El Comité de los Derechos del Niño pide explicaciones a España por permitir el acceso de menores de edad a la caza con armas de fuego
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas interpeló ayer al Estado español por la participación y la presencia de niños, niñas y adolescentes en actividades de caza en las que se utilizan armas de fuego, en el marco de las sesiones de evaluación a España.
La cuestión fue planteada tras la recepción por parte del Comité de un informe temático presentado por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), en el que se alerta de los graves riesgos físicos y psicológicos que esta práctica supone para los niños, niñas y adolescentes que son expuestos o participan en estas actividades. El informe incluye un anexo en el que se muestran numerosos casos de accidentes de caza con armas de fuego, incluidos ejemplos en los que menores de edad sufrieron lesiones graves o mortales, y otros en los que fueron testigos o incluso causantes de la muerte de otras personas -como el caso de un niño que mató accidentalmente a su padre-.
Durante la sesión pública celebrada el 22 de enero en Ginebra, varios miembros del Comité expresaron su preocupación por la normalización de la violencia y por los riesgos asociados a la exposición de menores a la violencia de la caza con armas de fuego, subrayando su contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Comité recordó que existe “evidencia científica indiscutible” sobre los efectos perjudiciales de exponer a la infancia a la violencia contra los animales y señaló que esta cuestión está claramente recogida en la Observación General nº 26 del Comité. En este contexto, preguntó directamente al Estado español si contempla prohibir el acceso, la participación y la presencia de niños y adolescentes en actividades de caza que implican el uso de armas de fuego:
“Existe evidencia científica indiscutible que asocia la normalización de la violencia y la exposición de niños a la violencia contra los animales (…) quisiera saber si España está dispuesta a incluir también la prohibición del acceso, la participación y la presencia de niños y adolescentes en actividades de caza que impliquen armas de fuego.”
Asimismo, el Comité reforzó esta preocupación calificando la participación infantil en actividades cinegéticas como “un peligro para la infancia” y una amenaza directa al interés superior del menor. En su intervención, reclamó información concreta a España y planteó la necesidad de reformas legales:
“Queremos saber, en primer lugar, si tienen datos sobre cuántos niños y niñas han participado en estas actividades de caza. Y, en segundo lugar, si España tiene intención de modificar esta Ley Orgánica tan importante para proteger a la infancia de este peligro, porque es ante todo una amenaza para el interés superior del niño y la salud infantil.”
El informe remitido por CoPPA documenta que en España la normativa vigente permite que menores de edad utilicen armas de fuego para la caza desde los 14 años y que, en varias comunidades autónomas se está permitiendo e incluso fomentando que niños de cualquier edad puedan asistir como acompañantes a cacerías, lo que resulta incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño.
El documento, elaborado por un equipo multidisciplinar de expertos, presenta evidencia científica sobre los peligros de acercar a niños, niñas y adolescentes a armas de fuego, incluyendo el mayor riesgo de suicidio adolescente. Asimismo, advierte de los riesgos derivados de exponer a menores a la caza con armas, tales como accidentes graves, muertes accidentales, o los impactos psicológicos asociados a la exposición temprana a la violencia y a ser testigos de accidentes espeluznantes en estos contextos.
CoPPA subraya, además, que en estos entornos la presencia de familiares o supervisores adultos no sólo no mitiga muchos de estos riesgos, sino que puede agravarlos aún más.
Con estas preguntas formales, el Comité sitúa el acceso de la infancia a armas de fuego y su presencia en actividades de caza como una cuestión de derechos humanos que deberá ser abordada por el Estado español en el marco de sus obligaciones internacionales. CoPPA valora esta intervención como un relevante paso para que España revise su legislación y adopte medidas efectivas que garanticen la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a toda forma de violencia.
