A finales de agosto vimos en prensa que Altea Hills barajaba querellarse contra el Ayuntamiento de Altea gobernado por Compromís por prevaricar y cometer delito ecológico, al no acometer las infraestructuras necesarias para evitar que se pierda diariamente entre un 55% y un 65% del agua potable pese a las advertencias de los vecinos, Diego Zaragozí atacó directamente al PP alegando que no lo habían hecho por no estar recepcionadas por el Ayuntamiento, no siendo de titularidad pública por lo que afirmaba que no era legal y que además pretendíamos que lo pagase todo el pueblo acusando al PP de favorecer a un sector privilegiado con tal de hacer daño político.
Rocío Gómez, manifestaba “Ahora queda demostrado que el alcalde de Altea utiliza la demagogia, no le importa falsear la realidad y malmeter para sacar rédito político siendo consciente de la realidad es capaz de hacer declaraciones en prensa abusando de su autoridad para echar por tierra lo que dice que no se debe hacer y 15 días después decide acometer y desdecirse de lo anunciado”.
En el pleno de 28 de agosto el PP informó a los ciudadanos que Diego Zaragozí había reconocido en 2023 como concejal de infraestructuras en ese momento haber invertido 257 mil € en el segundo semestre de 2021 en Altea Hills, asegurando que al integrar en la red municipal la gestión quedaba todo solucionado (gestión que ya tenía de forma provisional desde 2020), por lo tanto no es cierto lo que alegaba el alcalde en su defensa y sí que es obligación del Ayuntamiento, sobre todo habiendo un posible delito ecológico por la pérdida de agua de más del 50%, exigimos que se actuase de forma inmediata, y que se viese a continuación como y quien debía financiarlo.
Apenas 15 días después traen la aprobación de esas obras por emergencia, esas obras que criticó Diego Zaragozí y afirmaba que no se podían porque no era legal al no ser de titularidad municipal. En dos semanas se ha demostrado que el Alcalde de Altea miente abiertamente en este asunto, algo que no es la primera vez que ocurre.
A pesar de sus declaraciones el alcalde ha convocado una junta de portavoces urgente para comunicarles que se desdice de lo anterior y que han aprobado en Junta de Gobierno Local el destinar 3.741.813,82 € para acometer unas infraestructuras hidráulicas que debido al mal mantenimiento de la anterior concesionaria (que ya venía denunciándose desde 2014) y avalada por los informes desde hace años, junto a la terrible sequía que ya hace meses que sufrimos y que ya a principios de julio supuso restricción del uso del agua en aquella zona.
Es importante resaltar que uno de los motivos de esta emergencia es la demora del Ayuntamiento de Altea en autorizar la realización de las obras necesarias y no ir parcheando con el elevado coste que ello supone sin dar soluciones definitivas. El agua es un servicio público esencial y por lo tanto responsabilidad del ayuntamiento aunque a Diego Zaragozí tanto le cueste reconocer.
