Hay algo profundamente preocupante en la política española cuando un cargo público puede cometer errores de gran impacto y, aun así, seguir como si nada. El caso de Irene Montero es, para muchos, el ejemplo más evidente de este problema.
Su etapa al frente del Ministerio de Igualdad no solo ha estado marcada por la polémica, sino por decisiones cuyas consecuencias han sido difíciles de justificar. La ley del “solo sí es sí” no fue simplemente controvertida: sus efectos prácticos pusieron en entredicho la competencia y el rigor con el que se elaboró. Y, sin embargo, no hubo una asunción real de responsabilidades.
Aquí es donde surge la crítica más dura: ¿qué mensaje se lanza a la ciudadanía cuando alguien puede gestionar mal, provocar consecuencias graves y aun así mantenerse en la esfera pública sin consecuencias? En cualquier otro ámbito, eso supondría el final de una carrera profesional. En política, parece que no.
El problema no es solo una persona, sino una dinámica: la política entendida como un espacio donde se puede vivir del dinero público sin que los resultados importen demasiado. Cuando la rendición de cuentas desaparece, lo que queda es una estructura que se protege a sí misma, al margen de lo que ocurra fuera.
Por eso, cada vez más ciudadanos cuestionan si perfiles cuya gestión ha sido tan discutida deberían seguir ocupando posiciones públicas. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de responsabilidad básica: quien no cumple, debería apartarse.
Porque si no ocurre, la conclusión es inevitable: en España, para algunos, la política no es servicio público, es simplemente una forma de vida donde las consecuencias nunca llegan.
Ponte a trabajar y deja ya de decir tonterías todos los días. Anda.
