Una investigación judicial sobre el supuesto pago de 3.000 euros a un funcionario de Hacienda en Elche ha dado un nuevo paso. La jueza encargada del procedimiento ha acordado tramitar por la vía del Tribunal del Jurado la causa contra David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y otras nueve personas por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
El caso se remonta a marzo de 2019 y gira en torno a la obtención de información tributaria reservada del sindicato Futbolistas ON, organización rival de AFE.
La resolución, fechada el 16 de noviembre y notificada este jueves 19, considera que existen indicios suficientes para continuar investigando por ambos delitos. Entre los investigados figuran también el exfutbolista Diego Rivas y un funcionario de la Agencia Tributaria destinado en Elche.
No se ha abierto todavía juicio oral ni existe una condena. El cambio afecta al procedimiento que seguirá la investigación, y la resolución puede recurrirse.
Un supuesto pago de 3.000 euros está en el origen de la causa
La investigación se centra en una operación que, según la resolución judicial conocida por Alicante Plaza, habría permitido obtener información fiscal de Futbolistas ON a cambio de dinero.
La jueza considera que existen indicios de que varios implicados contactaron con un funcionario de la Agencia Tributaria para acceder a documentación reservada del sindicato.
El documento buscado era el modelo 347 correspondiente al ejercicio 2018.
Este modelo es una declaración informativa en la que se recogen determinadas operaciones económicas realizadas con terceros.
La información contenida en ese documento podía resultar de interés para conocer relaciones económicas del sindicato.
Sin embargo, los datos tributarios no pueden consultarse o difundirse libremente por el mero hecho de que una persona desee conocerlos.
El procedimiento investiga precisamente si un funcionario utilizó indebidamente su acceso a las bases de datos de Hacienda para facilitar esa documentación.
Según los indicios recogidos en el auto, se habrían abonado 3.000 euros a cambio de obtenerla.
Cuatro accesos a Hacienda en un mismo día
Uno de los datos más concretos de la investigación se sitúa el 7 de marzo de 2019.
La magistrada recoge que el funcionario investigado habría realizado cuatro accesos no autorizados a las bases de datos de la Agencia Tributaria.
En uno de ellos habría descargado una copia de la documentación fiscal de Futbolistas ON.
Posteriormente, esa información habría sido entregada a intermediarios a cambio del dinero investigado.
La causa cuenta, entre otros elementos, con informes de la Agencia Tributaria sobre los accesos informáticos.
También se han incorporado declaraciones de investigados y testigos, grabaciones y documentación relacionada con la posterior utilización de los datos.
La existencia de estos indicios ha llevado a la jueza a considerar que deben seguir investigándose los posibles delitos.
Eso no significa que todas las personas investigadas hayan tenido la misma participación ni que su responsabilidad esté acreditada.
La documentación habría llegado a responsables de AFE en Madrid
La investigación no termina en Elche.
Según la reconstrucción recogida en la resolución, la información obtenida habría llegado a responsables de la Asociación de Futbolistas Españoles.
El 11 de marzo de 2019, cuatro días después de los accesos investigados, el documento habría sido mostrado durante una reunión celebrada en el despacho profesional de David Aganzo.
La reunión tuvo lugar en las instalaciones de AFE en Madrid.
La jueza atribuye de manera indiciaria la aportación del dinero a varios dirigentes y trabajadores del sindicato.
Entre ellos figura su presidente.
La resolución sostiene que los implicados investigados habrían conocido la finalidad del pago: obtener información tributaria reservada del sindicato rival para utilizarla posteriormente en su contra.
Esta es la hipótesis judicial que debe examinarse durante el procedimiento.
No constituye una declaración definitiva de culpabilidad.
David Aganzo y otras nueve personas, investigados
La decisión afecta a diez personas.
Entre ellas se encuentra David Aganzo, presidente de AFE y exfutbolista que militó, entre otros clubes, en el Hércules CF.
También figura Diego Rivas, otro exjugador profesional, y un funcionario de Hacienda.
El procedimiento distingue entre la presunta actuación del empleado público que habría facilitado los datos y la posible intervención de quienes habrían promovido o financiado su obtención.
Esa diferencia es relevante para los delitos investigados.
