Alicante ha intensificado durante 2026 el control sobre las viviendas de uso turístico. El Ayuntamiento ha abierto 57 expedientes de investigación, ha iniciado 26 expedientes sancionadores y ha acordado nueve suspensiones de actividad desde que asumió nuevas competencias para actuar frente a las irregularidades detectadas en este tipo de alojamientos.
Las cifras muestran el primer balance de una estrategia que combina inspecciones, capacidad sancionadora y una moratoria que mantiene frenada la implantación de nuevos alojamientos turísticos mientras se tramita la regulación definitiva.
Pero hay un dato importante: Alicante todavía no ha impuesto ninguna multa definitiva como resultado de estos nuevos procedimientos.
Los expedientes continúan su tramitación y algunos de los casos investigados están relacionados con infracciones calificadas como muy graves, para las que la normativa contempla sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros.
57 investigaciones y 26 expedientes sancionadores en Alicante
El balance se ha dado a conocer en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante.
Durante 2026, el departamento municipal de Urbanismo ha abierto 57 expedientes de investigación relacionados con viviendas de uso turístico (VUT).
Paralelamente, se han tramitado 26 expedientes sancionadores y nueve casos han derivado en la suspensión de la actividad.
La situación de los procedimientos no es idéntica.
En estos momentos hay cuatro procedimientos sancionadores incoados por infracciones calificadas como muy graves.
Otros siete están pendientes de incoación: seis corresponden a posibles infracciones muy graves y uno a una infracción grave.
Además, ocho expedientes han sido cerrados.
¿Han multado ya a los pisos turísticos?
No.
La diferencia entre abrir un expediente sancionador e imponer definitivamente una multa es importante.
Según la información facilitada sobre el balance municipal, todavía no se ha impuesto ninguna sanción económica definitiva derivada de los nuevos procedimientos.
La tramitación de las infracciones muy graves requiere un periodo mínimo de seis meses.
Por tanto, hablar ahora de “26 pisos turísticos multados” sería incorrecto.
Existen procedimientos sancionadores abiertos, pero estos deben completar su correspondiente tramitación administrativa antes de que pueda existir una resolución definitiva.
Las multas pueden alcanzar los 600.000 euros
Que todavía no haya sanciones definitivas no significa que los procedimientos abiertos sean menores.
Las infracciones relacionadas con las viviendas turísticas pueden clasificarse como leves, graves o muy graves.
En los supuestos más graves, el marco sancionador autonómico permite alcanzar multas de hasta 600.000 euros.
Alicante puede tramitar actualmente estos procedimientos después de asumir en 2026 competencias para incoar, instruir y resolver expedientes sancionadores en materia de viviendas de uso turístico.
Hasta entonces, buena parte de esa capacidad correspondía a la administración autonómica.
La Generalitat informó favorablemente la adhesión del Ayuntamiento al convenio que permite ejercer esas competencias y el cambio se hizo efectivo este año.
Alicante ha rechazado las nuevas VUT solicitadas durante la moratoria
La capacidad sancionadora es solamente una de las herramientas que está utilizando el Ayuntamiento.
La otra gran medida es la moratoria sobre nuevos alojamientos turísticos.
Desde su entrada en vigor, el consistorio asegura que ha denegado todos los certificados de compatibilidad urbanística presentados para implantar nuevas viviendas de uso turístico.
La suspensión comenzó afectando a las VUT situadas en edificios residenciales y posteriormente fue ampliada.
DSAlicante ya explicó cómo Alicante amplió la moratoria de pisos turísticos a bloques completos, incluyendo también otras modalidades de alojamiento como apartamentos turísticos, pensiones y albergues.
La moratoria funciona como una medida temporal mientras continúa la tramitación de la normativa urbanística que deberá establecer las reglas definitivas.
¿Se puede abrir ahora un nuevo piso turístico en Alicante?
Esta es una de las cuestiones prácticas más importantes para propietarios e inversores.
La moratoria vigente impide actualmente avanzar con normalidad en la implantación de nuevos alojamientos incluidos dentro de su ámbito.
El Ayuntamiento sostiene que desde la entrada en vigor de la suspensión ha denegado los certificados de compatibilidad urbanística solicitados para nuevas VUT.
Este certificado es una pieza esencial para acreditar que el uso turístico resulta compatible urbanísticamente con el inmueble.
La situación, por tanto, no depende únicamente de registrar una vivienda como turística ante la administración autonómica.
Hay que tener en cuenta también la normativa municipal, la compatibilidad urbanística y el régimen transitorio vigente en Alicante.
Alicante prepara una nueva regulación de los alojamientos turísticos
La moratoria no está planteada como una solución permanente.
El Ayuntamiento tramita una modificación de su planeamiento urbanístico destinada específicamente a regular los alojamientos turísticos.
La intención municipal es que la nueva regulación quede aprobada antes de finalizar 2026.
Uno de sus elementos fundamentales será establecer límites a la concentración de plazas turísticas en determinadas zonas de la ciudad.
