Tensión por un intento de desalojo en Alicante: una madre y su hija se niegan a dejar su vivienda en el Casco Antiguo

Una veintena de activistas acudió a la calle San Nicolás para tratar de impedir la salida de las residentes. El propietario denuncia impagos y la inquilina asegura que ha sufrido presiones para abandonar el piso.

Un intento de desalojo en el Casco Antiguo de Alicante ha enfrentado a una empresa de desokupación y a colectivos por el derecho a la vivienda. La intervención, registrada en la calle San Nicolás, afecta a una mujer de 58 años y a su hija, mientras propietario e inquilina mantienen versiones contrapuestas sobre el alquiler.

La tensión se trasladó a las inmediaciones de la concatedral de San Nicolás durante una tarde de martes, cuando alrededor de veinte personas vinculadas a movimientos en defensa de la vivienda acudieron a un edificio de la calle San Nicolás tras conocer que una empresa de desokupación pretendía conseguir que una vecina y su hija abandonaran el inmueble.

El episodio incluyó un enfrentamiento verbal entre los concentrados, cinco empleados de la empresa y el propietario del edificio. Según la información facilitada sobre los hechos, el dueño llegó a vaciar un extintor en dirección a los manifestantes, en un incidente que elevó la tensión en el inmueble.

La vivienda afectada se encuentra en una tercera planta sin ascensor de un edificio de un único propietario, en el que conviven residentes habituales y alojamientos destinados al uso turístico. La inquilina asegura que reside allí desde 2021 y que no tiene una alternativa habitacional a la que trasladarse.

Un extintor y momentos de tensión durante el intento de desalojo

La concentración se produjo después de que los colectivos por el derecho a la vivienda recibieran el aviso de la presencia de una empresa especializada en desokupaciones.

Una veintena de personas acudió al inmueble para mostrar su oposición a la salida de las dos residentes. Durante el enfrentamiento, algunos participantes llegaron a acceder al interior del edificio con la intención de impedir que se produjera el desalojo.

Uno de los momentos más tensos se registró cuando, según el relato de los hechos, el propietario utilizó un extintor frente a las personas concentradas.

Los manifestantes sostienen que fueron ellos mismos quienes avisaron posteriormente a la Policía Nacional para solicitar su presencia.

De acuerdo con su versión, los agentes acudieron al lugar, pero no actuaron contra los empleados de la empresa, que se encontraban dentro del edificio con autorización del propietario.

No consta en la información disponible un comunicado oficial de la Policía Nacional que detalle la intervención, posibles identificaciones, denuncias o actuaciones posteriores.

Tampoco se ha confirmado que el episodio provocara heridos ni que se ejecutara finalmente la salida de las residentes.

La propietad denuncia impagos y la inquilina asegura que sufre acoso

El conflicto entre las partes se remonta, según sus respectivos testimonios, a varios años atrás.

La inquilina, de 58 años, afirma que llegó a la vivienda en 2021 mediante un contrato de alquiler de cinco años, con una renta mensual de 400 euros. Actualmente vive con su hija de 26 años, que se encuentra desempleada.

La mujer reconoce que dejó de abonar el alquiler, pero relaciona esa decisión con problemas de conservación del inmueble que, según asegura, no fueron solucionados.

Entre las incidencias que denuncia figuran filtraciones en el techo, interrupciones de los suministros de agua y electricidad y supuestas amenazas verbales.

También afirma que varias personas llegaron a golpear con fuerza la puerta de su vivienda y que se produjeron comportamientos de vigilancia hacia residentes del edificio.

Estas acusaciones corresponden al testimonio de la afectada y no constan acreditadas mediante resoluciones judiciales o informes policiales en la documentación facilitada.

Por su parte, el propietario sostiene que existen impagos desde hace años y rechaza que haya permanecido inactivo ante las solicitudes de reparación.

La propiedad ha aportado, según la información de origen, documentación relativa a notificaciones remitidas a la inquilina para facilitar el acceso de técnicos al inmueble y realizar trabajos de mantenimiento.

La existencia de esas comunicaciones constituye un elemento de la versión del propietario, aunque por sí sola no permite determinar si las reparaciones llegaron a realizarse ni resolver las discrepancias entre las partes.

Las obligaciones de conservación de una vivienda alquilada y las responsabilidades de propietarios y arrendatarios están reguladas por la legislación de arrendamientos urbanos. DSAlicante explica estas cuestiones en su guía sobre quién debe pagar las reparaciones de un piso de alquiler en Alicante.

