COMUNICADO FTCV
La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana (FTCV) informa que ha tenido conocimiento de la apertura de un nuevo procedimiento penal frente Jesús Castellanos Pueblas, José María Pujadas Fernández, Miguel Pérez Otín y Alicia Sancho Carbonell, por la presunta comisión de un delito continuado de falsedad en documento mercantil (artículo 392.1 CP) en concurso con un delito de fraude de subvenciones y ayudas (artículo 308 CP).
Dicho procedimiento se tramita ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Alicante, D.P. nº 285/2025, y tiene su origen en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.
A esta nueva causa hay que sumarle que durante el año 2026 se prevé la celebración del juicio penal ante la Audiencia Provincial de Alicante, con motivo de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante, tras otra denuncia presentada en el año 2016 por la Fiscalía Anticorrupción, donde se imputan igualmente a Jesús Castellanos Pueblas, José María Pujadas Fernández, Miguel Pérez Otín, Alicia Sancho Carbonell y Victor Pizarro, delitos de fraude en subvenciones, malversación de fondos públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental, con solicitudes de penas privativas de libertad de más de 10 años, inhabilitaciones, multas e importantes responsabilidades civiles que suman casi 3 millones de euros.
Fiel a los valores esenciales del taekwondo —integridad, respeto, transparencia y juego limpio— y manteniendo una posición de tolerancia cero frente a la corrupción, la Junta Directiva de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana ha acordado, por mayoría absoluta, personarse como acusación particular en dicha causa.
La FTCV quiere poner en conocimiento de que tanto en mayo como en noviembre de 2025 la FTCV solicitó formalmente la suspensión cautelar de los imputados por parte del CSD su respuesta hasta la fecha se ha caracterizado por reiteradas dilaciones e inacción, que contrastan de forma evidente con la celeridad y contundencia mostradas en otros casos de corrupción en el deporte español, como los conocidos en el ámbito del fútbol y, en particular, el caso Villar, donde se adoptaron medidas cautelares inmediatas para salvaguardar la integridad institucional.
Desde esta Federación se entiende que no puede haber un doble rasero en la aplicación de los principios de buen gobierno, legalidad y protección del interés general según la mayor o menor visibilidad mediática de una modalidad deportiva. El taekwondo español merece el mismo nivel de tutela, rigor y ejemplaridad que cualquier otro deporte.
Por todo ello, la FTCV exige públicamente al Consejo Superior de Deportes que cumpla de manera efectiva con las funciones que le atribuye la Ley del Deporte, ejerciendo con determinación sus competencias de control, supervisión y adopción de medidas cautelares, y que actúe con la diligencia necesaria para proteger al taekwondo nacional, a sus deportistas, clubes y técnicos, garantizando una gestión federativa ética, transparente y plenamente alineada con el interés público.
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