En términos generales, el cohecho puede abarcar tanto la conducta de un funcionario que acepta determinadas contraprestaciones como la de quienes las ofrecen o entregan en las circunstancias previstas por la ley.
En esta causa, la jueza aprecia indicios de cohecho pasivo respecto del funcionario y de cohecho activo respecto de los otros nueve investigados.
También considera que existen indicios de revelación de secretos que afectan al conjunto de las personas investigadas.
La responsabilidad concreta de cada una deberá determinarse individualmente.
La jueza discrepa de la Fiscalía sobre cómo continuar el procedimiento
La decisión judicial tiene un elemento especialmente relevante: no coincide con la posición procesal que habían defendido otras partes.
Según la información publicada por Alicante Plaza, la Fiscalía había considerado que la causa debía continuar por el procedimiento abreviado, al entender que los hechos podían constituir un delito de revelación de secretos.
Por su parte, la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, había planteado que no se continuara por el delito de cohecho, aunque reconocía la existencia de elementos que podían apuntar a su comisión.
La magistrada Marta Alba Tenza ha adoptado otra posición.
Considera que los indicios permiten investigar tanto el presunto cohecho como la revelación de secretos.
Además, entiende que ambos delitos están relacionados entre sí.
El posible pago habría tenido precisamente la finalidad de conseguir la documentación fiscal reservada.
Por esa conexión, la jueza considera que deben examinarse conjuntamente.
¿Por qué interviene el Tribunal del Jurado?
La decisión de seguir los trámites del Tribunal del Jurado no significa que se haya convocado ya a un jurado popular para juzgar a los investigados.
Lo que ha acordado la jueza es encauzar la causa por ese procedimiento.
La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado contempla determinados delitos que pueden ser enjuiciados mediante esta vía, entre ellos algunas modalidades de cohecho y de delitos relacionados con secretos cometidos por funcionarios públicos.
La magistrada considera que las posibles conductas investigadas y su conexión justifican esa tramitación.
Sin embargo, todavía quedan actuaciones procesales pendientes.
Las partes podrán concretar sus posiciones, solicitar nuevas diligencias o plantear el archivo de la causa si consideran que procede.
Por tanto, hablar de un juicio ya convocado sería incorrecto.
La resolución conocida este jueves supone un avance procesal, no el comienzo de la vista oral.
Los diez investigados están citados para el 9 de diciembre
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, Plaza número 3, ha señalado una comparecencia para el próximo 9 de diciembre de 2026.
A ella están convocados los diez investigados, asistidos por sus abogados.
También deberán intervenir el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas.
La comparecencia forma parte de la nueva fase procesal acordada por la jueza.
En ella podrán abordarse las imputaciones y las actuaciones que las partes consideren necesarias.
No debe confundirse esta cita con la celebración de un juicio.
Además, el auto que ha acordado continuar por la vía del jurado todavía no es firme.
Según la información publicada, cabe presentar un recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación.
Una investigación iniciada hace más de siete años
Los hechos que se investigan ocurrieron en marzo de 2019.
La causa comenzó en Madrid y posteriormente pasó a los órganos judiciales de Elche.
Más de siete años después, el procedimiento sigue abierto.
La novedad de este 19 de noviembre no consiste en una nueva detención ni en el descubrimiento de un pago reciente.
Se trata de una decisión judicial sobre cómo debe continuar una investigación que lleva años tramitándose.
Esa diferencia temporal es importante para comprender el caso.
Los presuntos accesos a las bases de datos de Hacienda y la posible entrega de dinero se sitúan en 2019.
La resolución que ahora se conoce es de noviembre de 2026.
Por qué el caso tiene especial interés para Elche
Aunque la investigación afecta a dirigentes de una organización de ámbito nacional, Elche ocupa un lugar central en los hechos investigados.
El funcionario que presuntamente facilitó la información tributaria estaba destinado en la ciudad.
Los accesos informáticos investigados se atribuyen a ese empleado público.
Además, es un órgano judicial de Elche el que ha acordado la nueva tramitación de la causa.
La noticia combina, por tanto, un procedimiento judicial local con consecuencias para una organización vinculada al fútbol profesional español.
Su interés no se limita a los aficionados al deporte.
También plantea cuestiones relacionadas con la protección de los datos tributarios, el uso de información reservada y las obligaciones de los empleados públicos.