El indicador previsto se sitúa en 0,187 plazas turísticas por habitante.
Cuando una zona supere ese umbral, será considerada saturada a efectos urbanísticos y la posibilidad de implantar nuevas plazas quedará limitada.
¿Qué significa el límite de 0,187 plazas por habitante?
El sistema pretende evitar que la concentración de alojamientos turísticos continúe aumentando indefinidamente en las zonas donde su presencia ya es elevada.
El índice compara las plazas destinadas al alojamiento turístico con la población residente.
El límite propuesto es de 0,187 plazas por cada habitante.
Eso equivale, como referencia matemática, a unas 18,7 plazas turísticas por cada 100 residentes.
Sin embargo, el efecto práctico no debe interpretarse únicamente a escala de toda la ciudad.
La regulación pretende identificar zonas donde la presión turística supera determinados niveles y condicionar allí la implantación de nuevos establecimientos.
Los edificios residenciales tendrán más restricciones
Otro de los elementos relevantes de la regulación afecta a las viviendas turísticas situadas dentro de edificios residenciales.
La propuesta municipal contempla exigir un acceso independiente para determinados alojamientos turísticos ubicados en estos inmuebles.
El objetivo es separar los flujos de huéspedes de los accesos utilizados habitualmente por los residentes.
La regulación contempla además limitaciones sobre otros usos turísticos y restricciones específicas en determinadas plantas bajas de los principales ejes comerciales.
Algunas modalidades hoteleras cuentan con un tratamiento diferenciado dentro de la propuesta.
Los barrios están en el centro del debate
La regulación de las viviendas turísticas no se limita a una cuestión administrativa.
La concentración de estos alojamientos lleva tiempo generando debate en diferentes zonas de Alicante.
Uno de los ejemplos se encuentra en el Raval Roig, donde los vecinos han advertido sobre el aumento de viviendas destinadas al turismo y sus posibles efectos sobre la población residente.
La asociación vecinal del barrio ha reclamado medidas y más recursos ante lo que considera una transformación progresiva de la zona. DSAlicante analizó anteriormente las quejas de los vecinos del Raval Roig por el avance de los pisos turísticos.
Este tipo de situaciones ayuda a entender por qué la futura regulación no se limita a establecer sanciones.
La cuestión central es también cuántas plazas turísticas puede asumir cada zona y cómo deben convivir estos alojamientos con el uso residencial.
Un plan mensual de inspecciones
El Ayuntamiento también ha puesto en marcha un Plan Mensual de Inspecciones relacionado con la regulación urbanística de los alojamientos turísticos.
Las inspecciones permiten comprobar si los establecimientos cumplen las condiciones exigidas y detectar posibles actividades que funcionan fuera del marco autorizado.
Cuando se encuentran indicios de irregularidades, pueden abrirse expedientes de investigación.
Si los hechos pudieran constituir una infracción administrativa, el procedimiento puede avanzar posteriormente hacia un expediente sancionador.
En determinadas circunstancias también puede acordarse la suspensión de la actividad.
Durante 2026 ya se han producido nueve.
Qué cambia para propietarios y comunidades de vecinos
La nueva etapa regulatoria afecta a distintos perfiles.
Para quien pretenda comenzar ahora una actividad turística, el primer elemento que debe comprobar es la situación urbanística del inmueble y el alcance de la moratoria.
Para los propietarios que ya desarrollan legalmente la actividad, la existencia de una moratoria para nuevas implantaciones no implica automáticamente que su alojamiento deba cerrar.
Las viviendas existentes deben analizarse según su situación administrativa, las autorizaciones de las que dispongan y el cumplimiento de las obligaciones aplicables.
También las comunidades de propietarios tienen un papel relevante, especialmente después de los cambios introducidos en los últimos años en la normativa estatal sobre viviendas de uso turístico.
Por eso, cada caso puede presentar diferencias y no conviene interpretar la suspensión de nuevas licencias como una prohibición general de todos los pisos turísticos que ya existen en Alicante.
2026 marca un cambio en el control de las VUT
El balance conocido ahora permite observar por primera vez el alcance de la nueva capacidad inspectora y sancionadora municipal.
57 expedientes de investigación.
26 procedimientos sancionadores.
Nueve suspensiones de actividad.
Y, por el momento, ninguna multa definitiva derivada de estos nuevos expedientes.
A esas actuaciones se suma una moratoria que continúa impidiendo nuevas implantaciones dentro de su ámbito y una regulación urbanística que el Ayuntamiento pretende aprobar antes de finalizar el año.
Los próximos meses serán especialmente relevantes.
Por un lado, algunos de los procedimientos sancionadores podrán avanzar hasta su resolución.
Por otro, Alicante deberá definir las reglas que sustituirán al actual escenario provisional.
Será entonces cuando propietarios, comunidades de vecinos, empresas turísticas y residentes puedan conocer con mayor precisión dónde podrán abrirse nuevos alojamientos turísticos y bajo qué condiciones.
