado mortal de la DANA.
¿Qué papel juega el sistema Es-Alert?
Es el sistema de envío masivo de alertas a móviles. La investigación examina si su activación fue tardía o insuficiente.
Un caso que marcará precedentes en la gestión de emergencias
Más allá de las responsabilidades individuales, el procedimiento judicial puede sentar un precedente en España sobre la exigencia de diligencia a cargos públicos en situaciones de emergencia.
La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó una huella imborrable en la Comunitat Valenciana. Ahora, los tribunales deberán determinar si existieron fallos estructurales o responsabilidades personales en la cadena de decisiones.
La sociedad valenciana, mientras tanto, sigue pendiente de una respuesta judicial que arroje luz sobre uno de los episodios más dramáticos de su historia reciente.

Si tienes alguna información, foto o video interesante de tu municipio, puedes ponerte en contacto con DSAlicante.COM escribiendo un mensaje al correo info@dsalicante.com o vía WhatsApp a través del número 611 49 49 13








Deja una respuesta