Ricardo Cutanda, presidente de UCIN C-LM: “Es inadmisible que el Gobierno haya obligado a millones de ciudadanos a realizar un gasto bajo una norma que Bruselas ahora tacha de inaplicable por falta de transparencia”.
La formación independiente advierte que las multas impuestas podrían ser nulas de pleno derecho.
La formación política independiente UCIN Castilla-La Mancha, a través de su presidente regional Ricardo Cutanda, ha manifestado hoy su más enérgica denuncia ante la situación de «indefensión y caos» generada por la normativa de las balizas V-16 conectadas. Tras conocerse que la Comisión Europea podría tumbar la norma española debido a que el Gobierno no notificó el reglamento técnico a Bruselas, UCIN exige explicaciones inmediatas y la paralización de cualquier sanción relacionada.
Ricardo Cutanda ha calificado la situación de “chapuza administrativa histórica” que afecta directamente al bolsillo de los castellano-manchegos y del resto de españoles. “Se han vendido millones de dispositivos bajo la premisa de una obligatoriedad que, a día de hoy, carece de validez legal para la Unión Europea. Estamos ante un atropello a los derechos de los consumidores y conductores y que ha generado cerca de mil millones de euros en balizas”, ha señalado el presidente de UCIN C-LM.
Invalidez de las multas y gasto innecesario:
Desde UCIN subrayan que la jurisprudencia europea es clara: cualquier norma técnica nacional no notificada a la Comisión es inaplicable. Esto implica que los ciudadanos que hayan sido sancionados por no portar la baliza conectada, o aquellos que sigan usando los triángulos, tendrían base legal para recurrir y anular dichas multas.
“El Gobierno de España ha jugado con el miedo a las multas para forzar una transición tecnológica que ni siquiera ha sabido tramitar legalmente en Europa”, afirma Cutanda. “Desde UCIN Castilla-La Mancha nos preguntamos quién va a devolver el dinero a las familias si finalmente la norma es derogada o modificada por imponer barreras comerciales ilegales”.
Exigencia de responsabilidades:
UCIN Castilla-La Mancha insta a los representantes políticos de la región en el Congreso y el Senado a que exijan responsabilidades al Ministerio del Interior y a la DGT. Asimismo, la formación independiente se pone a disposición de los ciudadanos afectados para asesorarles ante lo que consideran un “engaño masivo”.
“No estamos en contra de la seguridad vial, estamos en contra de la incompetencia política que obliga al ciudadano a pagar los errores de la administración”, concluye Ricardo Cutanda.
