Pedro Sánchez ha decidido poner fecha al final de la legislatura. España volverá a las urnas el próximo 29 de noviembre de 2026, después de que el presidente del Gobierno haya anunciado este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones generales. La convocatoria se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado.
Comienza, por tanto, la campaña de los balances.
El Gobierno hará el suyo. La oposición hará el contrario. Y los ciudadanos tendrán que decidir cuál de los dos relatos se aproxima más a la España que pisan cada mañana al salir de casa.
Pedro Sánchez ha aprovechado su declaración para reivindicar crecimiento económico, creación de empleo, ampliación de derechos sociales, transición energética y fondos europeos. Son elementos que forman parte de su gestión y sería intelectualmente deshonesto ignorarlos.
Pero existe otro balance.
El de las promesas que se quedaron a medio camino. El de las reformas anunciadas que no llegaron. El de los problemas que, después de años ocupando titulares, continúan esperando una solución.
Y quizá la frase más reveladora de este final de legislatura la haya pronunciado el propio presidente: el Gobierno cometió errores y no consiguió hacer todo lo que se había propuesto. Sánchez ha señalado expresamente que permanecen problemas importantes en desigualdad, servicios públicos y acceso a la vivienda.
La pregunta que corresponde hacerse ahora es sencilla:
¿Qué queda cuando dejamos a un lado los anuncios y examinamos los resultados?
Vivienda: el gran problema que siguió creciendo
Si existe un asunto que resume la distancia entre las grandes cifras anunciadas y la realidad cotidiana de muchos españoles, probablemente sea la vivienda.
El Gobierno fijó como objetivo movilizar 184.000 viviendas destinadas al alquiler social o asequible. En agosto de 2024 aseguraba haber movilizado 80.745. En septiembre de 2026, Pedro Sánchez elevaba la cifra a más de 120.000 viviendas movilizadas.
El matiz importa.
“Movilizada” no significa necesariamente vivienda terminada, entregada y habitada. Dentro de esos programas existen promociones en diferentes fases de desarrollo y actuaciones procedentes de distintas vías, desde construcción hasta viviendas de Sareb o del Fondo Social.
Y hay otra cifra difícil de ignorar.
El primer portal del parque público estatal presentado por Sánchez en septiembre de este mismo año comenzó con 800 viviendas disponibles y el anuncio de incorporar próximamente otras 1.500.
Mientras tanto, el precio de comprar una casa no ha dejado de presionar a las familias. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el segundo trimestre de 2026 el precio de la vivienda aumentó un 12,2% interanual; la vivienda de segunda mano lo hizo un 12,9%.
No significa que el Gobierno sea responsable único de cada subida —la vivienda depende también de comunidades autónomas, ayuntamientos, disponibilidad de suelo, construcción, financiación y oferta privada—, pero sí permite formular una conclusión política legítima: después de años colocando la vivienda en el centro de la agenda, el acceso a ella continúa siendo uno de los principales problemas que el propio Sánchez reconoce pendiente.
La legislatura termina, además, después del fracaso parlamentario de iniciativas relacionadas con vivienda.
La paradoja difícilmente podría ser mayor.
Una legislatura entera sin aprobar sus propios Presupuestos
Existe otro dato extraordinariamente significativo.
La legislatura iniciada en 2023 termina sin que el Parlamento haya aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
No es una interpretación política.
Es un hecho.
España ha continuado funcionando sobre las cuentas aprobadas para 2023, antes incluso de las elecciones generales que dieron origen a la actual legislatura.
Un Gobierno puede gobernar legalmente con presupuestos prorrogados. Nuestra Constitución contempla ese mecanismo.
Pero una cosa es que sea legal y otra que resulte políticamente irrelevante.
Los Presupuestos son el documento mediante el que un Gobierno transforma su discurso político en prioridades económicas concretas.
Decir dónde quiere gastar.
Cuánto.
Y para qué.
Terminar una legislatura sin conseguir aprobar unas cuentas propias dice mucho de las dificultades que ha tenido Sánchez para convertir la mayoría de investidura en una mayoría estable de gobierno.
