Hay problemas que no entienden de edades, de ideologías ni de colores políticos. El acceso a una vivienda digna es uno de ellos. Y reducirlo únicamente a la dificultad de los jóvenes para emanciparse significa mirar solo una parte de una realidad mucho más amplia.
Hoy hay jóvenes que no pueden independizarse, trabajadores que, aun teniendo empleo, no consiguen ahorrar para comprar una vivienda, familias que destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler y personas de mediana edad que, después de años de trabajo, continúan sin disponer de una vivienda en propiedad porque nunca tuvieron un salario estable que se lo permitiera.
Los datos hablan por sí solos. En el segundo trimestre de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 12% interanual en España y un 12, 9% en el caso de la vivienda de segunda mano. Mientras tanto, los ingresos de buena parte de los hogares no crecen al mismo ritmo.
Si una persona trabaja y su sueldo apenas le permite pagar el alquiler, la alimentación, la electricidad, el transporte y los gastos cotidianos, ¿cómo se pretende que ahorre para comprar una vivienda? Y si no puede ahorrar, difícilmente podrá reunir una entrada y afrontar las condiciones que exige una hipoteca.
Por eso hacen falta políticas de vivienda que miren a largo plazo. No basta con anunciar ayudas puntuales para comprar o alquilar. Hace falta aumentar de forma sustancial el parque de vivienda pública y protegida, mantener su protección durante generaciones y garantizar que una parte suficiente de las viviendas se destine a alquileres sociales o asequibles. En estos momentos se necesitan unas 700.000 viviendas.
España arrastra un déficit importante. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 reconoce que el parque público apenas alcanza unas 318.000 viviendas, aproximadamente el 1,7% de los hogares, mientras que el alquiler social representa alrededor del 3,5% del parque, frente a una media europea próxima al 9%.
También es necesario recordar que la vivienda protegida sufrió un desplome extraordinario después de la crisis inmobiliaria. En el año 2012 se tomaron medidas demasiado drásticas. Durante el mandato del Sr. Rajoy, el ministro de hacienda nos invitaba a apretarnos el cinturón al máximo, además de quitar derechos sobre la vivienda habitual; algo que contribuyó, en especial medida, a reducir el poder adquisitivo de todo trabajador. Las pensiones subían el 0,25% y los salarios también fueron perdiendo subidas proporcionales. La percepción de una ciudadanía a la que se le exigieron sacrificios, mientras aparecían relaciones cada vez más estrechas entre poder político, grandes empresas y determinados despachos privados. Hoy en día sigue la investigación, pero el ciudadano siente que el caso Montoro no avanza para nada, y se sigue esperando a que comience el juicio.
El Banco de España señala que en 2025 se terminaron unas 11.000 viviendas protegidas, frente a la más de 56.000 anuales que se terminaban de media en la década de 2000. Y mientras la vivienda se encarece, hay otra realidad que tampoco puede ignorarse: la capacidad económica de quienes viven de un salario o de una pensión.
En 2026 las pensiones contributivas se han revalorizado con carácter general, un 2,7% Esta cifra corresponde a la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre de 2025. Es el mecanismo legal establecido.
Pero una cosa es cumplir una fórmula y otra comprobar si esa fórmula permite conservar realmente la capacidad de compra durante todo el año. Quien paga un alquiler, una hipoteca, la cesta de la compra, la electricidad, calefacción o medicamentos no vive de promedios. Vive de facturas. Y esas facturas no esperan a que termine el año para encarecerse.
Por eso habría que abrir un debate serio sobre si la actualización de salarios y pensiones debe limitarse a reproducir un promedio pasado o si debe incorporar algún margen que permita la evolución real del coste de la vida. No se trata de pedir privilegios, sino de evitar que quienes trabajan o han trabajado durante décadas pierdan capacidad para cubrir sus necesidades básicas.
Una pensión tampoco debería contemplarse únicamente como un gasto presupuestario. Detrás de ella hay años de cotizaciones, esfuerzo y trabajo de personas que contribuyeron a construir el país que hoy tenemos.
Y mientras tanto, las administraciones públicas deben preguntarse dónde está cada euro. No parece razonable pedir sacrificios permanentes a trabajadores, familias y pensionistas mientras se mantienen gastos, privilegios o estructuras cuya utilidad para el conjunto de la ciudadanía puede ser discutida.
No se trata de enfrentar a unos con otros. Ni de señalar a un Gobierno concreto. Se trata de exigir una política pública coherente con la realidad de la calle.
La vivienda, el salario y la pensión no son tres problemas distintos. Forman parte de una misma ecuación: cuánto dinero cuesta vivir y cuánto dinero queda después de pagar lo imprescindible.
Y cuando lo imprescindible se convierte en inalcanzable, algo no está funcionando como debería. No se pueden pedir peras al olmo. Pero tampoco se puede pedir a quienes menos tienen que hagan milagros cada mes.
- CONCHI BASILIO
