Más de 2.200 personas fallecieron durante 2025 en la Comunitat Valenciana mientras esperaban una valoración o una prestación del sistema de dependencia, según los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia difundidos este lunes 12 de octubre de 2026 por Radio Alicante. El informe sitúa en 29.747 las personas pendientes de atención en la autonomía, mientras que UGT advierte de la existencia de unos 17.000 expedientes activos solo en Alicante. Las cifras vuelven a poner el foco sobre los retrasos administrativos y las dificultades que afrontan las familias que necesitan cuidados y apoyos públicos.
La lista de espera de la dependencia vuelve a situar a Alicante en el centro del debate
El acceso a las prestaciones de dependencia se ha convertido en uno de los principales problemas sociales para miles de familias valencianas.
Los datos difundidos por el Observatorio Estatal de la Dependencia reflejan una situación especialmente preocupante.
Durante 2025 fallecieron más de 2.200 personas en la Comunitat Valenciana mientras estaban pendientes de recibir una valoración o una prestación.
La cifra no corresponde exclusivamente a la provincia de Alicante, sino al conjunto de la autonomía.
Sin embargo, los testimonios recogidos en Alicante y las advertencias sindicales muestran que los retrasos también afectan a numerosos hogares alicantinos.
Según la información publicada por Radio Alicante, la Comunitat Valenciana concentra aproximadamente el 10 % de la lista de espera nacional.
El último informe citado por la emisora contabiliza 29.747 personas pendientes en la autonomía.
La comunidad se sitúa por detrás de Cataluña, con casi 82.000 personas, y Andalucía, con más de 51.000.
Estas cifras permiten dimensionar el problema, aunque es importante distinguir entre personas pendientes de valoración, personas que esperan una prestación y expedientes administrativos activos.
No todos esos indicadores miden exactamente lo mismo.
Más de 2.200 fallecimientos mientras se esperaba una respuesta
El dato más grave es el número de personas fallecidas durante 2025 sin haber completado su acceso a la atención que solicitaban.
Según el Observatorio Estatal de la Dependencia, más de 2.200 personas murieron en la Comunitat Valenciana mientras esperaban una valoración o prestación.
Esta información pone de manifiesto la importancia del tiempo en la tramitación administrativa.
Para una persona que necesita ayuda para realizar actividades básicas, varios meses de espera pueden tener consecuencias importantes en su vida cotidiana.
Las necesidades de cuidado no desaparecen mientras se estudia un expediente.
En muchos casos, son los familiares quienes deben asumir esas tareas durante la espera.
Qué significa fallecer en la lista de espera
La expresión no significa necesariamente que la falta de una prestación haya causado directamente el fallecimiento.
El indicador recoge personas que murieron mientras permanecían pendientes de una fase del procedimiento.
Por tanto, no permite establecer por sí solo una relación causal entre el retraso y cada muerte.
Sin embargo, sí evidencia que el sistema no completó la atención administrativa de esas personas antes de su fallecimiento.
La diferencia es importante para interpretar correctamente los datos.
La gravedad del problema reside en que se trata de personas que habían solicitado una respuesta pública a sus necesidades de apoyo y no llegaron a recibirla en los términos esperados.
Alicante acumula unos 17.000 expedientes activos, según UGT
La situación provincial también preocupa a los representantes sindicales.
Adolfo Durán, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, ha señalado a Radio Alicante que existen unos 17.000 expedientes activos en Alicante.
Este dato debe interpretarse con cautela.
Un expediente activo no equivale necesariamente a una persona sin ningún servicio ni a una solicitud que esté fuera de plazo.
Puede referirse a procedimientos en diferentes fases administrativas.
Por ello, no sería correcto afirmar que hay exactamente 17.000 alicantinos sin prestación únicamente a partir de esa cifra.
Lo que sí refleja es el volumen de procedimientos relacionados con la dependencia que, según la organización sindical, permanecen abiertos en la provincia.
Los sindicatos consideran que la situación necesita una respuesta más ágil por parte de la Administración autonómica.
Por qué hay diferencias entre las cifras
La Generalitat Valenciana situaba la lista de espera en 12.713 personas en junio de 2025, según recuerda Radio Alicante.
El Observatorio Estatal de la Dependencia, por su parte, ofrece una cifra posterior de 29.747 personas pendientes.
La diferencia no debe interpretarse automáticamente como un aumento exacto entre dos fechas.
Los datos corresponden a momentos distintos y pueden utilizar criterios diferentes.
Por ejemplo, una estadística puede contar únicamente a quienes esperan una determinada resolución, mientras que otra incorpora distintas fases del procedimiento.
Para comparar correctamente ambos indicadores sería necesario disponer de sus metodologías y periodos de referencia.
Por eso, las cifras deben presentarse siempre con su fuente y contexto.
El caso de Marina: dos años y medio esperando una ayuda para su hijo
Detrás de los indicadores aparecen situaciones familiares concretas.
Radio Alicante ha recogido el testimonio de Marina, una madre que cuida de un niño de cinco años con autismo de grado 3.
Según su relato, presentó la solicitud de dependencia para su hijo en abril de 2024.