La DANA: 16.600 millones anunciados no son 16.600 millones ejecutados
Desde la Comunidad Valenciana sabemos que detrás de una catástrofe no existen solamente estadísticas.
Hay casas.
Hay negocios.
Hay familias.
Hay recuerdos que desaparecen debajo del barro.
Y, sobre todo, hay personas esperando volver a una normalidad que desde un despacho administrativo puede parecer mucho más sencilla de recuperar de lo que realmente es.
Tras la devastadora DANA, el Gobierno anunció un enorme esfuerzo económico.
Y hay que reconocerlo: las cifras son importantes.
A fecha de 5 de octubre de 2026, el Gobierno cifra en 16.600 millones de euros los recursos movilizados para responder a la catástrofe.
Pero los recursos que oficialmente constan como empleados suman 9.889 millones: aproximadamente 8.177 millones abonados en ayudas y subvenciones, 808 millones financiados o avalados y 904 millones ejecutados mediante actuaciones directas.
Por tanto, no es correcto afirmar que el Gobierno “no hizo nada”.
Lo hizo.
Y mucho.
Pero tampoco sería correcto confundir el dinero anunciado o movilizado con el dinero efectivamente empleado.
La diferencia entre ambas cifras supera los 6.700 millones de euros.
Dos años después de la tragedia, esa diferencia merece una explicación pública constante y detallada.
También conviene ser rigurosos con las responsabilidades: la gestión de una catástrofe de estas características afecta al Gobierno central, a la Generalitat Valenciana, a diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos. Convertir toda la DANA en responsabilidad exclusiva de Moncloa sería tan simplista como pretender que el Estado no tiene responsabilidad alguna.
Pero para quienes perdieron una vivienda o un negocio existe una medida mucho más sencilla de la eficacia administrativa:
cuánto tiempo pasó hasta que pudieron reconstruir su vida.
La Palma: cinco años después, la reconstrucción continúa
Algo parecido sucede en La Palma.
En diciembre de 2021, Pedro Sánchez anunció que las ayudas de vivienda para los afectados por el volcán se duplicarían de 30.000 a 60.000 euros y destacó especialmente que tendrían carácter inmediato mediante anticipos.
Cinco años después, la reconstrucción continúa.
También aquí sería falso sostener que el Estado abandonó económicamente la isla.
En abril de 2026, el propio Gobierno cifraba en más de 1.100 millones de euros la aportación de la Administración General del Estado para la reconstrucción de La Palma y anunciaba nuevas obras cofinanciadas.
En febrero informó además de que había adelantado 53 millones para reconstruir infraestructuras municipales afectadas por la erupción.
Precisamente por eso la cuestión interesante no es caer en el eslogan fácil de “no se hizo nada”.
La cuestión es otra:
¿Cómo puede una administración movilizar semejantes cantidades y, cinco años después, seguir hablando de reconstrucción?
La respuesta probablemente está en una de las grandes enfermedades de nuestro sistema administrativo: entre anunciar una ayuda, presupuestarla, concederla, ejecutarla y conseguir que transforme realmente la vida del damnificado puede existir un abismo de burocracia.
Canarias: cuando una emergencia termina en los tribunales
La crisis migratoria de Canarias constituye otro ejemplo de una política en la que las soluciones llegaron después de demasiados meses de tensión institucional.
Aquí tampoco caben explicaciones simples.
España gestiona una frontera exterior de la Unión Europea. Las llegadas dependen de conflictos, pobreza, rutas migratorias, mafias, relaciones internacionales y cooperación con países de origen.
Pero hubo un episodio que no puede desaparecer del balance.
En octubre de 2025, el Tribunal Supremo dio al Gobierno 15 días para asumir la acogida de menores solicitantes de asilo que se encontraban en Canarias, después de una orden anterior del propio tribunal. El Supremo reclamó que se cumpliera el mandato con urgencia.
Posteriormente se avanzó en mecanismos de traslado y redistribución y se aprobaron fondos para territorios sometidos a mayor presión migratoria.
