Hay momentos en los que un país entero se hace la misma pregunta, no nace del rencor, ni del afán de venganza, sino de la necesidad de comprender. Es la pregunta que resuena en la calle, en las conversaciones cotidianas, en los hogares y en la conciencia de quienes todavía creen en el Estado de derecho, ¿dónde está la justicia?
La justicia no solo debe ser independiente, también debe ser percibida como justa por la inmensa mayoría de la sociedad. Porque cuando una resolución provoca desconcierto y una gran parte de los ciudadanos siente que la ley no se aplica con el mismo rigor para todos, lo que empieza a resquebrajarse no es únicamente la confianza en un tribunal, sino en todo el sistema.
La Constitución proclama que todos somos iguales ante la ley, es una de las bases sobre las que descansa nuestra democracia. Sin embargo, la realidad parece dejar demasiadas veces una sensación distinta. Son muchos los ciudadanos que se preguntan por qué unas personas cumplen íntegramente sus condenas mientras otras obtienen beneficios que, aunque puedan estar previstos legalmente, resultan difíciles de entender para quien observa los hechos desde fuera.
La ley contempla circunstancias atenuantes, colaboraciones con la justicia, confesiones y otros mecanismos destinados a favorecer el esclarecimiento de los delitos. Nadie discute que esas herramientas puedan ser útiles para descubrir tramas complejas. Pero la pregunta es inevitable, ¿hasta dónde deben llegar esos beneficios? ¿puede la colaboración convertirse en un salvoconducto que haga olvidar la gravedad del daño causado a la sociedad?
Cuando hablamos de delitos de corrupción, no estamos hablando únicamente de cifras económicas. Estamos hablando de dinero que pertenece a todos, de hospitales que podrían haberse construido, de colegios que podrían haberse mejorado, de carreteras, de servicios públicos y de oportunidades que desaparecen porque alguien decidió anteponer su interés personal al bien común.
Por eso resulta legitimo abrir un debate sereno sobre nuestro Código Penal.
Si determinadas normas permiten consecuencias que generan una profunda sensación de desigualdad, quizá no sea la ciudadanía la que esté equivocada al sentirse desconcertada. Tal vez sea la ley la que necesite una revisión.
Muchos juristas sostienen que el Derecho no debe guiarse por emociones, y tiene razón. Pero tampoco puede vivir de espaldas al sentido de justicia de la sociedad. Una democracia fuerte necesita leyes técnicamente impecables, sí, pero también moralmente comprensibles para quienes están obligados a respetarlas.
Quizá haya llegado el momento de replantearse algunos aspectos de nuestro sistema penal. Muchos ciudadanos consideran que cuando un delito reviste una especial gravedad y la pena impuesta supera determinados límites, su cumplimiento efectivo debería ser la regla general y no una posibilidad excepcional. Del mismo modo, parece razonable preguntarse si quien obtiene un beneficio económico ilícito debería acceder a determinadas ventajas penales sin haber restituido completamente aquello de lo que nunca debió apropiarse.
La reparación del daño no puede convertirse en un concepto secundario. Devolver lo que pertenece a todos debería ser un requisito esencial para recuperar parte de la confianza perdida. Porque la justicia no solo castiga, también repara, y cuando esa reparación no llega, la sensación de impunidad termina extendiéndose mucho más allá del caso concreto.
No se trata de endurecer las leyes por impulso ni de convertir las cárceles en la única respuesta. Se trata de que las consecuencias de los delitos sean proporcionadas, coherentes y comprensibles. De que ningún ciudadano pueda llegar a pensar que el dinero, la influencia o determinadas circunstancias pesan más que el principio de igualdad.
La justicia no puede permitirse el lujo de parecer distante de la realidad social. Cuando los ciudadanos empiezan a creer que existen distintos niveles de responsabilidad según quién se siente en el banquillo, la desconfianza sustituye al respeto. Y una sociedad que deja de confiar en su justicia comienza lentamente a debilitar su democracia.
Las leyes no son textos sagrados e inmutables, han cambiado muchas veces a lo largo de nuestra historia porque la sociedad también cambia. Precisamente por eso, cuando una norma provoca un sentimiento tan profundo de incomprensión, los legisladores tienen la obligación de escuchar. Reformar una ley no significa reconocer un fracaso, significa tener la valentía de mejorarla.
Porque la verdadera justicia no consiste únicamente en aplicar la ley, consiste en conseguir que los ciudadanos sigan creyendo que la ley protege por igual al poderoso y al humilde. El día en que esa convicción desaparezca, habremos perdido mucho más que un debate jurídico, habremos perdido uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.
- CONCHI BASILIO
