Llamar “accidente laboral” a la muerte de agentes frente al narcotráfico demuestra una preocupante banalización del problema. La polémica generada tras las declaraciones de la exministra María Jesús Montero, al calificar de este modo el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate, va más allá de una simple cuestión de palabras; refleja un trasfondo político y social mucho más profundo. Porque cuando una representante que lo fue del máximo nivel institucional se refiera así a unos profesionales atrapados por una narcolancha, no se emplea una expresión desaforada. Pues trasmite una forma de entender la gravedad de la seguridad nacional que resulta alarmante.
Nadie discute la realidad administrativa. Si se considera la acción desde una figura jurídica, la muerte de personas en acto de servicio conlleva determinadas consideraciones laborales y de protección social para las familias. Sin embargo, reducir una tragedia de estas características a un simple riesgo del oficio desdibuja por completo el contexto real de lo acaecido.
Resulta intolerable que unos hechos de semejante violencia y envergadura se rebajen notoriamente a una terminología puramente burocrática. Esta frialdad institucional evidencia en algunos dirigentes una absoluta falta de reflexión, ya que debe ser maravilloso vivir sin el peso de la autocrítica, y, como no también, de la falta de empatía hacia los cuerpos de seguridad.
La sociedad entiende perfectamente la diferencia que hay entre una cosa y otra por que cuando una persona fallece por una acción violenta e intencionada, no se trata de una simple fatalidad de oficina, medio rural o de fábrica. Existe una distancia abismal entre un accidente fortuito y una agresión deliberada con resultado de muerte. Los agentes de Barbate no perdieron la vida por una circunstancia fortuita ajena a terceros. Murieron por que la celada criminal de organizaciones dedicadas al narcotráfico, en una actuación marcada por el absoluto desprecio hacia la vida de quienes custodian nuestra seguridad.
Ante una desconexión tan flagrante con la realidad: “resulta digna de admiración a quien difama su alta capacidad para participar en conversación sin que su cerebro intervenga en algún momento”. Es decir, porque ante la ofensa directa a la memoria de los caídos, las disculpas ya no son suficientes. Una persona que lo fue, representante de lo público incapaz de distinguir entre un siniestro laboral y un asesinato perpetrado por el crimen organizado no está capacitada para gestionar la seguridad ni el destino de una patria.
Por dignidad democrática, por respeto a las familias afectadas y por el honor, principal divisa de la Guardia Civil, María Jesús Montero debe alejarse o marcharse de la cosa pública inmediatamente. Porque blanquear la violencia con tecnicismos es el primer paso para dejar desprotegidos a quienes nos defienden, y la permanencia en cualquier responsabilidad de quien lo hace es una ineptitud que esta nación no puede tolerar.
- Autor: Joaquín F. López
