La Generalitat Valenciana ha tomado medidas urgentes para intervenir en una residencia para personas con discapacidad intelectual en El Campello, tras la denuncia de los empleados por presuntos maltratos físicos y psicológicos a los usuarios.
Un relato estremecedor de violencia y abuso
Las trabajadoras de la vivienda tutelada, gestionada por la empresa ‘Educatea Hogar’ mediante un concierto con la Generalitat, relataron a las autoridades terribles abusos por parte de la coordinadora del centro. Según sus testimonios, la mujer agredía física y psicológicamente a algunos de los jóvenes con discapacidad, a quienes les daba «cachetes, pinchazos por el cuerpo, pellizcos, los sometía a aislamiento y si no les daba dinero les prometía más castigo».
Una denuncia que destapa una realidad intolerable
Ante la gravedad de las acusaciones, la Consellería de Servicios Sociales no dudó en actuar. Un equipo de inspección se personó en la residencia y comprobó las denuncias a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad, confirmando el maltrato recibido por uno de los usuarios. Además, se detectaron «malas condiciones de habitabilidad» en la vivienda.
Medidas contundentes para proteger a los usuarios
Como respuesta inmediata, la Generalitat ha apartado de forma fulminante a la trabajadora implicada y ha procedido al cambio de titularidad de la empresa adjudicataria. De esta manera, se garantiza la continuidad de la atención a los siete jóvenes en la misma vivienda, en un entorno seguro y libre de maltrato.
Tolerancia cero ante el maltrato
El secretario autonómico del Sistema Sociosanitario, Emilio Argüeso, ha sido contundente al afirmar que la Conselleria «no va a tolerar que en la Comunitat Valenciana ocurran hechos como los acontecidos y no le va a temblar el pulso ante situaciones como estas, primando el interés de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables».
Antecedentes preocupantes
Argüeso ha revelado que la vivienda tutelada de El Campello ya había sido objeto de denuncias previas por «irregularidades» en su funcionamiento y en el trato dispensado a los usuarios. De hecho, en 2021 se remitieron a la Fiscalía una serie de «irregularidades de tal magnitud» que derivaron en la detención de tres empleados por presuntos maltratos y en una orden de alejamiento para el coordinador del centro.
Un compromiso firme con la protección de las personas con discapacidad
La Generalitat Valenciana ha reiterado su compromiso con la protección de las personas con discapacidad, asegurando que se investigarán a fondo las denuncias y se tomarán las medidas oportunas para garantizar su bienestar y seguridad.
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