Dos años y medio después, continúa esperando que se complete la concesión de la ayuda.
La familia ya ha pasado por la fase de valoración, pero denuncia nuevas demoras en los trámites posteriores.
Su caso muestra que obtener una valoración no significa necesariamente comenzar a recibir de inmediato una prestación.
El procedimiento puede incluir distintas decisiones administrativas antes de que se materialice el apoyo.
La carga que asumen las familias durante la espera
Cuidar de una persona dependiente puede requerir tiempo, recursos y una organización constante de la vida familiar.
Las necesidades son diferentes en cada caso.
Algunas personas requieren ayuda para actividades cotidianas.
Otras necesitan apoyos especializados o supervisión continuada.
Cuando una prestación tarda en llegar, los familiares pueden verse obligados a asumir gastos y tareas adicionales.
No obstante, no todas las familias tienen las mismas circunstancias económicas ni disponen de la misma red de apoyo.
Por eso, los retrasos administrativos pueden generar consecuencias muy diferentes.
El testimonio de Marina constituye un caso individual y no permite calcular por sí solo la duración media de todos los expedientes de Alicante.
Sí ilustra las dificultades que pueden surgir cuando la tramitación se prolonga durante años.
Los sindicatos reclaman agilizar los procedimientos
UGT y Comisiones Obreras han expresado su preocupación por el funcionamiento del sistema de dependencia en la Comunitat Valenciana.
Según Radio Alicante, las organizaciones sindicales describen una situación de graves retrasos y reclaman que las reformas legales se traduzcan en mejoras efectivas.
Virginia Bertomeu, representante de la Federación de Pensionistas de l’Alacantí-les Marines de CCOO, ha valorado favorablemente los cambios normativos dirigidos a mejorar la atención.
Sin embargo, la aplicación práctica de las medidas depende de las administraciones competentes.
Los sindicatos también cuestionan la capacidad de respuesta de la Generalitat ante la acumulación de expedientes.
Se trata de valoraciones sindicales, no de conclusiones de una auditoría administrativa independiente.
La Generalitat, por su parte, ha difundido cifras propias sobre la evolución de las listas de espera.
Las diferencias entre los indicadores hacen especialmente importante disponer de información pública comparable y actualizada.
Qué ocurre cuando una persona solicita el reconocimiento de dependencia
El procedimiento de dependencia no consiste únicamente en presentar un formulario.
La Administración debe examinar la situación de la persona solicitante y determinar si reúne las condiciones para obtener el reconocimiento correspondiente.
El sistema distingue diferentes grados de dependencia en función de las necesidades de apoyo.
Posteriormente debe determinarse qué servicio o prestación resulta adecuado.
La valoración y la prestación son fases diferentes
Una persona puede haber recibido el reconocimiento de un grado de dependencia y continuar esperando la asignación de un recurso.
Por eso, los retrasos pueden aparecer en diferentes momentos del procedimiento.
La primera fase está relacionada con la valoración de la situación personal.
La siguiente se refiere a la determinación de los servicios o prestaciones que correspondan.
El caso de Marina, difundido por Radio Alicante, muestra precisamente esta diferencia.
Aunque su hijo ya había sido valorado, la familia seguía esperando que se completara el acceso a la ayuda solicitada.
Qué tipos de apoyo contempla el sistema
La atención a la dependencia puede incluir diferentes recursos, según las circunstancias y la normativa aplicable.
Entre ellos se encuentran la ayuda a domicilio, la atención en centros de día, determinados servicios residenciales y prestaciones económicas.
No todas las personas tienen derecho automáticamente a todas las modalidades.
La asignación depende del grado reconocido, las necesidades personales, las condiciones establecidas y la resolución administrativa.
Tampoco debe confundirse el reconocimiento de discapacidad con el de dependencia.
Son procedimientos distintos, aunque una persona puede reunir condiciones para ambos.
El debate sobre los cuidados también está presente en DSAlicante
La situación de la dependencia no es una preocupación exclusiva de Alicante.
El envejecimiento de la población y la necesidad de garantizar cuidados de larga duración plantean retos para diferentes países europeos.
DSAlicante informó recientemente sobre la Convención Europea de la Dependencia y las propuestas para mejorar los cuidados de larga duración.
Aquel encuentro abordó cuestiones como la sostenibilidad del sistema, las necesidades de profesionales y la protección de las personas cuidadoras.
La información conocida ahora sobre los fallecimientos y las listas de espera añade una dimensión especialmente urgente a ese debate.
No basta con definir qué prestaciones deben existir.
También resulta fundamental que las personas puedan acceder a ellas en un plazo adecuado.
Los servicios municipales no sustituyen a las prestaciones autonómicas
En Alicante existen recursos de apoyo social gestionados por diferentes administraciones.
Sin embargo, no todos forman parte del mismo procedimiento.
El reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones vinculadas al sistema autonómico tienen una regulación específica.
Por otra parte, los ayuntamientos pueden disponer de programas sociales propios.
DSAlicante ha explicado las ayudas de emergencia social de Alicante para vivienda, suministros y mejora de la autonomía personal.
