El proyecto Vertido Cero de Alicante continúa sin una solución financiera acordada después de que el pasado 9 de noviembre venciera, según la Generalitat Valenciana, el plazo de tres meses concedido al Ministerio para la Transición Ecológica para responder a un requerimiento sobre las obras. La iniciativa pretende modernizar las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, reducir los vertidos al mar y aumentar el aprovechamiento de agua regenerada para la agricultura. El Consell denuncia falta de respuesta del Gobierno central, mientras que el Ministerio ha señalado anteriormente obstáculos presupuestarios y administrativos para asumir la inversión.
El futuro del proyecto Vertido Cero vuelve a situarse en el centro del debate sobre la gestión del agua en Alicante. La iniciativa, vinculada al programa Alicante Agua Circular, busca aprovechar una mayor parte del agua tratada en las estaciones depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, en lugar de descargarla al mar.
La novedad es el vencimiento del plazo que la Generalitat había establecido en un requerimiento formal dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica. Según la información difundida el 14 de noviembre, ese periodo terminó el lunes 9 sin que el Consell hubiera recibido la respuesta que reclamaba.
El desacuerdo no es únicamente político. También afecta a la financiación, la tramitación ambiental y el calendario de unas infraestructuras que podrían aumentar la disponibilidad de agua para el regadío en una provincia sometida a una fuerte presión sobre sus recursos hídricos.
Qué ha ocurrido con el plazo del proyecto Vertido Cero
La Generalitat Valenciana dirigió un requerimiento al Ministerio para intentar desbloquear las actuaciones hidráulicas previstas en Alicante.
El plazo de tres meses al que se refiere el Consell finalizó el 9 de noviembre de 2026. Según la versión autonómica recogida por El Español, el departamento estatal no respondió dentro de ese periodo.
Este vencimiento constituye el último episodio de un conflicto que se arrastra desde hace varios años.
Sin embargo, conviene distinguir entre el final del plazo del requerimiento y la cancelación definitiva de las obras.
No consta una resolución pública que permita afirmar que el proyecto haya sido formalmente cancelado en su totalidad. Lo que se mantiene es la falta de un acuerdo financiero que permita impulsar las principales actuaciones.
La Generalitat sostiene que ha entregado los proyectos y atendido las subsanaciones técnicas solicitadas. Por su parte, representantes socialistas han atribuido parte de los retrasos a trámites pendientes relacionados con la evaluación ambiental, las expropiaciones y la disponibilidad de terrenos.
Estas diferencias explican por qué el proyecto sigue siendo objeto de controversia entre administraciones.
Qué es Vertido Cero y qué depuradoras de Alicante están afectadas
Vertido Cero es una estrategia para reducir las descargas de agua depurada al litoral mediante su tratamiento adicional y posterior reutilización.
Las dos instalaciones principales son la estación depuradora de aguas residuales de Rincón de León y la de Monte Orgegia.
La primera presta servicio fundamentalmente a la zona central de Alicante. La segunda tiene un ámbito comarcal y atiende a varios municipios del entorno.
Las actuaciones previstas incluyen mejoras de los tratamientos de depuración, instalaciones para producir agua regenerada y conexiones que permitan distribuirla hacia nuevos destinos.
El objetivo es que una mayor proporción del agua tratada pueda utilizarse para riego agrícola, parques, jardines y otros usos autorizados.
No se trata de transformar automáticamente las aguas residuales en agua potable para consumo doméstico. El proyecto está orientado principalmente a la reutilización conforme a los requisitos técnicos y sanitarios aplicables.
La importancia de esta alternativa resulta especialmente evidente en una provincia donde la disponibilidad de agua condiciona la actividad agrícola.
DSAlicante ya abordó las reivindicaciones de agricultores y ganaderos de Alicante ante los recortes del trasvase Tajo-Segura y las inversiones hidráulicas en Marruecos, un debate diferente pero relacionado con la búsqueda de recursos para el sureste peninsular.
Cuánta agua podría recuperarse cada año
Las estimaciones públicas sobre el potencial del proyecto no siempre coinciden.
Algunas referencias hablan de unos 20 hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada. Otras comunicaciones institucionales han situado el aprovechamiento potencial del conjunto de actuaciones en hasta 30 hectómetros cúbicos.
Un hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros.
Por tanto, 20 hectómetros cúbicos representan 20.000 millones de litros de agua.
Estas cifras deben interpretarse como objetivos o estimaciones de aprovechamiento, no como cantidades adicionales que ya estén disponibles para los agricultores.
La capacidad real dependerá de las obras que finalmente se ejecuten, la calidad del agua tratada, las conexiones con las redes de distribución y las autorizaciones correspondientes.
El Ayuntamiento de Alicante señaló en octubre de 2026 que el programa Agua Circular aspira a cerrar el ciclo hídrico mediante el tratamiento, almacenamiento y reutilización del agua procedente de ambas depuradoras.
La finalidad ambiental también es relevante: cuanto mayor sea la reutilización viable, menor será el volumen de agua depurada que necesite descargarse al mar.
El conflicto por los 350 millones de euros de financiación
Uno de los principales obstáculos es económico.
El proyecto global se ha relacionado con inversiones de alrededor de 350 millones de euros, aunque las distintas informaciones públicas no siempre utilizan esa cifra para describir el mismo concepto.
Algunas referencias la presentan como coste aproximado de las actuaciones, mientras que otras hablan de financiación europea inicialmente prevista o comprometida.