El acceso a datos reservados, una cuestión de confianza pública
La Agencia Tributaria maneja información económica y personal que está sometida a normas de confidencialidad.
El acceso a esas bases de datos debe responder a las funciones y autorizaciones correspondientes.
La posibilidad de que un empleado público consulte información sin una justificación legítima es una cuestión relevante porque afecta a la confianza en las instituciones.
En el caso investigado, la jueza considera que existen indicios de cuatro accesos no autorizados realizados el mismo día.
La investigación deberá determinar si esos accesos se produjeron en las condiciones descritas y qué participación tuvo cada persona.
También deberá examinarse la supuesta entrega posterior de la documentación.
La información conocida no permite concluir que existieran otras consultas indebidas distintas de las investigadas en este procedimiento.
Otras actuaciones policiales y judiciales en Elche
El caso de AFE es independiente de otras investigaciones conocidas recientemente en la ciudad.
A principios de noviembre, DSAlicante informó de un dispositivo policial en Elche por una convocatoria atribuida al movimiento Blocus que terminó con quince personas identificadas y sin incidentes graves.
Aquella actuación fue preventiva y estuvo relacionada con la seguridad ciudadana.
En cambio, la investigación sobre los datos fiscales de Futbolistas ON se desarrolla en el ámbito judicial y afecta a presuntos delitos vinculados a un funcionario público.
No existe relación conocida entre ambos procedimientos.
La referencia permite diferenciar dos tipos de actuaciones que forman parte de la actualidad de Elche, pero que responden a circunstancias completamente distintas.
Qué se sabe y qué queda por resolver
La resolución conocida este jueves permite establecer varios hechos procesales.
La jueza de Elche ha acordado continuar la causa por los trámites del Tribunal del Jurado.
Hay diez personas investigadas, entre ellas el presidente de AFE.
La investigación gira en torno a un supuesto pago de 3.000 euros y a la obtención de información fiscal reservada de Futbolistas ON.
El auto identifica cuatro accesos informáticos presuntamente no autorizados realizados el 7 de marzo de 2019.
También recoge la posible entrega posterior de la documentación a responsables de AFE.
Pero quedan cuestiones esenciales por resolver.
Todavía no se ha determinado judicialmente la culpabilidad de los investigados.
La resolución puede recurrirse y no supone la apertura del juicio oral.
La próxima cita procesal conocida es la comparecencia del 9 de diciembre.
Preguntas frecuentes sobre el caso de AFE en Elche
¿Qué ha decidido la jueza de Elche?
Continuar por los trámites del Tribunal del Jurado una causa por presunto cohecho y revelación de secretos.
¿Quiénes están investigados?
David Aganzo, presidente de AFE, y otras nueve personas, entre ellas el exfutbolista Diego Rivas y un funcionario de Hacienda.
¿Cuánto dinero se habría pagado?
Según los indicios recogidos en la resolución, 3.000 euros.
¿Qué información se habría obtenido?
El modelo 347 de Futbolistas ON correspondiente al ejercicio 2018.
¿Cuándo ocurrieron los hechos investigados?
En marzo de 2019.
¿Qué relación tiene Elche con el caso?
El funcionario investigado estaba destinado en la ciudad y el procedimiento se tramita actualmente ante un órgano judicial ilicitano.
¿Ya hay fecha de juicio?
No. Hay una comparecencia señalada para el 9 de diciembre, pero no se ha abierto todavía juicio oral.
¿Se ha condenado a David Aganzo?
No. La resolución no constituye una condena y todos los investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
La causa entra en una nueva fase judicial
La investigación sobre la presunta obtención irregular de datos fiscales de Futbolistas ON continúa abierta más de siete años después de los hechos.
La jueza de Elche ha considerado que existen indicios para examinar conjuntamente posibles delitos de cohecho y revelación de secretos.
La resolución afecta a diez personas, entre ellas David Aganzo, presidente de AFE.
El supuesto pago de 3.000 euros a un funcionario de Hacienda y los accesos a información tributaria reservada constituyen el núcleo de las diligencias.
La siguiente fecha relevante será el 9 de diciembre, cuando están citados los investigados y las partes personadas.
Hasta entonces, el procedimiento sigue en fase de investigación y la resolución conocida este jueves todavía puede ser recurrida.
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