Altea da un paso adelante, aunque tardío y forzado. El Ayuntamiento, tras años de denuncias y presión ciudadana liderada por la Asociación Animalista Bigatos, ha incrementado de forma significativa el presupuesto destinado a la gestión de las colonias felinas. Sin embargo, este avance no está exento de críticas: la falta de transparencia en el destino de los fondos deja un sabor agridulce.
De la dejadez a la acción forzada
En 2023, el presupuesto para la esterilización de colonias felinas ascendía a 10.000 euros, una cantidad que ya era insuficiente frente a las crecientes responsabilidades impuestas por las leyes estatal y autonómica. Estas normativas obligan a los ayuntamientos no solo a esterilizar e identificar a los gatos comunitarios con microchip, sino también a proporcionarles asistencia veterinaria. Lejos de aumentar los recursos para cumplir con estas obligaciones, en 2024 el Ayuntamiento de Altea redujo la partida destinada a esterilización a 4.000 euros y asignó la escandalosa cifra de 0 euros para otros gastos esenciales, como alimentación o veterinario.
La Asociación Bigatos, respaldada por la indignación ciudadana, presentó alegaciones formales a los presupuestos de 2024, que fueron desoídas. Ante esta inacción, la asociación interpuso un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales. Aunque está pendiente de sentencia, la presión social y legal ya ha surtido efecto.
2025: Incremento presupuestario, pero con interrogantes
Los presupuestos de Altea para el año 2025 incluyen un aumento significativo: la partida para la gestión de colonias felinas pasa de 0 a 18.000 euros. Aunque el cambio refleja un progreso, Bigatos advierte que el nuevo presupuesto carece de claridad. «La opacidad sigue siendo un problema. No sabemos cómo se gestionarán estos fondos ni si se aplicarán medidas éticas y eficaces», señala el portavoz de la asociación.
“Presión organizada, resultados tangibles”
Desde Bigatos recalcan que este avance es fruto del esfuerzo colectivo y la persistencia. «El Ayuntamiento ha actuado tarde, mal y bajo presión, pero no bajaremos la guardia», declaran. La asociación también hace un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga la vigilancia sobre el destino de los fondos: «La ética no puede quedar relegada a partidas opacas. Los derechos de los animales no son negociables».
La lucha por la justicia animal en Altea está lejos de terminar. Bigatos reafirma su compromiso de continuar trabajando hasta que las colonias felinas sean gestionadas de manera transparente, ética y efectiva. Este caso demuestra que la presión ciudadana puede forzar cambios, pero también que la perseverancia y el uso de vías legales son esenciales para consolidar los avances.
