El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha hecho pública una declaración institucional para mostrar su rechazo a la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular impulsada por el Gobierno de España. La formación asegura que emprenderá acciones políticas y legales contra el procedimiento y reclama más control en los trámites que puedan afectar a la administración local.
La iniciativa se ha presentado en Alicante, según el texto facilitado por el propio grupo municipal, dentro de una campaña que Vox afirma estar impulsando en los ayuntamientos donde tiene representación. El partido sostiene que la medida puede generar un “efecto llamada” y aumentar la presión sobre servicios municipales como el registro, el padrón o los informes de vulnerabilidad, aunque en la declaración aportada no se incluyen cifras concretas sobre el impacto en la ciudad.
Vox lleva al Ayuntamiento de Alicante su rechazo a la regularización
Vox ha señalado que la moción registrada en Alicante busca expresar la oposición del grupo municipal a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central. La medida estatal se enmarca en el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, publicado en el BOE, que modifica el Reglamento de Extranjería y regula el proceso extraordinario para personas migrantes que ya residen en España.
Según La Moncloa, el proceso está dirigido a personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que carezcan de antecedentes penales. El Ejecutivo defendió la medida como una vía para dar seguridad jurídica a una realidad ya existente y facilitar la incorporación al sistema con derechos y obligaciones.
La formación reclama prioridad nacional en ayudas y vivienda
En su declaración, Vox vincula su rechazo a la regularización con la defensa de la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales y programas de vivienda. La formación pide al Gobierno de España que repatríe a las personas que se encuentren en situación irregular y a los extranjeros que, según su planteamiento, “no contribuyan con su esfuerzo y su trabajo a la economía nacional”.
El partido también exige que toda la documentación presentada en el Ayuntamiento sea revisada con rigor y que los informes de vulnerabilidad se elaboren de forma estricta. En palabras del representante de Vox recogidas en el material aportado: “Exigimos que toda la documentación, todas las solicitudes que entren en este ayuntamiento, verifique todos los requisitos legales exigidos”.
Petición de controles en certificados e informes municipales
Uno de los puntos centrales de la declaración es la carga administrativa que, según Vox, puede recaer sobre los consistorios. La formación asegura que algunas solicitudes de certificados de vulnerabilidad u otros documentos para acreditar la presencia en España “no siempre se pueden comprobar como ciertos”.
Por ello, Vox solicita que los informes sean evaluados por una comisión técnica completa y mediante entrevistas personales. “Solicitamos además que los informes de vulnerabilidad sean estrictos y que todos los hechos sean objetivamente evaluables por una comisión técnica completa”, recoge la declaración facilitada.
Contexto político en Alicante y la Comunitat Valenciana
La posición de Vox se produce en un contexto de debate político sobre inmigración, vivienda, servicios sociales y competencias municipales. En la Comunitat Valenciana, la formación ha anunciado su intención de trasladar mociones similares a otros ayuntamientos en los que cuenta con representación. Valencia Plaza informó de que Vox preveía registrar esta iniciativa en municipios como Borriana y Alicante, dentro de una estrategia municipal sobre regularización y prioridad nacional.
En Alicante, el pleno municipal ya debatió en abril iniciativas relacionadas con inmigración y regularización presentadas por PP y Vox, que no salieron adelante al no reunir los apoyos necesarios, según informó Cadena SER Alicante.
Información útil para los vecinos
La declaración de Vox no implica por sí sola cambios inmediatos para los vecinos de Alicante ni modifica los requisitos estatales del procedimiento de regularización. Tampoco se han comunicado cortes, cambios de horarios, cierres de oficinas municipales ni nuevos plazos locales vinculados a esta iniciativa.
Las personas interesadas en el proceso estatal deben consultar la información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o los canales habilitados por la Administración. Según la información oficial, el plazo de solicitudes del procedimiento extraordinario permanece abierto hasta el 30 de junio.
El grupo municipal de Vox ha anunciado que continuará impulsando acciones políticas y legales contra la regularización. Por el momento, no se han detallado en el material aportado los recursos jurídicos concretos ni el calendario de próximas iniciativas en el Ayuntamiento de Alicante.
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