Pero que una cuestión humanitaria de semejante magnitud necesite acabar ante el Tribunal Supremo para acelerar una respuesta estatal debería provocar reflexión, gobierne quien gobierne.
Ceuta: la frontera que volvió a poner a prueba al Estado
Ceuta también ha vuelto a vivir momentos de enorme tensión.
Y aquí resulta especialmente importante no utilizar políticamente una crisis humana.
En septiembre, Sánchez compareció en el Congreso por los acontecimientos iniciados el 30 de julio y defendió la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pero en esa misma comparecencia el presidente admitió algo importante: la respuesta de las administraciones públicas “no ha sido suficiente” mientras Ceuta no recuperase la normalidad.
No hace falta añadir ningún adjetivo.
Cuando un presidente reconoce que la respuesta institucional no ha sido suficiente, corresponde incluirlo en el balance.
Las leyes que se quedan en el camino
La convocatoria electoral no solamente pone fin a una legislatura.
También deja iniciativas sin terminar.
Entre las medidas que decaen o quedan pendientes con la disolución de las Cortes aparecen iniciativas como el Estatuto del Becario, la condonación de deuda autonómica que estaba en tramitación y otros proyectos legislativos.
Y existe una promesa especialmente simbólica.
PSOE y Sumar firmaron en octubre de 2023 un acuerdo de gobierno que incluía reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin reducción salarial.
El final anticipado de la legislatura obliga, por tanto, a volver sobre el programa de coalición y distinguir tres categorías que durante años se mezclan con demasiada facilidad en política:
lo anunciado,
lo aprobado,
y lo que realmente llegó a la vida de los ciudadanos.
No son lo mismo.
Gobernar también es conseguir mayorías
Pedro Sánchez puede alegar, con razón, que ha gobernado con una fragmentación parlamentaria extraordinaria.
Puede recordar que muchas de sus iniciativas encontraron el rechazo de la oposición o incluso de partidos necesarios para sostener su mayoría.
Pero existe una cuestión incómoda.
Gobernar consiste precisamente en conseguir los apoyos necesarios para gobernar.
La aritmética parlamentaria no apareció ayer.
Era conocida desde el mismo momento de la investidura.
Cuando un Ejecutivo anuncia una medida y después culpa al Parlamento porque no consigue aprobarla, puede existir responsabilidad de quienes votaron en contra.
Por supuesto.
Pero también existe una responsabilidad política del Gobierno que no consiguió reunir los votos necesarios.
Especialmente cuando esa situación se repite.
También hubo logros
Un balance serio no puede escribirse únicamente seleccionando aquello que salió mal.
Durante los gobiernos de Sánchez se han aprobado reformas laborales y sociales importantes; se ha incrementado el salario mínimo; se han ampliado permisos y determinadas prestaciones; España ha desplegado buena parte de los fondos europeos y ha avanzado significativamente en generación renovable.
El propio presidente ha reivindicado crecimiento económico, creación de empleo, reducción de desigualdad y ampliación de políticas sociales.
Los ciudadanos deberán valorar qué peso conceden a esos logros frente a aquello que quedó pendiente.
Porque precisamente eso son unas elecciones.
No un juicio penal.
No un partido de fútbol.
No una guerra entre buenos y malos.
Son la oportunidad de examinar un contrato político y decidir si debe renovarse.
La España de los anuncios
Después de años observando la política española, tengo la sensación de que hemos normalizado una forma muy particular de gobernar.
Primero llega el anuncio.
Después la rueda de prensa.
Después la cifra millonaria.
Después el titular.
Y mucho más tarde comienza el procedimiento administrativo que debería convertir aquella promesa en una realidad.
Entre ambos momentos pueden pasar meses.
O años.
La vivienda anunciada tiene que construirse.
El dinero movilizado tiene que llegar.
La ley prometida tiene que aprobarse.
La ayuda urgente tiene que cobrarse.
La reconstrucción tiene que terminar.