Por eso, no debe afirmarse que Alicante haya perdido exactamente 350 millones de euros de subvenciones europeas sin distinguir entre el presupuesto total y los fondos comunitarios concretos.
La Generalitat denuncia la pérdida de oportunidades de financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y reclama que el Estado asuma las actuaciones que considera de su competencia.
El Ministerio, según las explicaciones conocidas anteriormente, ha alegado restricciones presupuestarias vinculadas, entre otros factores, a las necesidades de reconstrucción tras la dana de octubre de 2024.
También ha planteado la posibilidad de estudiar vías de financiación alternativas, como los fondos europeos FEDER.
Por tanto, el desacuerdo no se reduce a si el proyecto es necesario, sino a quién debe financiar las distintas infraestructuras y mediante qué mecanismos.
Qué inversiones tienen previstas la Generalitat y el Ayuntamiento
Las administraciones autonómica y municipal han anunciado inversiones propias para mejorar la reutilización del agua.
En abril de 2025, el Ayuntamiento de Alicante informó de una aportación autonómica de 25 millones de euros vinculada a Alicante Agua Circular.
La inversión estaba destinada a modernizar las depuradoras y mejorar las instalaciones necesarias para incrementar la reutilización.
A esa cantidad se sumaban otras actuaciones municipales, dentro de una estrategia más amplia para aprovechar los recursos hídricos de la ciudad.
El proyecto también contempla mejorar la red de saneamiento y reducir problemas técnicos que dificultan la reutilización del agua.
Por ejemplo, la documentación de la Junta de Gobierno Local de Alicante del 27 de octubre de 2026 recoge actuaciones destinadas a reducir la entrada de aguas freáticas en colectores próximos al litoral.
Esta intrusión puede aumentar la salinidad del agua que llega a la depuradora y dificultar su posterior aprovechamiento.
Las mejoras en el saneamiento forman parte de la estrategia local, aunque no sustituyen las grandes obras pendientes en las instalaciones de tratamiento y distribución.
Por qué el proyecto interesa a los agricultores de Alicante
La reutilización del agua depurada puede contribuir a diversificar los recursos disponibles para el regadío.
En la provincia de Alicante, la agricultura depende de una combinación de aportaciones procedentes de distintas fuentes, entre ellas recursos propios, agua desalada, trasvases y agua regenerada.
Aumentar la reutilización permitiría aprovechar un recurso que ya ha pasado por instalaciones de depuración y que, con los tratamientos adecuados, puede destinarse a determinados usos.
No obstante, el agua regenerada tampoco está exenta de costes.
Su producción, almacenamiento, transporte y distribución requieren infraestructuras y consumo energético.
Además, su calidad debe ajustarse al uso previsto y a las exigencias de la normativa.
El sector agrario ha reclamado en distintas ocasiones inversiones que permitan garantizar el acceso a recursos hídricos suficientes y a precios asumibles.
Estas preocupaciones también estuvieron presentes en la tractorada celebrada en Alicante contra el acuerdo comercial con Mercosur, en la que los agricultores denunciaron problemas de competitividad y falta de inversiones hidráulicas.
Aunque aquella movilización tenía un objeto más amplio, el acceso al agua formaba parte de las reivindicaciones del campo alicantino.
Qué falta para desbloquear Vertido Cero
El avance del proyecto depende de varios factores.
El primero es resolver el desacuerdo entre administraciones sobre la financiación de las principales actuaciones.
También deben completarse los procedimientos técnicos y ambientales que correspondan a cada infraestructura.
El proyecto de reutilización de aguas depuradas de Rincón de León fue sometido a información pública por la Confederación Hidrográfica del Júcar en abril de 2024, según consta en el Boletín Oficial del Estado.
Ese trámite acredita que la iniciativa cuenta con documentación técnica sometida a evaluación, pero no significa que las obras estén ejecutadas o dispongan de todos los permisos definitivos.
La situación de Monte Orgegia y de las distintas redes de conexión también requiere actuaciones administrativas y materiales específicas.
En octubre de 2026, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, mantuvo contactos en Bruselas para explorar nuevas posibilidades de financiación europea.
La búsqueda de recursos alternativos demuestra que las administraciones locales siguen intentando impulsar el programa.
Sin embargo, hasta que no se concrete una fórmula de financiación, un calendario y el estado de los permisos pendientes, no puede establecerse una fecha fiable para la puesta en marcha de las obras principales.
Qué consecuencias tiene el bloqueo para Alicante
El retraso supone aplazar el aprovechamiento de una mayor cantidad de agua regenerada y las mejoras ambientales asociadas a la reducción de vertidos.
También prolonga la incertidumbre para los agricultores que esperan nuevas infraestructuras de distribución.
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto pretende disminuir las descargas de agua depurada a la bahía de Alicante.
Desde el económico, busca aumentar la disponibilidad de un recurso que podría utilizarse para el riego y otros destinos autorizados.
La falta de acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat mantiene abiertas preguntas esenciales: quién asumirá el coste de las obras, qué financiación europea podrá recuperarse y cuándo podrán ejecutarse las actuaciones.
El vencimiento del plazo del 9 de noviembre no resuelve ninguna de estas cuestiones.
Por ahora, Vertido Cero continúa siendo una infraestructura estratégica pendiente de una solución administrativa y financiera que permita pasar de los proyectos a las obras.
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