Estas prestaciones municipales responden a requisitos concretos y no equivalen automáticamente a las ayudas del sistema de dependencia.
Una familia puede necesitar orientación sobre diferentes recursos, pero debe comprobar las condiciones de cada uno.
El precedente del servicio de estancias diurnas
La atención a las personas mayores también ha generado controversias en Alicante capital.
En agosto de 2025, DSAlicante informó sobre la eliminación del Servicio de Estancias Diurnas para mayores en Alicante y el debate sobre su financiación.
Aquella decisión afectaba a un recurso municipal concreto.
No debe confundirse con los datos autonómicos del Observatorio Estatal de la Dependencia.
Ambas noticias, sin embargo, muestran la importancia de coordinar las políticas de atención social y de explicar claramente qué administración gestiona cada servicio.
Qué puede hacer una familia que lleva meses esperando
Las personas que tienen una solicitud pendiente pueden consultar el estado de su expediente a través de los canales administrativos habilitados por la Generalitat.
Es recomendable conservar el justificante de presentación y las comunicaciones recibidas.
También conviene comprobar si la Administración ha solicitado documentación adicional.
Cuando existen cambios relevantes en las circunstancias personales, debe consultarse cómo comunicarlos correctamente.
En situaciones de necesidad urgente, los servicios sociales pueden orientar sobre otros recursos disponibles mientras continúa la tramitación.
¿Se puede presentar una reclamación por la demora?
Las personas interesadas pueden solicitar información sobre su expediente y utilizar las vías administrativas de reclamación que correspondan.
No obstante, el procedimiento adecuado depende de la fase en la que se encuentre la solicitud y de las resoluciones recibidas.
No es lo mismo reclamar por la falta de respuesta que recurrir una resolución con la que no se está de acuerdo.
Por eso, antes de presentar un escrito conviene identificar el trámite concreto y revisar los plazos aplicables.
También puede resultar útil acudir a organizaciones especializadas en discapacidad, dependencia o defensa de los derechos de las personas mayores.
No debe asumirse que una reclamación garantiza automáticamente la concesión de una prestación.
Las cifras que deberá aclarar la Generalitat
La información difundida este 12 de octubre deja varias cuestiones pendientes.
Una de ellas es conocer la evolución actualizada de las listas de espera en Alicante y en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
Otra es disponer de una comparación homogénea entre las cifras de la Generalitat y las del Observatorio Estatal de la Dependencia.
También sería relevante conocer cuántos expedientes se encuentran pendientes de valoración y cuántos corresponden a personas que ya tienen reconocido un grado, pero esperan un servicio o prestación.
La cifra sindical de 17.000 expedientes activos en Alicante necesita ese desglose para poder interpretarse correctamente.
No consta en la información consultada una respuesta específica de la Generalitat a las declaraciones sindicales difundidas este lunes.
Por tanto, las críticas de UGT y CCOO deben presentarse como posiciones de estas organizaciones y no como hechos admitidos por la Administración autonómica.
Preguntas frecuentes sobre la dependencia en Alicante
¿Cuántas personas murieron esperando una ayuda en 2025?
Más de 2.200 en el conjunto de la Comunitat Valenciana, según los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia difundidos por Radio Alicante.
¿Esa cifra corresponde solo a Alicante?
No. Incluye toda la Comunitat Valenciana.
¿Cuántas personas están en lista de espera?
El informe citado sitúa en 29.747 las personas pendientes en la autonomía.
¿Hay 17.000 personas esperando una ayuda en Alicante?
UGT habla de unos 17.000 expedientes activos en Alicante. Esa cifra no equivale necesariamente a 17.000 personas sin prestación.
¿Qué diferencia hay entre valoración y prestación?
La valoración determina la situación de dependencia. La prestación o servicio es el recurso de atención que puede corresponder después.
¿Quién gestiona las ayudas de dependencia?
El sistema se desarrolla mediante las administraciones competentes, con un papel fundamental de la Generalitat Valenciana en la tramitación y gestión autonómica.
¿Puede una familia consultar su expediente?
Sí. Debe utilizar los canales administrativos habilitados y comprobar qué documentación o resoluciones constan en el procedimiento.
¿Las ayudas municipales sustituyen a la dependencia?
No. Pueden existir recursos complementarios, pero cada programa tiene sus propias condiciones y finalidad.
Alicante reclama respuestas ante los retrasos de la dependencia
Los datos conocidos este 12 de octubre muestran la dimensión del problema de la dependencia en la Comunitat Valenciana.
Más de 2.200 personas fallecieron durante 2025 mientras esperaban una valoración o una prestación, según el Observatorio Estatal de la Dependencia.
La cifra de 29.747 personas pendientes en la autonomía y la advertencia sindical sobre 17.000 expedientes activos en Alicante reflejan la necesidad de examinar cómo funcionan los procedimientos.
El caso de Marina y su hijo muestra las consecuencias cotidianas de una tramitación que puede prolongarse durante años.
El reto de las administraciones no se limita a reconocer derechos sobre el papel: también consiste en garantizar que los apoyos lleguen a quienes los necesitan dentro de plazos adecuados.
