En un reciente operativo en una vivienda privada donde trabajaban tres mujeres dedicadas al trabajo sexual, agentes de policía presuntamente se hicieron pasar por clientes para acceder al inmueble. Una vez dentro, supuestamente una agente abrió la puerta sin autorización, permitiendo la entrada de más efectivos. Las trabajadoras fueron interrogadas, se les solicitaron documentos y, según estas se les trató de forma intimidante, provocando que dos de ellas rompiera en llanto. Inclusive una con un ataque de ansiedad
El incidente ha generado preocupación entre colectivos que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales, quienes denuncian que acciones como esta vulneran la intimidad y los derechos fundamentales de estas personas.
En España, el trabajo sexual se encuentra en un limbo legal: no está prohibido, pero tampoco regulado. Esta situación deja a quienes lo ejercen en una posición de vulnerabilidad, sin acceso a derechos laborales ni a una protección efectiva frente a abusos.
Activistas y defensoras del trabajo sexual, como mi persona que suscribe estas líneas, proponemos una regulación inspirada en modelos como el de Bélgica, donde esta actividad es legal y está reconocida, lo que permite a las trabajadoras acceder a derechos y protecciones laborales.
Llevo más de tres años investigando el trabajo sexual tanto en países donde está regulado como en aquellos donde está abolido. He comprobado que, en los primeros, las personas trabajadoras sexuales gozan de derechos, seguridad y acceso a servicios, mientras que en contextos abolicionistas como Suecia o Francia sufren mayor exposición a robos, violencia, miedo, desprotección y aumento de mafias y víctimas de trata.
Este operativo reabre entre los que defendemos los derechos de estas personas, un debate urgente sobre la necesidad de una regulación clara y justa del trabajo sexual en España, que garantice derechos, dignidad y protección a quienes lo ejercen.