Y el presupuesto tiene que pasar por el Parlamento.
La política debería medirse menos por la cantidad de anuncios realizados y mucho más por la distancia existente entre el anuncio y el resultado.
Antes de votar, recuerden
El 29 de noviembre volveremos a escuchar promesas.
Volverán los grandes titulares, los mítines, los eslóganes, los vídeos cuidadosamente preparados y las cifras elegidas para convencernos de que el futuro será diferente.
Pero antes de votar, recuerden.
Recuerden las promesas sobre vivienda y pregúntense cuántas viviendas anunciadas terminaron convirtiéndose realmente en hogares disponibles para quienes las necesitaban.
Recuerden la DANA.
Los millones anunciados.
Los millones movilizados.
Los millones realmente empleados.
Pero, sobre todo, recuerden a las familias, autónomos y empresarios que tuvieron que enfrentarse durante meses a la reconstrucción de aquello que habían tardado toda una vida en conseguir.
Recuerden La Palma.
Las imágenes del volcán desaparecieron hace mucho tiempo de las portadas, pero reconstruir una isla y reconstruir una vida son procesos mucho más largos que un ciclo informativo.
Recuerden Canarias.
Recuerden Ceuta.
Recuerden las leyes anunciadas que no llegaron al final del camino parlamentario.
Recuerden que esta legislatura termina sin haber aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Y recuerden también aquello que sí se hizo.
Porque votar con inteligencia no consiste en negar los logros del político que no nos gusta ni en esconder los fracasos del político al que apoyamos.
Consiste precisamente en hacer lo contrario.
Examinar los hechos. Comparar las promesas con los resultados. Contrastar las cifras. Y exigir a todos exactamente el mismo nivel de responsabilidad.
Antes de votar, no permitan que unas semanas de campaña borren varios años de gobierno.
No voten únicamente pensando en el último titular que hayan leído.
No conviertan unas elecciones en un partido de fútbol en el que hay que defender unos colores pase lo que pase.
Sean exigentes.
Sean críticos.
Infórmense.
Contrasten.
Recuerden.
Y, sobre todo, piensen antes de votar.
Porque el voto no debería ser un acto de fidelidad hacia un partido o hacia un político. Es una de las herramientas más importantes que tiene un ciudadano para exigir responsabilidades a quienes administran su dinero, aprueban sus leyes y toman decisiones que condicionarán su futuro.
Pedro Sánchez pide ahora una mayoría más amplia para continuar su proyecto político.
Los demás partidos pedirán también nuestra confianza y nos presentarán sus propias promesas.
Escuchémoslas todas.
Pero esta vez hagamos algo más.
Cuando un político diga “haremos”, recordemos qué ocurrió la última vez que dijo “haremos”.
Cuando anuncie millones, preguntemos cuánto se ejecutará.
Cuando prometa viviendas, preguntemos cuándo estarán construidas.
Cuando anuncie una ayuda, preguntemos cuándo llegará a la cuenta bancaria de quien la necesita.
Cuando prometa una ley, preguntemos si tiene los apoyos necesarios para aprobarla.
Y cuando nos presente una cifra, busquemos la cifra completa.
Eso es ser un ciudadano informado.
No creer ciegamente al Gobierno.
Pero tampoco creer ciegamente a la oposición.
No regalar nuestro voto: exigir que se lo ganen.
El 29 de noviembre cada español decidirá libremente qué papeleta introduce en la urna. Esa decisión pertenece exclusivamente a cada ciudadano.
Pero antes de hacerlo, convendría dedicar unos minutos a recordar estos años.
Lo anunciado.
Lo cumplido.
Lo incumplido.
Lo que mejoró.
Lo que empeoró.
Y aquello que, después de tantas promesas, continúa esperando una solución.
Después, que cada uno vote según su conciencia.
Pero que vote con memoria.
Porque quizá una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra democracia sea también una de las más sencillas:
antes de votar, recordar. Antes de creer, comprobar. Y antes de elegir, pensar.
- Sergio Ayala
- CEO de DSAlicante.com