La existencia de desperfectos no implica automáticamente que el inquilino pueda suspender el pago íntegro de la renta. La respuesta jurídica depende del contrato, las circunstancias y los procedimientos aplicables.

La empresa de desokupación anuncia vigilancia permanente en el edificio

La empresa contratada por el propietario asegura que mantendrá personal en el inmueble durante las 24 horas del día, mediante turnos, con el objetivo de conseguir que las residentes abandonen la vivienda.

La compañía sostiene que su intervención responde a los impagos denunciados por el dueño y a lo que considera una excesiva lentitud de la justicia para resolver el conflicto.

Desde la propiedad también se acusa a la inquilina de no comparecer en actuaciones judiciales, una circunstancia que, según su interpretación, estaría dificultando la resolución del procedimiento.

Sin embargo, la información disponible no incluye documentos judiciales que permitan comprobar esa afirmación ni establecer en qué fase se encuentra una eventual reclamación por impago o desahucio.

Los colectivos de vivienda rechazan la explicación de la propiedad y cuestionan que las incomparecencias retrasen necesariamente los procedimientos.

También aseguran que, cuando prestan asistencia jurídica a personas afectadas por conflictos de alquiler, recomiendan que comparezcan para ejercer su derecho de defensa.

La controversia pone el foco en una cuestión fundamental: la contratación de una empresa privada no sustituye los procedimientos legales necesarios para recuperar la posesión de una vivienda cuando existe un conflicto entre propietario e inquilino.

La autorización del dueño para acceder a las zonas del edificio que le correspondan tampoco equivale, por sí sola, a una autorización para entrar en una vivienda que constituye el domicilio de otra persona.

Una madre y su hija sin alternativa habitacional en el centro de Alicante

Más allá del enfrentamiento entre la empresa, el propietario y los activistas, la principal preocupación expresada por la inquilina es la posibilidad de quedarse sin vivienda.

La mujer asegura que tiene empleo, pero afirma que no dispone de otro domicilio al que trasladarse junto a su hija.

Por este motivo, se niega a abandonar el piso, ante el temor de que, una vez fuera, no pueda volver a acceder a su residencia habitual.

También reconoce que no dispone de un informe o certificado municipal que acredite una situación de vulnerabilidad residencial.

La intervención de los servicios sociales puede resultar relevante en determinados procedimientos de desahucio, aunque las medidas de protección dependen de los requisitos legales y de las circunstancias particulares de cada caso.

El Ayuntamiento de Alicante cuenta con recursos municipales relacionados con la atención social y las situaciones de exclusión residencial.

En este ámbito, DSAlicante ha informado sobre la gestión municipal de 13 viviendas destinadas a personas en situación de exclusión residencial, un programa que refleja la existencia de mecanismos públicos de alojamiento con acompañamiento social.

No consta, sin embargo, que las dos residentes de la calle San Nicolás hayan solicitado acceder a ese recurso ni que cumplan sus requisitos.

El conflicto también se produce en una zona especialmente céntrica de Alicante, donde conviven viviendas habituales y alojamientos turísticos. En este caso, la presencia de ambos usos en un mismo edificio añade un elemento de contexto, aunque no permite atribuir a la actividad turística el origen del enfrentamiento.

Qué puede ocurrir ahora con la vivienda de la calle San Nicolás

La situación permanece pendiente de aclarar en varios aspectos esenciales.

La empresa de desokupación ha anunciado su intención de continuar en el inmueble, mientras que la inquilina mantiene su negativa a marcharse sin disponer de una alternativa habitacional.

Para conocer el alcance real del conflicto será necesario determinar si existe un procedimiento judicial abierto, qué reclamaciones ha presentado la propiedad y si se han adoptado medidas que afecten a la posesión de la vivienda.

También queda por conocer si se han formulado denuncias por el incidente del extintor o por las presuntas amenazas y cortes de suministros descritos por la residente.

En situaciones de este tipo, las personas afectadas pueden solicitar orientación jurídica y acudir a los servicios sociales municipales para conocer los recursos disponibles. Si se producen amenazas, coacciones o situaciones de peligro inmediato, pueden contactar con las fuerzas de seguridad a través del 112.

El caso de la calle San Nicolás refleja un conflicto de alquiler en el que las partes ofrecen explicaciones diferentes sobre los impagos, las reparaciones y la forma de resolver la disputa.

Por el momento, la información facilitada no acredita que se haya producido un desalojo efectivo. La evolución del caso dependerá de las actuaciones que emprendan las partes y de las decisiones que, en su caso, adopten las autoridades competentes.

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Artículo original: https://dsalicante.com/noticias/alicante/intento-desalojo-alicante-casco-antiguo/

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