Hay Derecho pone sobre la mesa 6 compromisos ineludibles para defender el Estado de derecho y la democracia. Cada propuesta es viable, concreta, verificable y corresponde a problemas que se documentan con datos.
Hay Derecho dirige a los partidos políticos y a los ciudadanos la iniciativa ‘Gobierne quien gobierne’ que busca comprometer a los representantes políticos con la mejora de la calidad de nuestras instituciones y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Hay Derecho ha analizado con datos objetivos en su Informe de Estado de Derecho 2026 el funcionamiento de las instituciones en España. Sobre esta base formula las propuestas.
Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho ha señalado que España tiene un déficit en el funcionamiento institucional que debe ser remediado por encima de opciones ideológicas. Una de las medidas urgentes es asegurar organismos independientes de control y profesionalización de la dirección de empresas públicas.
Las promesas electorales pasan pero las instituciones permanecen y debe garantizarse su correcto funcionamiento gobierne quien gobierne, ha subrayado Cantos.
Las instituciones no tienen color. Tienen reglas
6 propuestas – 6 compromisos:
Gobierne quien gobierne, los jueces y fiscales y sus órganos de gobierno han de ser independientes.
Reformar el sistema de elección para garantizar que el gobierno del Poder Judicial y la Fiscalía queden fuera del alcance de los partidos políticos y del corporativismo asociativo.
Gobierne quien gobierne, el Parlamento ha de cumplir sus funciones: hacer las leyes, controlar al Gobierno y aprobar los presupuestos.
Estamos ante la primera legislatura en que no se aprueban unos presupuestos. Y en que el gobierno abusando del decreto-ley de extraordinaria y urgente necesidad ha sustituido al Parlamento en su función legislativa.
Gobierne quien gobierne, las políticas públicas tienen que basarse en la evidencia y ser evaluadas.
Diseñar las leyes y las políticas públicas a partir de la evidencia disponible, y evaluarlas antes y después de aplicarlas, con organismos independientes que rindan cuentas.
La política de vivienda es el caso más flagrante, no puede improvisarse y someterse a cambios continuos de régimen jurídico sin evaluar el impacto real.
Gobierne quien gobierne, se deben adoptar medidas eficaces para afrontar la corrupción y mejorar la transparencia.
Se debe aprobar la estrategia nacional de lucha contra la corrupción (obligatoria) poniendo al frente a una autoridad independiente. No se ha cumplido ninguna de las 15 medidas del Plan de lucha contra la corrupción (2025). En 6 comunidades autónomas no se aplica la directiva europea whistleblowers de protección a los denunciantes de corrupción.
Gobierne quien gobierne, los organismos de contrapeso y reguladores deben estar integrados por profesionales elegidos por concurso y contar con medios suficientes.
Una ley debe exigir requisitos de acceso al cargo y sistemas selectivos para asegurar la independencia política de organismos como Tribunal de cuentas, CNMV, CNMC o Defensor del Pueblo. Además de los medios de comunicación públicos.
Gobierne quien gobierne; las empresas públicas deben tener una dirección profesional.
Establecer por ley requisitos para dirigir empresas públicas y asegurar mandatos no vinculados al ciclo electoral sino a la gestión.
La Fundación Hay Derecho también se compromete a realizar un seguimiento público de quién asume estas propuestas y de quién las cumple, ya que son concretas, viables y verificables. Muchas solo exigen voluntad política; otras, reformas legales que pueden aprobarse en una legislatura y, en algún caso, constitucionales.
Oportunidad para hacer las cosas bien
Este momento electoral es una gran oportunidad para exigir a todos los partidos de manera totalmente imparcial que se comprometan con el buen funcionamiento institucional.
Estas reglas son una base que los ciudadanos necesitamos como garantía de nuestros derechos, al margen de las diferencias de programa político de cada opción electoral.
Los partidos políticos prometen en la oposición pero no se autolimitan cuando ostentan el poder. Los ciudadanos debemos ser quienes vigilemos y exijamos esas garantías.
Vigilar el buen estado de nuestras instituciones incluye a las empresas públicas, por eso esta recogida de firmas ciudadanas para exigir al Gobierno electo una dirección profesional de las empresas públicas. Servicios esenciales como ADIF, Renfe, AENA, Casa47 (antes SEPES) o Correos deben responder a criterios profesionales y no ser un botín para los partidos que accedan al gobierno
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